Foto: Andrea Puentes / Presidencia de Colombia / Wikimedia Commons /
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a elevar el tono tras la elección presidencial que dio como ganador a Abelardo de la Espriella, en medio de una transición marcada por acusaciones cruzadas, llamados a movilización y una ofensiva judicial que busca cuestionar el resultado electoral.
El mandatario saliente convocó a una movilización general para el próximo 20 de julio, fecha en que se instalará el nuevo Congreso colombiano, y llamó a defender las reformas sociales impulsadas durante su gobierno. En sus redes sociales, Petro planteó que esa jornada debe transformarse en un “grito de independencia” para respaldar su legado político.
El llamado se produjo luego de que Petro insistiera en desconocer el triunfo de De la Espriella. De acuerdo con Emol, el jefe de Estado afirmó que “Abelardo no ganó las elecciones en Colombia” y sostuvo, sin presentar pruebas públicas concluyentes, que el resultado habría sido alterado desde “un servidor con una IP en Los Ángeles, California”.
Petro acusa fraude en los comicios colombianos y convocó movilizaciones para defender sus reformas. El punto clave es que el mandatario no solo está cuestionando políticamente la elección, sino que además ha respaldado acciones judiciales que buscan revisar el resultado.
Una demanda para anular la elección
El foco judicial está en una demanda que busca que el Consejo de Estado revise la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella. Según Semana, la acción fue presentada por el abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez, y cuenta con respaldo de sectores cercanos al gobierno de Petro.
Entre los argumentos conocidos figuran cuestionamientos por la doble nacionalidad de De la Espriella, presuntas irregularidades en el proceso electoral y la posibilidad de solicitar medidas cautelares que retrasen su posesión. Sin embargo, constitucionalistas consultados por Semana señalaron que los argumentos conocidos hasta ahora “carecen de la solidez necesaria para prosperar”.
El mismo medio recoge que, para los expertos, el proceso electoral ya fue convalidado por la organización electoral y reconocido por el candidato derrotado, lo que debilitaría la posibilidad de anular la elección. Además, descartaron que la doble nacionalidad sea, por sí sola, un impedimento constitucional para ejercer la Presidencia.
Otro punto relevante es la posesión presidencial. Según Semana, los constitucionalistas consultados ven poco viable que el Consejo de Estado suspenda la toma de posesión de De la Espriella mediante medidas cautelares, salvo que existiera una infracción grave, escenario que no observan con los antecedentes conocidos.
Movilización, desobediencia civil y transición tensionada
La ofensiva política también incluye un llamado a la movilización ciudadana. De acuerdo con Emol, Petro se sumó al llamado del excandidato presidencial Iván Cepeda a una “desobediencia civil pacífica” frente a decisiones que, a juicio de la oposición, vulneren la Constitución o derechos fundamentales.
Ese discurso abre un escenario de alta tensión para la transición colombiana. Mientras Petro insiste en cuestionar el resultado y en defender sus reformas, De la Espriella ya fue oficializado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo y recibió la credencial correspondiente, según reportó Emol. Su posesión está prevista para el 7 de agosto.
En paralelo, El País informó que De la Espriella anunció la creación de un grupo de abogados para denunciar presuntas irregularidades del gobierno saliente durante el proceso de empalme, elevando aún más el tono confrontacional entre ambos sectores.
Por ahora, la disputa combina tres frentes: el jurídico, con una demanda que busca revisar la elección; el político, con Petro llamando a movilizaciones y desobediencia civil; y el institucional, con un presidente electo que ya recibió credencial y prepara su llegada al poder.
Aunque el cuestionamiento de Petro mantiene abierto el debate sobre la legitimidad del resultado entre sus adherentes, los antecedentes disponibles indican que no existe, hasta ahora, una decisión judicial que anule la elección ni que suspenda el traspaso de mando. El caso quedará en manos del Consejo de Estado, mientras Colombia se encamina a una transición presidencial marcada por una fuerte polarización.
