La Ley 21.827 habilita a los establecimientos para revisar pertenencias de estudiantes bajo condiciones específicas, pero prohíbe hacerlo por la fuerza o efectuar registros corporales. José Antonio Kast defendió la medida durante una actividad en Independencia, mientras la normativa entra en vigencia tras haber sido modificada por el Tribunal Constitucional.
La publicación de los fundamentos del Tribunal Constitucional reactivó la discusión por el proyecto impulsado por el Gobierno. Mientras el oficialismo observa el futuro rol de la ministra María Pía Silva en la presidencia del organismo, el Partido Republicano acusó “sesgo ideológico” y planteó avanzar hacia una reforma constitucional.
La comunidad educativa del establecimiento municipal de El Monte acusa falta de respuestas concretas ante episodios que, según denunciaron, han afectado la seguridad de trabajadores y estudiantes.
El anuncio se produce tras el ataque con arma blanca que dejó a una inspectora gravemente herida en un colegio de Calama.