Pantallazo.
Un examen de ADN confirmó que la mujer localizada en Argentina es Bernarda Rosalba Vera Contardo, profesora y exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que durante más de cinco décadas figuró en registros oficiales como detenida desaparecida.
El ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, comunicó los resultados a la familia de Vera durante una reunión realizada este lunes. La pericia fue elaborada por el Servicio Médico Legal y comparó su perfil genético con las muestras de familiares conservadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos.
Según informó el Poder Judicial, a través de antecedentes recogidos por Emol, el análisis determinó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%. El tribunal mantendrá la causa bajo secreto y prohibió divulgar el informe genético debido a que contiene información personal sensible.
La confirmación científica modifica una versión que permaneció incorporada durante décadas a los registros estatales. El Informe Rettig señalaba que Vera había sido detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún y que presumiblemente fue ejecutada junto con otros prisioneros en un puente sobre el río Toltén.
La mujer tenía entonces 27 años, trabajaba como profesora de educación básica en Neltume y utilizaba “Anita” como nombre político. Su familia perdió contacto con ella durante 1973 y creyó durante más de 50 años que había sido víctima de desaparición forzada.
La investigación que terminó por ubicarla estableció que Vera habría escapado hacia Argentina, posteriormente residido en Suecia y regresado años más tarde al país trasandino. Documentos migratorios indicaron que obtuvo residencia sueca en 1978 y la nacionalidad de ese país durante la década siguiente.
Un antecedente público desde 2012
El caso abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para comprobar, actualizar y corregir información contenida en registros especialmente sensibles.
Uno de los antecedentes más relevantes había sido publicado en 2012. En el libro De Carranco a Carrán. Las tomas que cambiaron la historia, el exmilitante del MIR José Manuel Bravo Aguilera relató actividades desarrolladas por “Anita” durante diciembre de 1973.
La referencia situaba a Vera participando en los planes de reorganización de un grupo mirista dos meses después de la fecha en que el Informe Rettig ubicaba su detención y desaparición.
Según reconstruyó Ex-Ante, el libro señalaba que “Anita” bajaría hasta Temuco para crear una red de apoyo, en el contexto de un intento por reorganizar a quienes se encontraban ocultos en la zona sur del país.
La publicación existía desde hacía más de una década y estaba disponible como un testimonio público que contradecía parcialmente la versión oficial. El catálogo del Instituto Nacional de Derechos Humanos registra el libro, publicado por LOM Ediciones en 2012, como una obra sobre la historia política y los movimientos campesinos en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli.
Los primeros indicios institucionales más recientes surgieron durante las investigaciones del Plan Nacional de Búsqueda. Una periodista que indagaba los casos de Neltume encontró testimonios que apuntaban a que Vera habría escapado a fines de 1973, sin que su familia conociera su paradero. Esa información dio origen a nuevas consultas y posteriormente a la investigación judicial reservada.
Las preguntas que enfrenta el Estado
La confirmación obliga ahora a revisar cómo permaneció durante décadas en registros oficiales una persona que se encontraba viva y sobre cuya trayectoria existían antecedentes contradictorios.
Entre las preguntas pendientes está determinar qué organismos tuvieron acceso a esos datos, cuándo comenzaron las gestiones internacionales para verificar su identidad y por qué las diligencias no se realizaron con anterioridad.
También deberá establecerse cómo se rectificará su inclusión en el Informe Rettig, en el registro oficial de detenidos desaparecidos y en otras plataformas públicas que todavía la presentan como víctima ejecutada o desaparecida.
El caso podría abrir, además, una revisión administrativa sobre las reparaciones asociadas a su reconocimiento oficial. BioBioChile informó que su familia accedió a los beneficios contemplados por el Estado para familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora no existen antecedentes públicos que permitan afirmar que hubo engaño deliberado por parte de sus cercanos, quienes habrían desconocido que Vera continuaba con vida.
Tampoco se ha establecido judicialmente que funcionarios públicos hayan cometido delitos o actuado intencencionalmente para mantener información falsa. Esas eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la investigación que continúa bajo reserva.
La identificación de Bernarda Vera no permite extrapolar su situación al conjunto de las víctimas reconocidas por el Estado. Sí evidencia una falla concreta en los mecanismos de comprobación y actualización de un caso que se mantuvo oficialmente cerrado durante décadas, pese a la existencia de testimonios públicos y antecedentes migratorios que apuntaban en otra dirección.
La investigación judicial tendrá ahora la tarea de reconstruir no solo el recorrido de Vera después de 1973, sino también la cadena de decisiones institucionales que permitió que su nombre permaneciera durante más de medio siglo en el listado de detenidos desaparecidos.
