La ministra de Desarrollo Social explicó que algunos casos detectados por municipios responden a una revisión más amplia de menores que ingresaron por reunificación familiar. La PDI ya ubicó a 33 de los 64 niños y adolescentes mencionados en el preinforme de Contraloría.
Según cifras de la PDI recogidas por Ex-Ante, entre 2022 y septiembre de 2025 ingresaron al país 8.510 menores haitianos. El mayor grupo corresponde a niños de entre 10 y 14 años, tramo clave para la búsqueda de menores cuyo paradero es investigado por las autoridades.
El documento, firmado en 2024 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, permitió flexibilizar la presentación de documentos para ciudadanos haitianos. El antecedente surge en medio de la investigación de Fiscalía por el ingreso de niños, niñas y adolescentes bajo la figura de reunificación familiar.
La indagatoria se abrió tras antecedentes levantados por Contraloría y reportajes de prensa sobre vuelos chárter, registros incompletos y falta de verificación de adultos responsables. El caso ya había sido denunciado por el ex diputado Johannes Kaiser en 2023
La suspensión de clases presenciales mantiene en incertidumbre a estudiantes, apoderados y funcionarios. Según RadioPrensa, el establecimiento informó la paralización indefinida por problemas en el sistema eléctrico, mientras concejales anunciaron que acudirán a Contraloría.
El órgano contralor concluyó que la Municipalidad de El Monte no debió designar a Cristián Díaz Aguilar en un cargo de jefatura grado 9, al no cumplir con los títulos exigidos para esa planta. Tras rechazarse un recurso del municipio, se solicitó informar las medidas adoptadas para cumplir la instrucción.
La actual administración de Junaeb presentó una denuncia ante Fiscalía por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar. El director del organismo, Fernando Peña, aseguró tener pruebas de que se habrían ocultado antecedentes a Contraloría, mientras desde la gestión anterior defienden que las observaciones fueron subsanadas.
El Informe Final N°51 de 2026 revisó la labor de la SISS entre enero de 2024 y julio de 2025. El organismo detectó falta de inspecciones en terreno, ausencia de criterios formales de priorización, retrasos en evaluaciones y deficiencias en la derivación de eventuales incumplimientos.
Durante la cuenta pública, la alcaldesa Paula Gárate presentó que de un presupuesto total de $81.000 millones, $1.614 millones correspondieron a ayudas sociales. El dato surge en medio del debate nacional sobre prioridades de gasto municipal tras el informe de Contraloría.