El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 reduce en 3,6 % las horas docentes máximas de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y se acompaña de instructivos que promueven la fusión de cursos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que ello puede traducirse en despidos y lo justificó afirmando que no debe confundirse “el derecho a educar con la obligación a emplear” (La Cuarta, 2026, sección “Qué dijo Quiroz”). La fórmula es ingeniosa, pero elude la pregunta de fondo: si las horas y los cursos que se eliminan son prescindibles para el aprendizaje. Este texto sostiene que la evidencia disponible, nacional e internacional, no sustenta esa premisa y que la medida carece, hasta donde es público, de fundamento técnico que la respalde.
Primera falacia: que en Chile sobran profesores
El estudio del Centro de Estudios del Ministerio de Educación y Elige Educar estima un déficit de 123.789 horas docentes idóneas y de 235.602 horas de especialistas, equivalentes al 6,2 % y al 11,7 % de lo requerido por el sistema (Ministerio de Educación & Elige Educar, 2025, resumen). Es el propio Estado, y no sus críticos, quien documenta la escasez. Frente a ese diagnóstico, el ajuste propuesto reduciría 83.075 horas docentes y 1.884 cargos de asistentes de la educación en 36 SLEP, según la exposición del Colegio de Profesores (G5 Noticias, 2026). Se trata de decidir la dotación por razones fiscales antes de conocer los planes anuales de cada comunidad, lo que invierte el orden legítimo de la deliberación: primero la necesidad pedagógica, después el financiamiento (Sabes, 2026).
Segunda falacia: que la OCDE avala aulas más numerosas
Se ha invocado la eficiencia como valor incuestionable, pero la comparación internacional desmiente la lectura gubernamental. El promedio OCDE se sitúa en torno a 21 estudiantes por curso en primaria y 23 en secundaria baja, y Chile figura entre las excepciones, con las aulas más numerosas de primaria (31 estudiantes) (OCDE, 2021, indicador D2). Chile no parte de la holgura, sino de un punto de partida ya desfavorable. Fusionar cursos agrava una brecha que los países de referencia no toleran.
La investigación empírica exige cautela, no complacencia. En Project STAR, el experimento aleatorizado más influyente en la materia, los estudiantes de clases pequeñas tuvieron mayor probabilidad de acceder a la educación superior (Chetty et al., 2011, p. 1593). Es necesario precisar, por rigor, que ese estudio no halló efecto significativo en los ingresos a los 27 años (Chetty et al., 2011, p. 1593) y que las ventajas en puntajes tienden a atenuarse; el debate sobre la costo-efectividad de reducir el tamaño de curso es legítimo. Pero ninguna de esas salvedades respalda la conclusión inversa. No existe evidencia robusta de que aumentar la matrícula por aula mejore los resultados, y quien propone hacerlo asume la carga de la prueba.
Los instructivos de la Dirección de Educación Pública avanzan, sin embargo, en esa dirección. Según el gremio docente, el Ordinario 1691 instruye llevar los cursos al tope legal de 35 estudiantes, no reemplazar licencias inferiores a siete días y congelar las vacantes de quienes se jubilan (G5 Noticias, 2026b). Es difícil concebir un diseño que concentre más riesgo pedagógico en un solo documento.
Tercera falacia: que el aula es una función de producción
El enfoque presupuestario trata la sala de clases como una relación entre insumos y costos. La psicología educacional ha mostrado que el aprendizaje se produce en la interacción. La calidad del apoyo emocional, la organización del aula y el apoyo instruccional explican buena parte de los resultados (Pianta & Hamre, 2009, pp. 109–119). Los vínculos positivos entre docentes y estudiantes se asocian con mayor compromiso y logro (Roorda et al., 2011, pp. 493–529), y en aulas más reducidas se observa más atención individual y participación, con diferencias según la etapa y el rendimiento previo (Blatchford et al., 2011, pp. 715–730).
Con 35 estudiantes por curso, entre ellos una proporción significativa con necesidades educativas especiales o neurodivergencia, según expuso el Colegio de Profesores ante el Congreso (Vlnradio, 2026), el profesor jefe deja de ser un agente de acompañamiento y se reduce a un administrador de la contingencia. Esa pérdida no figura en ninguna planilla de Hacienda, pero se paga en las trayectorias de los estudiantes que más dependen de la escuela.
