El Congreso comenzó a discutir una de las reformas económicas más amplias presentadas durante los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast y, pese a que su tramitación recién comienza, la presidenta del Senado ya puso una fecha sobre la mesa.
“Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”, aseguró este lunes la senadora Paulina Núñez (RN) durante el ChileDay realizado en Madrid. Según informó Pulso, la parlamentaria planteó que la meta es despachar el proyecto antes de diciembre, incluso si el Congreso debe sesionar durante fines de semana. Consultada en el mismo panel, la senadora socialista Paulina Vodanovic respondió que se daba “por notificada” del calendario planteado por Núñez.
La señal política es relevante, pero todavía está lejos de significar que la iniciativa esté aprobada.
El proyecto de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, boletín 18.643-05, ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 9 de septiembre y permanece en su primer trámite constitucional. La Comisión de Hacienda deberá continuar su discusión el 22 de septiembre con la participación del ministro Jorge Quiroz y el subsecretario Sebastián Vallebona.
Lo que el Congreso deberá procesar en poco más de dos meses no es una modificación acotada. El proyecto contiene más de 30 medidas que van desde nuevos mecanismos para financiar viviendas hasta cambios tributarios, bursátiles y regulatorios destinados a ampliar las fuentes de capital para empresas y proyectos de inversión.
De los hipotecarios al “Segmento Junior”: qué cambia realmente
El elemento políticamente más visible de la reforma está en la vivienda.
El Gobierno propone crear un Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), administrado por BancoEstado, que podrá recibir aportes estatales y comprar créditos hipotecarios originados por instituciones financieras. El objetivo es liberar recursos de los balances bancarios para que puedan entregar nuevos préstamos y ampliar el acceso a financiamiento para primeras viviendas.
La iniciativa también incorpora un nuevo Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV). El mecanismo busca que las familias acumulen parte del pie de una primera propiedad mediante ahorro previo y reciban posteriormente un aporte estatal complementario, bajo las condiciones que contempla el proyecto.
Hacienda calcula que ambos instrumentos, una vez plenamente implementados, podrían facilitar alrededor de 23.500 compras adicionales de vivienda por año.
Pero limitar la reforma a los hipotecarios sería quedarse solo con su cara más visible.
El proyecto también pretende ampliar las alternativas de financiamiento para empresas que actualmente tienen mayores dificultades para acceder al mercado de capitales. Entre las propuestas está la creación de un “Segmento Junior” de la Bolsa, pensado para compañías innovadoras, empresas en expansión y proyectos de exploración minera.
Se contempla además facilitar emisiones de deuda de menor tamaño, introducir instrumentos para empresas medianas, modernizar normas aplicables a fondos de inversión y reducir algunas barreras para inversionistas extranjeros. Hacienda busca también impulsar la exportación de servicios financieros desde Chile y recuperar parte del papel que el país tuvo como plataforma regional de capitales.
El diagnóstico detrás de esas medidas es que el mercado financiero chileno perdió profundidad durante los últimos años y que una mayor proporción del ahorro disponible terminó financiando deuda pública en vez de nuevas inversiones privadas.
La apuesta del Ejecutivo es revertir ese proceso: conectar nuevamente ahorro nacional e internacional con viviendas, emprendimientos, empresas y proyectos productivos.
Hacienda ya puso una cifra sobre el efecto potencial. Su informe de impacto regulatorio calcula que, si las medidas funcionan como está previsto, el nivel del PIB podría ser 0,86% mayor hacia 2036 que en un escenario donde la reforma no existiera.
La precisión es importante: no significa que Chile vaya a crecer 0,86 puntos porcentuales adicionales cada año.
Se trata de una estimación sobre el nivel acumulado del producto en un horizonte de diez años. Del efecto proyectado, Fonavi y AVV explicarían 0,25 puntos; las medidas vinculadas a innovación y exploración minera otros 0,12; la exportación de servicios financieros 0,08; y los cambios destinados a mejorar la eficiencia y reducir el costo del capital aproximadamente 0,41 puntos.
