El oficial de Carabineros Pablo Andrés Carvajal Díaz se entregó este jueves en el Centro de Justicia de Santiago para iniciar el cumplimiento de una condena de siete años de presidio efectivo por el delito consumado de apremios ilegítimos calificados, en una causa vinculada a hechos ocurridos durante las manifestaciones posteriores al 18 de octubre de 2019.
Según informó La Tercera, Carvajal llegó al recinto judicial vistiendo uniforme institucional y acompañado por figuras del Partido Nacional Libertario, además del diputado y excarabinero Sebastián Zamora, el exuniformado Claudio Crespo y el abogado Pedro Orthusteguy.
Antes de ingresar, el condenado defendió su actuación y sostuvo que utilizó los medios entregados por el Estado en un contexto de protestas. “Utilizando las herramientas que me entregó el Estado, me defendí. Lamentablemente, digo lamentablemente, esta persona resultó lesionada. ¿Y por qué lamentable? Porque nosotros los carabineros jamás, jamás tenemos en mente lesionar, dañar”, afirmó, según consignó La Cuarta.
Carvajal también cuestionó la investigación encabezada por la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. De acuerdo con La Tercera, el oficial sostuvo que enfrentó una investigación “sesgada” y afirmó que los antecedentes fueron, a su juicio, sacados de contexto durante el proceso judicial.
El caso se originó el 28 de octubre de 2019, cuando Brandon González, entonces de 19 años, perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir el impacto de un perdigón disparado con una escopeta antidisturbios de Carabineros en el centro de Santiago.
Condena ratificada por tribunales
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Carvajal a siete años de presidio efectivo por apremios ilegítimos calificados. Según informó el Poder Judicial, el tribunal dio por establecido que el entonces capitán disparó contra la víctima a una distancia de 13,9 metros, impactando uno de los perdigones en la parte inferior de su ojo izquierdo.
La sentencia también estableció que, después del primer disparo, Carvajal efectuó un segundo disparo cuando la víctima se encontraba de espaldas. El tribunal descartó la tesis de legítima defensa y rechazó la calificación de tortura planteada por la acusación particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmó la condena. De acuerdo con BioBioChile, el tribunal de alzada también descartó aplicar la Ley Nain-Retamal en favor del condenado.
La defensa de Carvajal ha insistido en que el uso de la fuerza se dio en un contexto de alta violencia durante el estallido social. El propio exoficial sostuvo que una investigación administrativa interna de Carabineros concluyó que su actuar se ajustó a los protocolos vigentes.
Partido Nacional Libertario pide indulto
El caso también tuvo una inmediata derivada política. Tras acompañar a Carvajal en su ingreso al Centro de Justicia, el Partido Nacional Libertario anunció la presentación de un proyecto de indulto general para uniformados condenados o procesados por hechos vinculados al uso de la fuerza durante el estallido social.
Según informó La Tercera, el anuncio fue encabezado por Johannes Kaiser junto a la directiva nacional del PNL, la senadora Vanessa Kaiser y los diputados Pier Karlezi y Hans Marowski.
“Creemos que esta responsabilidad no solamente debe ser una responsabilidad del Presidente de la República, sino que también del país completo, que tiene que agradecer a sus uniformados, tanto militares como carabineros y policías de investigaciones, el no haber perdido definitivamente su institucionalidad y su democracia el 18-O y los meses que siguieron”, señaló Johannes Kaiser, según consignó La Tercera.
El dirigente agregó que la senadora Vanessa Kaiser busca reunir firmas para un proyecto de indulto general destinado a uniformados “condenados o procesados en razón del uso de la fuerza” durante el periodo del 18-O y en adelante.
De acuerdo con El Dínamo, Kaiser también pidió al Presidente José Antonio Kast hacer uso de su facultad para indultar a quienes, según afirmó, “sirvieron a la República y defendieron a la democracia”.
El llamado abre un nuevo flanco político para el Gobierno, que deberá definir si recoge o no las solicitudes de indulto, mientras el caso sigue generando debate entre quienes cuestionan las condenas a uniformados por hechos del estallido social y quienes defienden la responsabilidad penal establecida por los tribunales en casos de violaciones a derechos fundamentales.
