La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores amplió su alcance hacia los tribunales superiores. Mientras el Partido Nacional Libertario (PNL) reúne antecedentes para una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema, con respaldo condicionado de Republicanos, los abogados Maximiliano Murath, del PNL, y Raimundo Palamara, vinculado al Partido Republicano y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por eventual prevaricación judicial. Ambas iniciativas buscan examinar la responsabilidad de quienes participaron en los fallos invocados por el Ministerio de Justicia para justificar las rebajas.
El apoyo republicano a la acusación constitucional fue expresado por su jefe de bancada, Benjamín Moreno, quien comprometió respaldo a las acusaciones sustentadas en el mismo argumento que utiliza la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La posición fortalece políticamente la iniciativa del PNL, aunque todavía están en estudio sus fundamentos y los magistrados contra quienes podría dirigirse. Desde Renovación Nacional, Ximena Ossandón también abrió la puerta a examinar responsabilidades judiciales, pero pidió establecer primero si existe sustento jurídico. Desde el Partido Socialista calificaron la medida como “cortina de humo”
Para construir ese fundamento, los diputados de la bancada nacional libertaria, Paulina Muñoz y Hans Marowski, oficiaron el 30 de octubre al Ministerio de Justicia solicitando individualizar más de 300 resoluciones judiciales que habrían respaldado el cambio de criterio de la cartera. Pidieron identificar tribunal, rol y fecha, además de precisar cuáles involucraban delitos sexuales contra menores. La pregunta central es si los fallos ordenaban conceder las rebajas o solamente reconsiderar las solicitudes. Esa diferencia permitirá establecer cuánto de lo resuelto por el Ejecutivo respondía a órdenes judiciales concretas y cuánto a una decisión administrativa propia.
Entre los antecedentes invocados figuran 276 resoluciones correspondientes al gobierno anterior, cuyo contenido los parlamentarios buscan esclarecer. El oficio solicita determinar el alcance de esos pronunciamientos antes de atribuir responsabilidades.
El segundo frente se abrió este lunes 2 de noviembre, cuando Murath y Palamara presentaron su denuncia por eventual prevaricación judicial. Según informó Radio Bío Bío, el escrito identifica 14 resoluciones dictadas entre 2022 y 2026 y solicita reunir expedientes, registros de votación y antecedentes de Justicia y Gendarmería. También busca establecer cuáles rebajas derivaron efectivamente en libertades anticipadas y cuáles fueron concedidas en cumplimiento de órdenes judiciales.
Entre las decisiones cuestionadas aparecen cinco del 14 de abril de 2026, cuya mayoría favorable estuvo integrada, según los pasajes de la denuncia publicados por La Tercera, por los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto al abogado integrante Eduardo Gandulfo. Murath además declaró que también se solicita la investigación de jueces Valderrama, Gajardo y Ruz. Los denunciantes argumentan que, si se investiga a Rabat y al exsubsecretario Luis Silva por aplicar una determinada interpretación, también corresponde examinar la conducta de quienes la sostuvieron la misma interpretación desde los tribunales.
Maximiliano Murath anunció la presentación de la denuncia a la Fiscalía Nacional el lunes por la noche en el programa Sin Filtros, donde atribuyó a la jurisprudencia de la Suprema un papel determinante en las rebajas y reclamó que las responsabilidades alcanzaran también a los magistrados. “¡Si Rabat responde, los jueces también!” declaró el abogado.
El conflicto se relaciona con la Ley 21.421, publicada el 9 de febrero de 2022, que excluyó del beneficio de reducción de condena determinados delitos sexuales contra menores. La discusión judicial gira en torno a su aplicación temporal y al principio de irretroactividad penal. La investigación debe esclarecer si hubo prevaricación en las rebajas de penas. El Código Penal contempla como delito de prevaricación judicial, entre otras hipótesis, fallar a sabiendas contra una ley expresa y vigente o dictar, por negligencia o ignorancia inexcusables, una sentencia manifiestamente injusta en una causa criminal.
Esclarecer estas decisiones compromete tanto la protección de niños y adolescentes como la responsabilidad de las autoridades que administran y aplican la ley y el respeto a la Constitución y a los principios legales. La revisión de los fallos deberá permitir identificar qué ordenaron los tribunales y qué resolvió por su cuenta el Ministerio de Justicia. De esos antecedentes dependerán las eventuales responsabilidades de los funcionarios públicos y las correcciones legales que den certeza a las víctimas y al sistema de cumplimiento de penas.
