El Presidente firmó en Arica dos iniciativas en materia migratoria: una reforma constitucional para extender los plazos de retención de personas con orden de expulsión y una reforma legal para sancionar a quienes faciliten el traslado de migrantes irregulares dentro del país. El anuncio se da en medio del despliegue del Plan Escudo Fronterizo en el norte.
El Partido Nacional Libertario había rechazado la solicitud del Gobierno para elevar el endeudamiento en US$6.200 millones, pero tras una reunión con el ministro Jorge Quiroz comprometió sus votos bajo condiciones de ajuste fiscal.
El titular de Hacienda defendió el avance del Plan de Reconstrucción Nacional tras su aprobación en la Cámara de Diputados y aseguró que la cohesión del oficialismo abre espacio para buscar acuerdos con sectores del PDG, Demócratas, PPD y parlamentarios no alineados.
El Presidente oficializó en La Moneda su primer ajuste ministerial, a 69 días de asumir. Claudio Alvarado queda como biministro de Interior y Segegob, Martín Arrau llega a Seguridad y Luis De Grange suma Obras Públicas a Transportes.
La Moneda busca evitar que la ofensiva de indicaciones retrase la tramitación de una de sus principales reformas. Aunque la oposición redujo el volumen inicialmente anunciado, el Ejecutivo prepara indicaciones sustitutivas para ordenar la votación y sostener el calendario legislativo.
Tras advertir un “tsunami” de cerca de 2.500 indicaciones, las oposiciones ingresaron finalmente alrededor de 900 propuestas al proyecto de reactivación económica. El Gobierno acusa una estrategia para dilatar la tramitación, mientras sectores opositores defienden las enmiendas como parte del trabajo legislativo.
El ingreso mínimo pasaría de $539.000 a $546.546. La propuesta del Gobierno considera un reajuste ligado al IPC y llega al Congreso sin acuerdo con la CUT, que había planteado elevar el monto a $637.000.
El proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social incluye más de 40 medidas y busca reactivar el crecimiento, bajar el desempleo y equilibrar las cuentas fiscales, según el Ejecutivo.
El anuncio se produce tras el ataque con arma blanca que dejó a una inspectora gravemente herida en un colegio de Calama.