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La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau empezó a entrar en una zona decisiva.
Lo que partió como una ofensiva impulsada por el Partido Nacional Libertario y respaldada por sectores de la derecha, comenzó a sumar apoyos en la Cámara de Diputadas y Diputados, abriendo un escenario más complejo para el exsecretario de Estado.
Según informó La Tercera, además del paulatino alineamiento de la derecha, la acusación ha recibido señales favorables de diputados del Partido de la Gente, como Patricio Briones y Javier Olivares, y del independiente René Alinco, quien afirmó que “hoy estoy apoyando la acusación a Grau”.
El movimiento no es menor. En la Cámara, cada voto puede ser clave para definir si el libelo avanza o no al Senado, donde eventualmente se revisaría la responsabilidad política del exministro.
La acusación fue ingresada formalmente este lunes, de acuerdo con Emol, y será dada a conocer en la Sala de la Cámara, instancia en la que también deberá definirse la comisión revisora.
En paralelo, La Tercera informó que el jefe de bancada de los libertarios, Cristóbal Urruticoechea, aseguró que ya cuentan con los votos en la Cámara, mientras desde el gobierno se ha intentado evitar que el debate derive en una nueva escalada de acusaciones constitucionales.
Qué se le acusa a Grau
El libelo contra Grau tiene como origen la controversia abierta por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien cuestionó las proyecciones fiscales heredadas de la administración anterior.
Quiroz acusó “inconsistencias” en el último Informe de Finanzas Públicas del gobierno de Gabriel Boric y elevó en cerca de US$10.500 millones la proyección de deuda pública hacia 2030.
El cuestionamiento también apunta al déficit fiscal. De acuerdo con el mismo medio, Hacienda sostuvo que el déficit efectivo para 2026 se estimaba ahora en 2,9% del PIB, por sobre el 1,8% previsto por el gobierno anterior.
La acusación constitucional busca transformar ese debate técnico en responsabilidad política. Según publicó Ex-Ante, entre los hechos imputados a Grau está la “subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026”, además de la no incorporación de presiones de gasto vigentes y supuestas inconsistencias en las proyecciones de deuda pública.
El libelo, de acuerdo con El País, consta de cuatro capítulos acusatorios, vinculados al principio de probidad, la coordinación financiera del Estado, la universalidad presupuestaria y la planificación fiscal de mediano plazo.
Grau, sin embargo, ha rechazado la tesis de que existiera un error de cálculo. En una respuesta recogida por El País, el exministro sostuvo que las proyecciones “no tienen errores de cálculo” y que la diferencia denunciada por Hacienda se explica por factores macroeconómicos como tipo de cambio, inflación y PIB nominal.
El tablero político se mueve
La discusión ya no está solo en los números.
La acusación se transformó en una prueba política para la Cámara y para la relación entre el gobierno de José Antonio Kast, la derecha y los sectores opositores que aún evalúan su voto.
En un primer momento, parte de Chile Vamos miró con distancia la ofensiva. El argumento era conocido: una acusación constitucional podía tensionar la agenda económica del Ejecutivo y abrir una disputa que terminara contaminando otras reformas. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar con el paso de los días.
Ex-Ante informó que diputados de Chile Vamos comenzaron a cuadrarse con la acusación, pese a la resistencia inicial que existía en algunos sectores.
A eso se suman los votos del PDG y la señal entregada por Alinco. La Tercera también ha informado que otros independientes de oposición, como Felipe Camaño, Carlos Bianchi y Sebastián Videla, han optado por revisar los antecedentes antes de definir una postura.
No todos, eso sí, han cerrado filas. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abrió un matiz al señalar que aún había parlamentarios que no estaban completamente convencidos, según consignó La Tercera.
Ese detalle importa porque, aunque la acusación parece avanzar con mayor fuerza que hace algunos días, todavía depende de una aritmética parlamentaria que puede moverse hasta último minuto.
El fondo de la controversia es doble. Por una parte, está la pregunta técnica: si las proyecciones fiscales del gobierno anterior tuvieron errores, omisiones o diferencias metodológicas. Por otra, está la pregunta política: si esas diferencias ameritan una acusación constitucional contra un exministro de Hacienda.
Esa segunda pregunta es la que hoy divide al Congreso.
Si la Cámara aprueba el libelo, el caso pasará al Senado, que deberá actuar como jurado. Si finalmente prospera, Grau podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.
Por ahora, el exministro enfrenta una semana clave. La acusación ya fue presentada, los votos empiezan a ordenarse y el debate fiscal dejó de estar solo en Hacienda para instalarse de lleno en el Congreso.
