La negativa del Partido Nacional Libertario (PNL) a respaldar el informe de la comisión mixta impidió al Ejecutivo reunir los votos necesarios para despachar la megarreforma antes del receso legislativo. El Gobierno retiró la urgencia del proyecto, anunció un veto para eliminar la prohibición del anatocismo y la votación definitiva quedó fijada para el 4 de agosto.
La fórmula respaldada por 80 diputados establece que la Tesorería General de la República repondrá los recursos que los municipios y el Fondo Común Municipal dejarán de percibir por la exención de contribuciones a personas mayores de 65 años.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó casi todas las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto económico del Gobierno. La única norma pendiente corresponde al mecanismo para compensar a los municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años.
El Mandatario aseguró que el Ejecutivo activó de forma anticipada el uso del 2% de emergencia para apoyar a las zonas afectadas por el temporal y afirmó que, si esos recursos resultan insuficientes, se buscarán mecanismos adicionales. También defendió el despliegue preventivo del Gobierno y llamó a priorizar la seguridad por sobre la rapidez en la reposición del suministro eléctrico.
La Cámara Alta dio luz verde a los principales ejes del proyecto impulsado por el Ejecutivo, incluyendo la rebaja gradual del impuesto corporativo al 23% y la reintegración del sistema tributario. La iniciativa avanzará ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.
La Sala del Senado comenzó este miércoles la discusión y votación en particular del proyecto denominado Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico, iniciativa considerada el eje legislativo del Gobierno. La sesión se extenderá hasta cerca de la medianoche debido al número de artículos e indicaciones que deben ser resueltos
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó una de las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de migrantes en situación irregular. La discrepancia se centra en el plazo de prohibición de reingreso al país, por lo que la iniciativa será resuelta en una comisión mixta.
El acto fue encabezado por el Presidente José Antonio Kast y reunió a exautoridades en una jornada marcada por llamados a la continuidad institucional, la unidad republicana y el valor democrático del cargo presidencial.
La bancada busca crear una comisión investigadora para revisar la renovación de contratos de concesiones viales, cobros asociados a TAG y eventuales ingresos fiscales vinculados al sistema. Desde el partido apuntan a indagar responsabilidades y solicitar antecedentes al Ejecutivo.
Senadores de oposición acusaron una maniobra irregular del Ejecutivo durante la revisión de indicaciones ambientales del proyecto. El Gobierno defendió la legalidad del procedimiento y la sesión terminó con votaciones 3-0 por parte del oficialismo.
La publicación de los fundamentos del Tribunal Constitucional reactivó la discusión por el proyecto impulsado por el Gobierno. Mientras el oficialismo observa el futuro rol de la ministra María Pía Silva en la presidencia del organismo, el Partido Republicano acusó “sesgo ideológico” y planteó avanzar hacia una reforma constitucional.
La iniciativa busca revisar el funcionamiento de las concesiones de carreteras, los mecanismos de cobro y el rol del Estado tras una investigación que apuntó a millonarios ingresos fiscales asociados al sistema.
Ninguno de los cuatro capítulos del libelo alcanzó el quórum requerido para ser aprobado. La votación dejó en evidencia diferencias dentro de la derecha, con ausencias, inhabilidades, abstenciones y senadores de Chile Vamos que no respaldaron total o parcialmente la ofensiva impulsada por republicanos y libertarios.
Durante la cumbre realizada en Asunción, los mandatarios y altas autoridades del bloque reafirmaron la necesidad de fortalecer la coordinación regional frente al crimen organizado transnacional, con énfasis en zonas de frontera y corredores estratégicos.
La propuesta fue planteada por la familia del niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo y apunta a endurecer las sanciones contra quienes participen en delitos violentos. El ministro de Seguridad afirmó que el sistema actual “no está dando buena respuesta” y abrió la puerta a revisar la responsabilidad penal adolescente.