El proyecto se conecta además con otra prioridad económica del Gobierno: conseguir que la creciente cartera de iniciativas aprobadas o en evaluación termine convirtiéndose efectivamente en inversión.
La lógica es sencilla. Simplificar permisos puede permitir que un proyecto avance, pero sin financiamiento suficientemente profundo o competitivo, una autorización por sí sola no construye una planta, una mina o una infraestructura.
Una carrera contra diciembre y los puntos que pueden trabar el acuerdo
La promesa de Núñez de tener una ley antes de terminar 2026 supone una tramitación particularmente rápida para una reforma de esta magnitud.
Y aunque la iniciativa ha recibido señales iniciales favorables desde distintos sectores económicos, también comenzaron a aparecer advertencias.
Una de las principales está precisamente en la vivienda.
Facilitar el acceso al crédito puede incrementar el número de familias con capacidad para comprar una propiedad. Pero si la oferta de viviendas no aumenta al mismo ritmo, una parte de esa mayor capacidad de pago podría trasladarse a precios más altos, reduciendo parte del beneficio que busca entregar la política.
También existe discusión respecto del tamaño que podría alcanzar el Fonavi y de cuánto riesgo terminará asumiendo el Estado dentro del mercado hipotecario.
El mecanismo supone utilizar el respaldo del sector público para aumentar la liquidez disponible para créditos. Para sus defensores, eso podría abaratar el financiamiento y ampliar los plazos. Para sus críticos, obliga a observar cuidadosamente la exposición fiscal y evitar que una herramienta destinada a corregir restricciones termine concentrando demasiado riesgo en el Estado.
Otros cambios generan discusiones más técnicas, pero igualmente relevantes.
El proyecto contempla modificaciones a reglas de sociedades anónimas y gobiernos corporativos que buscan facilitar determinadas decisiones empresariales. Parte del debate estará en encontrar un equilibrio entre hacer más ágil la operación de las compañías y mantener protecciones suficientes para accionistas minoritarios.
También está por verse cuánto de las estimaciones de impacto terminará sobreviviendo al Congreso.
El texto que ingresó el 9 de septiembre puede experimentar modificaciones durante su paso por la Cámara y posteriormente por el Senado. Y precisamente por eso, la cifra de 0,86% proyectada por Hacienda corresponde al diseño actual del proyecto, no necesariamente a la ley que eventualmente se publique.
La presidenta del Senado ha apostado públicamente por acelerar esos acuerdos.
Durante el ChileDay, Núñez incluso sostuvo que el componente de casa propia debería tener mayor protagonismo comunicacional que el concepto más técnico de “mercado de capitales”. Vodanovic respondió que el Gobierno había sido hábil al vincular reformas económicas amplias con objetivos que generan mayor adhesión ciudadana.
Ese comentario resume parte de la estrategia detrás del proyecto.
El Ejecutivo no está intentando vender una reforma financiera únicamente como una discusión entre bancos, fondos de inversión y grandes empresas. La está vinculando directamente con una preocupación mucho más cotidiana: volver a hacer posible que más familias puedan financiar una vivienda.
Pero debajo de esa promesa existe una transformación bastante mayor.
Si el proyecto avanza, modificará mecanismos de financiamiento empresarial, reglas para inversionistas, instrumentos bursátiles, incentivos tributarios y la forma en que el Estado participa del mercado hipotecario.
Por eso el verdadero desafío no será solamente cumplir con el calendario político anunciado este lunes.
Será conseguir que una reforma de más de 30 medidas, cuya ambición va desde el pie de una vivienda hasta la profundidad del mercado financiero chileno, pueda ser discutida con suficiente rapidez para convertirse en ley durante 2026 sin sacrificar el análisis de los riesgos que precisamente determinarán si termina impulsando la inversión o creando nuevos desequilibrios.
