El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por una presunta sustracción de $10.400 millones desde la Municipalidad de Pudahuel, a partir de una serie de operaciones y omisiones contables registradas entre 2015 y junio de 2019.
La acción fue presentada ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida contra quienes resulten responsables. La investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Occidente, según antecedentes de la presentación judicial dados a conocer inicialmente por Informe Especial de 24 Horas.
El organismo también cuestiona más de $402 millones asociados a la categoría “Cargos Cuenta Corriente No Registrados”. Según la querella, estas operaciones habrían sido incorporadas al saldo bancario sin encontrarse registradas en la contabilidad municipal ni contar con antecedentes suficientes para justificar su origen y naturaleza.
A esos montos se suman otros $6.300 millones correspondientes al ítem “Ingresos Contables no Abonados en Cuenta Corriente”. En este punto, el CDE sostiene que se habría producido la sustracción de recursos antes de que quedara registro de ellos dentro del sistema bancario.
En conjunto, las distintas operaciones descritas por el organismo conforman los cerca de $10.400 millones que ahora deberán ser objeto de investigación penal.
PDI deberá seguir la ruta de los fondos
Además de presentar la querella, el Consejo de Defensa del Estado solicitó una serie de diligencias destinadas a determinar qué ocurrió con los recursos y establecer eventuales responsabilidades.
Entre ellas se encuentra que la Municipalidad de Pudahuel entregue un sumario administrativo relacionado con los hechos investigados y que la Policía de Investigaciones analice la trazabilidad de aquellos fondos que no contarían con respaldo en las conciliaciones bancarias correspondientes al período comprendido entre 2015 y 2019.
El CDE también solicitó que sean interrogados como testigos funcionarios fiscalizadores de la Contraloría General de la República que tendrían conocimiento de los antecedentes incluidos en la acción judicial.
La querella abre ahora una etapa investigativa en la que será el Ministerio Público el encargado de esclarecer el destino de los recursos y determinar si existieron delitos y quiénes eventualmente participaron en ellos.
Municipio recalca que hechos corresponden a una gestión anterior
Consultada por el caso, la actual administración de la Municipalidad de Pudahuel, encabezada por el alcalde Ítalo Bravo, enfatizó que los hechos denunciados corresponden a un período anterior a su llegada al municipio.
“Esta querella se refiere al periodo de 2015 a 2019, previo a la actual gestión edilicia que comenzó en junio de 2021”, indicó la municipalidad en una declaración recogida por El Desconcierto.
El municipio agregó que desde 2021 ha contratado auditorías externas independientes para revisar su gestión financiera y que también ha sido objeto de auditorías por parte de Contraloría.
Según la actual administración, esas revisiones han permitido desarrollar planes de cumplimiento y corregir aspectos de la gestión interna, aunque sostuvo que no se han detectado situaciones comparables con los hechos que hoy son investigados.
Por ahora, la causa se encuentra en etapa investigativa. La querella del CDE expone antecedentes que, a juicio del organismo, podrían constituir una malversación de recursos municipales, pero las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por la investigación y posteriormente por los tribunales de justicia.
