Foto: Arturo Williamson / Wikimedia Commons (CC0)
Una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas/Falkland comienza a tomar forma como una apuesta comercial que podría devolver a Magallanes parte de un mercado que durante los últimos años ha sido abastecido principalmente desde Uruguay.
A fines de septiembre, una delegación empresarial de las islas llegará a Punta Arenas encabezada por Zachary Franklin, director ejecutivo de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), para reunirse con compañías chilenas y avanzar en las condiciones comerciales de la conexión.
Según informó Ex-Ante, el encuentro central se realizará durante los días 28 y 29 de septiembre, con representantes vinculados al comercio, productos agrícolas, turismo, construcción y otros sectores de la economía isleña. El objetivo será identificar proveedores y preparar una relación comercial que podría comenzar a materializarse por vía marítima durante noviembre.
La visita no surge de manera aislada.
Desde 2024, la propia Falkland Islands Development Corporation ha promovido encuentros entre empresarios de ambos territorios. Ese año recibió una delegación chilena y señaló posteriormente que las reuniones permitieron identificar oportunidades comerciales concretas. En 2025, una misión empresarial de las islas viajó a Santiago y Punta Arenas, donde se reunió con compañías y autoridades locales para estudiar nuevas posibilidades de intercambio.
Este año el proyecto dio otro paso. Ejecutivos de Easter Island Naviera visitaron las islas para determinar qué tipo de carga podría movilizarse desde Chile y evaluar la viabilidad de establecer un enlace marítimo regular.
La FIDC describió entonces el proyecto como una oportunidad que dejó de ser simplemente una idea para transformarse en una alternativa comercial concreta. Entre las necesidades detectadas aparecen alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.
Una ruta para disputar a Montevideo un mercado de US$20 millones
La principal ventaja de Punta Arenas está en el mapa.
Actualmente, buena parte de los productos importados por las islas llega desde Montevideo, cuya conexión marítima implica una navegación cercana a los 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, la distancia se reduce aproximadamente a la mitad.
Esa diferencia podría significar menores tiempos logísticos y convertir a Magallanes en proveedor de productos que actualmente son adquiridos en Uruguay.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, ha estimado que el poder de compra involucrado podría alcanzar aproximadamente US$20 millones anuales.
En conversación con T13, el jefe comunal señaló que el objetivo es que parte de ese comercio comience a beneficiar directamente a empresas magallánicas. Entre los productos mencionados aparecen abarrotes, bebidas, repuestos, cemento, insumos agrícolas y otros bienes necesarios para una comunidad con una producción local limitada en varias categorías.
La cifra debe entenderse como una estimación de Radonich sobre el mercado potencial, y no como US$20 millones de ventas ya aseguradas para las empresas chilenas.
La magnitud, sin embargo, no es menor para una economía regional como la de Magallanes.
Si la conexión logra consolidarse, podría significar nuevos clientes para distribuidores, supermercados, empresas de materiales de construcción, compañías de logística y otros proveedores establecidos en Punta Arenas.
Radonich ha planteado incluso que podrían realizarse uno o dos viajes mensuales, aunque la frecuencia definitiva dependerá de la demanda comercial y de la operación de la naviera.
La empresa elegida para ejecutar la conexión es Easter Island Naviera, compañía chilena que ya opera transporte marítimo y apoyo logístico entre el continente y Rapa Nui.
De acuerdo con antecedentes reportados por Ex-Ante, la empresa llevaba alrededor de dos años estudiando la posibilidad y durante los últimos meses avanzó en su formalización con la FIDC. El primer viaje está previsto para noviembre de 2026 y, al menos inicialmente, estará orientado al abastecimiento de la población y de empresas establecidas en las islas.
La FIDC sostiene que existe además la posibilidad de que la conexión funcione en ambas direcciones. Durante las conversaciones con Easter Island Naviera se analizaron alternativas para transportar desde las islas hacia Chile determinados materiales, incluyendo chatarra.
El proyecto busca así reconstruir una relación económica que no es completamente nueva.
Punta Arenas mantuvo históricamente intercambios con las islas, especialmente durante las décadas de 1990 y 2000. Radonich sostiene que esa relación se debilitó después de que Chile respaldara en 2011 una declaración regional que impide el ingreso a puertos de los países adherentes de embarcaciones que utilicen la bandera de las islas.
El alcalde ha calculado en aproximadamente US$300 millones el comercio que Magallanes habría dejado de captar desde entonces, aunque esa estimación corresponde al propio municipio y no existe, hasta ahora, una contabilización independiente que permita verificarla como una pérdida económica consolidada.
Un negocio privado en medio de una disputa política mayor
La nueva conexión tiene una particularidad que resulta fundamental para entender su alcance: no constituye un acuerdo diplomático entre el Estado de Chile y Reino Unido ni un tratado entre gobiernos.
La operación corresponde a un vínculo comercial entre Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation, mientras la Municipalidad de Punta Arenas ha actuado como articuladora para conectar a potenciales compradores con proveedores regionales.
El propio Radonich ha insistido en esa distinción. “Aquí no hay un acuerdo que involucre al Estado de Chile ni a alguna municipalidad”, señaló al explicar el proyecto a T13.
Esa precisión adquiere relevancia porque la apertura de la ruta ocurre en medio de un nuevo endurecimiento de la política argentina sobre las islas.
Durante septiembre, el gobierno de Javier Milei aceleró los procedimientos dirigidos contra personas y compañías que, desde la perspectiva de Buenos Aires, participan en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, reforzó el mecanismo sancionatorio establecido por la legislación argentina para actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas disputadas. La norma permite aplicar inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y establece procedimientos abreviados para investigar potenciales infracciones.
El gobierno argentino inició posteriormente procedimientos contra 45 personas y empresas, y cuatro días después amplió la investigación a otros 15 sujetos, llevando el universo a 60. Las medidas están específicamente relacionadas con actividades petroleras y compañías que prestan servicios para ellas.
La administración Milei también presentó una denuncia penal contra distintas empresas vinculadas a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.
Hasta ahora, sin embargo, no existen antecedentes que permitan afirmar que Easter Island Naviera esté incluida en esos procedimientos.
La compañía chilena aseguró a Ex-Ante que la nueva ruta estará destinada al abastecimiento de la comunidad y descartó cualquier relación con el proyecto petrolero Sea Lion.
La diferencia no es menor.
Transportar arroz, frutas, materiales de construcción o repuestos hacia una comunidad constituye una actividad comercial distinta de prestar servicios a empresas involucradas en explotación de hidrocarburos, que es el objetivo declarado de las últimas medidas adoptadas por Buenos Aires.
Para Punta Arenas, por tanto, la apuesta es principalmente económica.
La ciudad busca aprovechar su cercanía geográfica para recuperar un vínculo histórico, transformar una ventaja logística en ventas para empresas locales y competir con Montevideo por parte del abastecimiento de una comunidad situada a menos distancia de Magallanes que de Uruguay.
El viaje de Franklin y los empresarios a fines de septiembre será el próximo paso para determinar cuánto de ese potencial puede efectivamente convertirse en contratos.
Después vendrá la prueba más importante: que el primer barco proyectado para noviembre no sea únicamente un viaje inaugural, sino el comienzo de una ruta capaz de sostener suficiente demanda para operar regularmente.
Si eso ocurre, el impacto será bastante más concreto que el debate diplomático que rodea a las islas: una nueva salida comercial para empresas de Magallanes y la posibilidad de que parte de un mercado estimado en US$20 millones anuales deje de recorrer casi 2.000 kilómetros desde Montevideo para comenzar a abastecerse desde Punta Arenas.
