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El caso por el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile sumó un nuevo antecedente: un memorándum firmado en 2024 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, que estableció medidas para flexibilizar la presentación de documentos de ciudadanos haitianos.
Según informó El Dínamo, el documento permitió que, en solicitudes de residencia de niños, niñas y adolescentes, se aceptaran certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario.
El mismo medio consignó que el memorándum también permitió que personas haitianas pudieran continuar trámites de residencia temporal o definitiva incluso si no contaban con el certificado de antecedentes de su país de origen o si este no se encontraba totalmente legalizado.
El antecedente aparece en medio de la investigación abierta por la Fiscalía Nacional para indagar el ingreso masivo de menores haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar. Según informó la Fiscalía de Chile, la causa busca recopilar antecedentes y analizar la posible comisión de delitos durante ingresos ocurridos en 2025, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes.
El foco en los controles del Estado
El caso había sido revelado inicialmente a partir de antecedentes de Contraloría y reportajes de prensa sobre vuelos chárter, registros incompletos y falta de verificación de adultos responsables.
Un preinforme de Contraloría revelado por BioBioChile detectó que, durante 2025, al menos doce adultos ingresaron en varias ocasiones como responsables de grupos de menores, sin que constaran vínculos familiares. También se indicó que el Servicio Nacional de Migraciones no habría validado datos críticos como domicilios o antecedentes de los tutores.
En fiscalizaciones en terreno, Contraloría no habría logrado ubicar a 64 menores de edad de un grupo de 104 revisados, según el mismo reporte.
La Fiscalía, por su parte, señaló que la investigación quedó a cargo del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir Manterola. El Ministerio Público deberá establecer si existieron delitos, responsabilidades administrativas o eventuales redes que facilitaron el ingreso irregular de menores.
Thayer y la discusión por gobernanza migratoria
En entrevista con Radio Pauta el exdirector de Migraciones Rodrigo Sandoval planteó que el caso no debe centrarse únicamente en eventuales responsabilidades individuales, sino también en las fallas institucionales del sistema.
Sandoval advirtió que, una vez que la PDI timbra el pasaporte, no existiría una institución encargada de verificar que los menores efectivamente lleguen a reunirse con sus padres o adultos responsables. A su juicio, el caso expone un vacío de seguimiento posterior al ingreso al país.
“Chile discute control migratorio en frontera, Chile discute expulsiones, pero Chile no discute gobernanza migratoria”, afirmó Sandoval en conversación con Radio Pauta.
El exdirector también apuntó a la necesidad de revisar el rol de otros organismos involucrados en el proceso, como la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Policía de Investigaciones y el propio Servicio Nacional de Migraciones.
Hasta ahora, los antecedentes conocidos apuntan a posibles fallas de control, documentación incompleta, ausencia de verificación suficiente de vínculos familiares y falta de seguimiento posterior al ingreso de los menores al país.
La aparición del memorándum firmado durante la gestión de Thayer instala una nueva pregunta en la investigación: si la flexibilización documental respondió a una situación humanitaria excepcional vinculada a Haití o si abrió espacios para que el sistema perdiera capacidad de control sobre ingresos sensibles.
