La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, firmó una decisión que buscaba suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, fecha del balotaje presidencial. La medida se enmarca en una investigación por presunta intervención electoral del mandatario durante la campaña.
El punto, sin embargo, abrió una discusión inmediata: Petro no ha sido efectivamente suspendido. Según Reuters, la propuesta debe ser debatida y aprobada por los 16 miembros de la comisión y posteriormente por el Senado antes de tener efecto. Un integrante de la propia comisión, Miguel Silvera Padilla, afirmó que el mandatario sigue en funciones.
La controversia golpea de lleno la recta final de la elección presidencial colombiana, donde el candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, enfrentará al abogado derechista Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio.
La particularidad del caso es que Arizabaleta no viene desde la oposición. Según El País, la congresista pertenece al Pacto Histórico, la misma coalición política de Petro y Cepeda, aunque su relación con el oficialismo aparece hoy cruzada por tensiones internas.
Ese elemento alimentó una lectura política inmediata desde la candidatura de De la Espriella. El aspirante presidencial calificó la decisión como un “autoatentado legislativo” y un “golpe de Estado”, sosteniendo que la medida habría sido diseñada para victimizar a Petro, permitirle seguir influyendo en la campaña y favorecer al candidato oficialista.
Una medida cuestionada por su validez
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tiene entre sus funciones revisar denuncias y eventuales responsabilidades de altos funcionarios del Estado. Pero distintos actores políticos y jurídicos han cuestionado que una sola representante, o incluso la comisión por sí misma, pueda suspender al Presidente de la República.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que la Comisión de Acusaciones actúa como órgano de instrucción y que solo el Senado podría suspender al mandatario después de que la Cámara actúe como ente acusador. Una postura similar fue expresada por otros parlamentarios y juristas citados por El País.
La propia Arizabaleta, según el mismo medio, ajustó posteriormente el alcance de su decisión para que fuera revisada por la comisión completa, en lo que técnicamente se conoce como “grado de consulta”.
Qué se investiga
De acuerdo con El País, la decisión de Arizabaleta se basa en una serie de mensajes publicados por el mandatario en redes sociales entre el 6 y el 9 de junio, en los que criticó al candidato opositor Abelardo de la Espriella y apoyó propuestas del aspirante oficialista Iván Cepeda.
Para los críticos de Petro, esas intervenciones podrían constituir participación indebida en política electoral desde la Presidencia. Para el entorno del mandatario, en cambio, sus pronunciamientos forman parte del debate público y de una respuesta frente a ataques políticos.
El propio Petro rechazó la medida y acusó a Arizabaleta de actuar bajo una supuesta “extorsión”, afirmando que la congresista habría pedido favores que el Ejecutivo no concedió. Arizabaleta ha negado motivaciones electorales, según reportó El País.
Una campaña cada vez más tensionada
Para De la Espriella, la decisión de Arizabaleta no sería un castigo real contra Petro, sino una maniobra política para mantenerlo como protagonista en la recta final. Su tesis se apoya en un punto llamativo: la medida salió desde una congresista del mismo sector político del mandatario.
Pero esa lectura debe ser tratada con cautela. Que Arizabaleta pertenezca al Pacto Histórico puede reforzar la sospecha política de sus adversarios, pero no prueba por sí solo que exista un montaje.
Lo que sí está claro es que la decisión abrió un conflicto institucional en un momento especialmente sensible. Colombia está a días de elegir entre la continuidad del proyecto político asociado a Petro, representado por Cepeda, o un giro hacia la derecha con De la Espriella.
