La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de protección presentado por un grupo de empresas de transporte que buscaba suspender los recorridos gratuitos de buses impulsados por la Municipalidad de El Monte.
La acción judicial solicitaba que se declararan ilegales y arbitrarios los actos del municipio y que se ordenara detener toda actividad de transporte correspondiente a siete recorridos y horarios establecidos por el programa municipal.
Entre quienes presentaron el recurso se encuentra Jorge Espinoza Cuevas, exconcejal y excandidato a alcalde de El Monte, de acuerdo con los antecedentes publicados sobre la causa. Los recurrentes, principalmente vinculados al transporte de colectivos, sostenían que los buses municipales coincidirían con rutas ya cubiertas por operadores privados y afectarían el desarrollo de su actividad.
Sin embargo, el tribunal determinó que las pruebas aportadas no permitían demostrar una coincidencia efectiva entre los recorridos municipales y los trayectos realizados por las empresas demandantes.
La sentencia también descartó que la iniciativa constituyera una actividad empresarial desarrollada por la municipalidad o que existiera un acto directo e ilegal que impidiera a los transportistas continuar operando.
Los recurrentes conservan sus respectivos permisos y títulos para prestar servicios de transporte. Por ello, la Corte consideró que la preferencia de algunos usuarios por una alternativa gratuita no basta para acreditar una vulneración de sus garantías constitucionales.
Además, las publicaciones, fotografías y videos incorporados durante el proceso no permitieron establecer una superposición técnica de recorridos, exclusividad en la captación de pasajeros, daño económico ni una relación causal entre el funcionamiento de los buses municipales y los perjuicios denunciados.
Municipio defendió el carácter social y gratuito del programa
Durante la tramitación, la Municipalidad de El Monte solicitó el rechazo íntegro del recurso y sostuvo que sus buses no funcionan como una línea comercial destinada a captar pasajeros o generar ingresos.
Según la defensa municipal consignada en el fallo, la prestación es completamente gratuita: no contempla cobro de tarifas, venta de pasajes, recaudación ni otro tipo de contraprestación económica.
El municipio explicó que se trata de un programa de acercamiento, conectividad territorial e inclusión social, dirigido prioritariamente a vecinos de sectores rurales, personas mayores, estudiantes y habitantes con discapacidad o movilidad reducida.
La iniciativa es financiada con recursos públicos y tendría su origen en un convenio mandato celebrado con el Gobierno Regional Metropolitano. La municipalidad también señaló que no cuenta con una estructura empresarial autónoma para operar el programa ni percibe ingresos por el traslado de pasajeros.
En su resolución, la Corte consideró que la programación de los horarios responde a criterios de seguridad y certeza para los beneficiarios y se enmarca dentro de las funciones que la legislación reconoce a los municipios.
El fallo también descartó la aplicación de las normas invocadas por los transportistas para cuestionar el programa, debido a que estas regulan prestaciones ofrecidas a cambio de una tarifa, condición que no se cumpliría en este caso.
Con el rechazo del recurso, no se ordenó la suspensión de los siete recorridos gratuitos cuestionados, por lo que el servicio municipal puede continuar funcionando en las condiciones actuales.
La resolución representa un respaldo judicial a la continuidad del programa, aunque se limita a determinar que los recurrentes no lograron acreditar una actuación ilegal o arbitraria del municipio ni un perjuicio constitucional concreto.
Los buses gratuitos han sido presentados como una alternativa para mejorar la conectividad de habitantes que enfrentan dificultades para trasladarse desde sectores rurales hacia el centro de El Monte y otras zonas de la provincia.
El tribunal resolvió, en definitiva, que los antecedentes aportados eran insuficientes para ordenar la paralización de una iniciativa gratuita y financiada con recursos públicos, especialmente cuando las empresas recurrentes pueden seguir desarrollando sus propios servicios de transporte.
