Las rebajas de condenas a autores de delitos sexuales contra menores abre dos frentes sobre el Poder Judicial: una eventual acusación constitucional y una denuncia penal presentada por Maximiliano Murath y Raimundo Palamara.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró inadmisibles los requerimientos de Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla. La decisión deja sin efecto las suspensiones que mantenían detenidos sus procedimientos, aunque no determina su salida del Poder Judicial: ahora será la Corte Suprema la que deberá escuchar sus defensas y votar cada caso.
El máximo tribunal cerró la primera etapa de uno de los mayores procesos de remoción de magistrados de los últimos años. De los 37 expedientes que alcanzó a resolver, 11 terminaron con la salida de sus integrantes, mientras que en otros siete no se reunió el quórum constitucional requerido y cuatro finalizaron empatados. Otros 11 procedimientos permanecen suspendidos por decisiones del Tribunal Constitucional.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad no admitir a trámite la acción presentada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La decisión no determina su salida del Poder Judicial: será la Corte Suprema la que deberá pronunciarse en el marco de los procedimientos abiertos por viajes al extranjero durante licencias médicas.
Una pericia genética estableció que la mujer ubicada en Argentina corresponde a Bernarda Vera Contardo, quien figuró durante décadas como detenida desaparecida. La confirmación reabre interrogantes sobre la revisión de los registros oficiales, especialmente porque desde 2012 existían antecedentes públicos que la situaban con vida después de la fecha consignada para su desaparición.
Pablo Andrés Carvajal Díaz fue condenado a siete años de presidio efectivo por apremios ilegítimos calificados durante el estallido social. Antes de ingresar al Centro de Justicia, defendió su actuación, cuestionó a la Fiscalía y recibió respaldo del Partido Nacional Libertario, que anunció un proyecto de indulto general para uniformados condenados en contexto del 18-O.