Prensa presidencial.
El Presidente José Antonio Kast anunció este domingo desde el Complejo Fronterizo de Chacalluta, en Arica, dos proyectos de ley con los que busca endurecer el control migratorio en Chile.
La primera iniciativa corresponde a una reforma constitucional que permitiría ampliar el plazo de retención de migrantes en situación irregular que ya tengan una orden de expulsión. Actualmente, ese plazo es de cinco días. La propuesta del Ejecutivo busca extenderlo a 60 días, con la posibilidad de renovarlo por dos periodos adicionales del mismo plazo.
En la práctica, la medida podría permitir una retención administrativa de hasta 180 días, siempre que cada prórroga sea fundada y exista revisión judicial, según detalló La Tercera.
El segundo proyecto apunta a modificar el Código Penal para sancionar a quienes trasladen a migrantes irregulares dentro del territorio nacional o faciliten su salida del país en condiciones irregulares.
“Cinco días no alcanzan”
Durante el anuncio, Kast cuestionó el plazo actual de retención y sostuvo que cinco días no son suficientes para ejecutar expulsiones.
“Hay cinco días donde la pueden tener retenida. Pasado ese plazo, si no ha sido expulsada, tienen que dejarla nuevamente en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar”, dijo el mandatario.
El Presidente señaló que el objetivo es entregar más herramientas al Estado para concretar expulsiones ya decretadas por la autoridad competente. En esa línea, remarcó que se trataría de una medida administrativa, no penal.
La Tercera informó que la reforma modificaría el artículo 19 N°7 de la Constitución para establecer que la ley deberá fijar un plazo de detención de entre cinco y sesenta días corridos, renovable hasta por dos periodos adicionales de sesenta días cada uno.
Sanciones contra quienes trasladen migrantes irregulares
La segunda iniciativa apunta a perseguir a quienes faciliten el traslado de migrantes irregulares dentro del país.
“Lo que estamos planteando es una modificación al Código Penal para que también sea constitutivo de delito y un agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación”, señaló Kast, según informó La Tercera.
BioBioChile también consignó que el mandatario planteó la necesidad de “ir detrás” de quienes participan en esos traslados, como parte de una estrategia más amplia contra la migración irregular y las redes que se aprovechan de ella.
El anuncio en medio del Plan Escudo Fronterizo
El anuncio se realizó en el norte del país, en medio del despliegue del Plan Escudo Fronterizo, una de las principales apuestas del gobierno en materia de control migratorio.
Según La Tercera, la visita del Presidente se produjo a dos días de que se cumpliera el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para construir los primeros 30 kilómetros de zanja entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó que las intervenciones en pasos fronterizos inhabilitados se acercan a los 30 kilómetros. Además, el gobierno proyecta que el sistema completo de zanjas y obstáculos alcance 500 kilómetros en distintos sectores de la frontera norte.
Las cifras que usa el gobierno
El Ejecutivo ha justificado el endurecimiento de su agenda migratoria en el aumento de ingresos irregulares registrado durante los últimos años.
De acuerdo con La Tercera, la minuta del gobierno señala que entre 2018 y 2024 se registraron más de 216 mil ingresos por pasos no habilitados en Chile. También indica que, al 2024, la población extranjera representaba el 8,8% del total nacional, con un aumento de 115,5% respecto de 2017.
Sin embargo, los datos oficiales del Servicio Nacional de Migraciones también muestran una baja sostenida en los ingresos irregulares por pasos no habilitados durante los últimos años. Según un reporte publicado por el SERMIG en marzo de 2026, durante 2024 se registraron 29.269 denuncias, lo que representó una disminución de 33,8% respecto de 2023 y de 48,3% en comparación con 2021, año en que se alcanzó el máximo histórico.
Expulsiones y presión por resultados
El anuncio también se da en un contexto donde el gobierno ha intentado mostrar resultados en materia de expulsiones.
En abril, el Servicio Nacional de Migraciones informó la concreción del primer vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros de la nueva administración, con 40 personas expulsadas, 26 por medidas administrativas y 14 por orden judicial.
Semanas después, La Tercera informó que, entre el 11 de marzo y el 18 de mayo, 395 personas con orden de expulsión habían dejado el país. De ese total, 279 correspondieron a expulsiones forzadas y 116 a personas que salieron voluntariamente tras mantener una orden vigente.
Ese punto también ha generado discusión, ya que parte de la oposición y exautoridades han cuestionado cómo se están contabilizando las cifras de expulsión.
Los proyectos anunciados por Kast abren una nueva etapa en el debate migratorio. La idea de ampliar la retención administrativa hasta 60 días, con eventuales prórrogas, busca responder a una dificultad práctica que el gobierno ha repetido: el plazo actual no permitiría concretar expulsiones en todos los casos.
