Foto: Rec79 / Wikimedia Commons / CC BY 4.0.
La publicación de los fundamentos del fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley de Escuelas Protegidas volvió a instalar el debate en torno a seguridad escolar, atribuciones policiales, gratuidad universitaria y el rol del propio TC en el control de constitucionalidad de las leyes.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno como parte de su agenda de seguridad en establecimientos educacionales, buscaba entregar nuevas herramientas frente a hechos de violencia escolar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro preceptos del proyecto, entre ellos normas vinculadas a la revisión de mochilas y vestimentas por parte de policías sin instrucción de un fiscal, además de una inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria por cinco años en determinados casos.
Pese al revés en esos puntos, la resolución también dejó una lectura más favorable para el Ejecutivo: la revisión de mochilas siguió adelante con excepciones y se mantuvieron otras disposiciones asociadas a la identificación de estudiantes y al funcionamiento de los establecimientos. Por eso, más que cerrar la discusión, el fallo abrió una nueva etapa política: cómo interpretar sus límites y qué caminos quedan para reponer las normas rechazadas.
La mirada sobre los votos del TC
Uno de los puntos que generó atención en el oficialismo fue el comportamiento interno de los ministros del Tribunal Constitucional. Según La Tercera, en las votaciones donde hubo empate, la ministra María Pía Silva no se alineó con las integrantes identificadas como más cercanas al progresismo, como la actual presidenta Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Catalina Lagos.
En esos casos, el voto de Silva coincidió con ministros considerados más cercanos a la derecha, como Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Marcela Peredo, además del ministro Raúl Mera. Los empates se dieron en materias sensibles del proyecto, como la revisión de mochilas, la exclusión de procesos de admisión para estudiantes expulsados y normas vinculadas a la paralización de clases.
La relevancia política está en lo que viene: Silva asumirá próximamente la presidencia del TC. Bajo la actual normativa, la presidencia puede tener voto dirimente en caso de empate, por lo que su llegada al cargo podría cambiar el resultado de futuras controversias constitucionales similares.
De acuerdo con el mismo medio, la ministra Silva fue designada por la Corte Suprema, llegó al TC en 2018 y tiene una trayectoria académica vinculada al Derecho Constitucional. Su perfil es descrito como menos predecible que el de otros integrantes del tribunal, con posiciones que pueden variar según la materia discutida.
epublicanos apuntan a una reforma constitucional
La reacción más dura vino desde el Partido Republicano. Según la publicación de Turno en Vivo, el senador y presidente de la colectividad, Arturo Squella, sostuvo que el fallo “confirma sesgo ideológico” y planteó la necesidad de impulsar una reforma constitucional para viabilizar lo que calificó como “voluntad soberana” en materia de seguridad.
El timonel republicano apuntó a una modificación que habilite al legislador a suspender o restringir derechos en el marco de la protección de derechos fundamentales y el combate a la delincuencia, tras la decisión del TC sobre Escuelas Protegidas.
La discusión también se proyecta hacia otros proyectos del Ejecutivo. El propio Squella emplazó al Tribunal Constitucional ante el eventual requerimiento anunciado por el Partido Socialista contra la megarreforma impulsada por el Gobierno, instalando una nueva tensión entre el oficialismo y la oposición en torno al alcance del control constitucional.
El fallo por Escuelas Protegidas, entonces, no solo tuvo efectos sobre una ley específica. También dejó abierta una disputa mayor: hasta dónde puede avanzar el Congreso en medidas de seguridad escolar, qué límites impone la Constitución y qué rol jugará el TC en los próximos conflictos legislativos del Gobierno.
