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La denominada Operación Imperio Ámsterdam comenzó como una investigación contra una presunta organización que habría utilizado dispensarios de marihuana medicinal para comercializar cannabis fuera de los márgenes autorizados. Sin embargo, durante los últimos días la causa amplió su exposición pública con nuevos audios, movimientos de dinero bajo análisis y menciones a figuras políticas.
La investigación, iniciada en 2024, es dirigida por la Fiscalía Regional de Aysén junto al OS-7 de Carabineros. El operativo desplegado el jueves 13 de agosto contempló más de 40 allanamientos en nueve regiones y órdenes de detención contra 39 personas, según los antecedentes publicados por Canal 13.
Entre los imputados aparece el modelo y entrenador personal Camilo Huerta, quien se encontraba en Estados Unidos cuando se ejecutaron los procedimientos. Huerta regresó a Chile durante la madrugada del lunes 17 de agosto y fue detenido en el Aeropuerto de Santiago. Al día siguiente ingresó esposado al Centro de Justicia para su control de detención y las actuaciones correspondientes de la causa.
La Fiscalía investiga posibles delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. La condición de imputado, sin embargo, no equivale a una condena y las responsabilidades deberán ser establecidas por los tribunales.
De los dispensarios a una investigación nacional
La tesis del Ministerio Público apunta a una estructura que habría funcionado bajo la apariencia de un modelo terapéutico. De acuerdo con una declaración del fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, reproducida por Canal 13, se trataría de una organización estable, jerarquizada y con funciones distribuidas.
Según esa hipótesis, la red habría utilizado dispensarios medicinales para cultivar, distribuir y vender cannabis de manera masiva y sin autorización. Las ganancias investigadas superarían los $8 mil millones.
En el caso de Huerta, los antecedentes difundidos sostienen que habría administrado durante seis meses de 2025 uno de los establecimientos vinculados con la causa. También se investiga si captaba clientes y realizaba entregas aprovechando su trabajo como entrenador personal.
Estas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser confrontadas con la prueba que presente la Fiscalía y los argumentos de las defensas.
Los audios, el pago y la búsqueda de contactos
Parte de los nuevos antecedentes conocidos proviene de conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación. En ellas, personas presuntamente vinculadas con la organización hablan sobre el funcionamiento de los dispensarios, la comercialización de productos y la búsqueda de contactos que pudieran facilitar determinadas gestiones.
Entre los movimientos de dinero examinados aparece un pago por $51 millones. Su origen, destinatario y justificación deberán ser establecidos durante la investigación. La existencia de ese movimiento, por sí sola, no permite concluir que se trate de dinero proveniente de una actividad ilícita.
Las conversaciones divulgadas también incluyen menciones a las diputadas Ana María Gazmuri y Marisela Santibáñez y al senador Manuel José Ossandón. Los nombres aparecen en diálogos mantenidos por terceros y en el contexto de una supuesta búsqueda de personas con llegada al mundo político.
Los antecedentes publicados hasta ahora no permiten establecer que esas gestiones se hayan concretado. Tampoco muestran comunicaciones directas entre los parlamentarios y quienes aparecen en las escuchas ni indican que los legisladores tengan la calidad de imputados.
Por esa razón, las menciones deben distinguirse de cualquier atribución de responsabilidad: que una persona sea nombrada en una conversación interceptada no demuestra que conociera los hechos, que haya respondido a una solicitud o que participara en la organización investigada.
Los parlamentarios niegan vínculos
Ana María Gazmuri negó conocer a las personas que aparecen en las conversaciones y aseguró que nunca mantuvo comunicación con ellas.
“No conozco a ninguna de estas dos personas y nunca han tomado contacto conmigo”, declaró a Chilevisión. Posteriormente explicó que también revisó la situación con su equipo antes de descartar cualquier contacto.
Marisela Santibáñez indicó al mismo medio que tampoco conoce a las personas nombradas en las escuchas y evitó profundizar en el asunto. Canal 13 informó, además, que los tres parlamentarios mencionados descartaron vínculos con los involucrados en la operación.
Hasta ahora, los antecedentes publicados no muestran comunicaciones directas entre los legisladores y quienes aparecen conversando en los audios. Tampoco se ha informado que Gazmuri, Santibáñez u Ossandón tengan la calidad de imputados en esta investigación.
Una causa todavía en desarrollo
En pocos días, la Operación Imperio Ámsterdam pasó de los allanamientos realizados en distintas regiones a la detención de Camilo Huerta y la divulgación de nuevas conversaciones telefónicas.
Los registros conocidos permiten observar cómo integrantes de la organización investigada hablaban sobre el funcionamiento de los productos, movimientos de dinero y la búsqueda de personas con capacidad de influencia. No obstante, cada uno de esos antecedentes deberá ser comprobado judicialmente.
La Fiscalía deberá determinar el origen y la justificación del pago por $51 millones, el alcance efectivo del rol atribuido a Huerta y si los intentos de realizar gestiones políticas avanzaron más allá de las conversaciones interceptadas.
La difusión de nuevos nombres puede ampliar el impacto público del caso, pero no modifica una distinción fundamental: ser mencionado por terceros en una escucha telefónica no implica haber participado en los hechos ni tener responsabilidad penal.
