La iniciativa de reconstrucción y reactivación económica fue respaldada por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. El proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá revisarse el articulado en detalle.
La acción fue respaldada por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. El texto, impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y Republicanos, acusa al exministro de Hacienda de presuntas infracciones en la conducción de las finanzas públicas.
El ministro de Hacienda proyectó una disminución cercana a los $110 por litro en el diésel y una baja similar en las bencinas. La autoridad vinculó el ajuste a la caída de los precios internacionales del petróleo, luego de las señales de desescalada en Medio Oriente.
La ofensiva contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzó a sumar respaldos fuera del Partido Nacional Libertario y Republicanos, mientras el debate se instala sobre la mesa fiscal heredada del gobierno anterior. El libelo apunta a supuestas inconsistencias en la proyección de deuda pública, aunque el exsecretario de Estado ha defendido que sus cálculos no contienen errores.
El Partido Nacional Libertario había rechazado la solicitud del Gobierno para elevar el endeudamiento en US$6.200 millones, pero tras una reunión con el ministro Jorge Quiroz comprometió sus votos bajo condiciones de ajuste fiscal.
Hacienda asegura que no se trata de nuevo gasto, sino de financiamiento para cubrir mayores necesidades fiscales, efectos del tipo de cambio y pagos pendientes del Estado. La solicitud abre un nuevo debate por la trayectoria de la deuda pública y el límite prudente de 45% del PIB.
La Sala rechazó una solicitud de la oposición para que la iniciativa fuera revisada por más comisiones. Con esto, el proyecto comenzará su tramitación en la Comisión de Hacienda, antes de pasar por Trabajo y Medio Ambiente.
El ministro Segpres, José García Ruminot, sostuvo que el nuevo escenario fiscal obliga a revisar el proyecto, ya sea para aumentar ingresos o reducir costos. Uno de los cambios sería acortar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años.
La ofensiva parlamentaria surge luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara inconsistencias en el último Informe de Finanzas Públicas elaborado durante el gobierno de Gabriel Boric. El exministro Grau rechazó los cuestionamientos y aseguró que la proyección “no tiene errores de cálculo”.
El ingreso mínimo pasaría de $539.000 a $546.546. La propuesta del Gobierno considera un reajuste ligado al IPC y llega al Congreso sin acuerdo con la CUT, que había planteado elevar el monto a $637.000.