El contrapunto oficial y sus límites
El Ejecutivo ha ofrecido tres líneas de defensa. La primera, de Hacienda, sostiene que el presupuesto sectorial se mantiene prácticamente estable, en torno a 17,3 billones de pesos (Libertad y Desarrollo, 2026, resumen ejecutivo). La segunda atribuye el ajuste a la caída de la natalidad, que obligaría a buscar eficiencias y a concentrar establecimientos, en un sistema SLEP que el ministro califica de costoso (RDN, 2026). La tercera, de la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirma que el recorte “ya se hizo” antes de su llegada y que fue heredado (Ministerio de Educación, 2026), a lo que se suma su decisión de pausar los traspasos para revisar el diseño del sistema (El Dínamo, 2026). Conviene tomarlas en serio, porque ninguna resiste el examen.
Respecto de la estabilidad, el mismo análisis que la afirma reconoce que el principal cambio del presupuesto está en su composición y no en su nivel, y que el aumento responde al traspaso de establecimientos, pues remuneraciones antes financiadas por transferencias pasan a ser gasto directo (Libertad y Desarrollo, 2026, resumen ejecutivo). Un total estable es plenamente compatible con el recorte o la desaparición de programas, que es lo que denuncia el gremio (Insular FM, 2026). El argumento demográfico, por su parte, es un dato y no una política. Menos estudiantes pueden justificar menos horas solo si se demuestra, SLEP por SLEP, que la reducción es proporcional a la matrícula y que no deteriora las condiciones de enseñanza, y esa proyección no ha sido expuesta. La natalidad en descenso puede leerse, además, como la oportunidad de acercar la razón estudiantes-docente a los estándares de la OCDE, en lugar de sostener el gasto a costa de la planta. Corresponde reconocer un matiz: una reducción de horas autorizadas no equivale automáticamente a un número cierto de despidos, pues esas horas pueden redistribuirse en contratos parciales (Pauta, 2026). Pero esa incertidumbre es un argumento para esperar los planes anuales, no para recortar antes de conocerlos. Y la distinción entre el derecho a educar y la obligación de emplear es verdadera, aunque irrelevante: nadie defiende la inamovilidad de los cargos, sino que la dotación responda a la necesidad pedagógica.
Finalmente, el argumento de la herencia explica el origen de un problema, pero no exime de responsabilidad por las decisiones que se adoptan hoy. El Presupuesto 2027 es un proyecto del actual Gobierno, y los instructivos de la Dirección de Educación Pública que promueven la fusión de cursos se emitieron bajo esta administración. Resulta, además, difícil de conciliar que se pause el traspaso a los SLEP con el argumento de que el modelo requiere revisión, mientras se ajusta su dotación como si el diseño estuviera resuelto. Si el sistema se está evaluando, lo coherente es proteger las condiciones de enseñanza mientras se decide, y no degradarlas de antemano.
Un patrón que exige rendición de cuentas
Las decisiones del Ejecutivo configuran una secuencia que merece escrutinio. El Gobierno pausó el traspaso de establecimientos a los SLEP, mientras el Presidente Kast aseguraba que los derechos sociales no se verían afectados (El Dínamo, 2026). Luego se informó la eliminación de 51 glosas de la Partida 09, varias vinculadas a la entrega de información al Congreso, según denunció el gremio (País lobo Prensa, 2026), y finalmente llegaron los ajustes de dotación. Reducir los mecanismos de control a la vez que se recortan recursos no es una coincidencia que la ciudadanía deba aceptar sin explicaciones.
El contexto, además, vuelve irresponsable la medida. Reportes recientes sitúan en 23,4 % la proporción de docentes no calificados en Chile, frente a 9,1 % en la OCDE (Emol, 2026). Desvincular profesores en un sistema con escasez de personal idóneo no corrige una ineficiencia, sino que profundiza un déficit estructural.
Los presupuestos son documentos morales: declaran qué se protege y qué se sacrifica. Un gobierno que afirma priorizar la educación debe demostrar, con evidencia pública y revisable, que el ajuste no compromete el aprendizaje. Mientras esa demostración no exista, el recorte docente es una apuesta fiscal que pagarán los estudiantes, y el Congreso tiene el deber de rechazarla.
Húsar Portaliano es docente e investigador en políticas públicas y psicología de la educación
