El recorte de horas docentes y la fusión de cursos en los SLEP anteponen el ahorro fiscal a las necesidades pedagógicas, en un sistema que ya enfrenta escasez de profesores idóneos.
La Ley 21.827 habilita a los establecimientos para revisar pertenencias de estudiantes bajo condiciones específicas, pero prohíbe hacerlo por la fuerza o efectuar registros corporales. José Antonio Kast defendió la medida durante una actividad en Independencia, mientras la normativa entra en vigencia tras haber sido modificada por el Tribunal Constitucional.
La iniciativa fue respaldada por 111 votos y mantiene la plataforma centralizada del SAE, pero incorpora un mecanismo previo para reconocer criterios de prioridad en establecimientos con alta demanda.
La publicación de los fundamentos del Tribunal Constitucional reactivó la discusión por el proyecto impulsado por el Gobierno. Mientras el oficialismo observa el futuro rol de la ministra María Pía Silva en la presidencia del organismo, el Partido Republicano acusó “sesgo ideológico” y planteó avanzar hacia una reforma constitucional.
La reforma que prepara el Ministerio de Educación apunta a permitir que establecimientos con financiamiento público puedan tener procesos propios de admisión. La discusión podría impactar directamente a familias que postulan a colegios municipales, públicos y subvencionados en El Monte y la Provincia de Talagante.