El Gobierno reconoció que deberá realizar ajustes a su megarreforma económica, también denominada Proyecto de Reconstrucción Nacional, luego del nuevo Informe de Finanzas Públicas presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La admisión fue realizada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien sostuvo que el escenario fiscal quedó más estrecho tras el informe de Hacienda, que proyectó una trayectoria de deuda pública más alta que la informada por la administración anterior.
En conversación con el podcast Cómo te lo explico, de La Tercera, García señaló que el informe de Quiroz “nos obligaría a tomar medidas adicionales”. Consultado sobre si eso implicaría cambios a la megarreforma o mayores recortes de gasto, respondió que podrían darse ambas cosas: “algunos ajustes en el proyecto, que signifiquen más ingresos o menores costos de la reforma; y también algunos mayores recortes en los presupuestos de los próximos años”.
Qué cambios evalúa el Gobierno
Uno de los principales ajustes mencionados por García Ruminot apunta a la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. El diseño original contemplaba un plazo de 25 años, pero el Gobierno ahora evalúa reducirlo a 20 años.
La invariabilidad tributaria es uno de los elementos más relevantes del proyecto, porque busca entregar certeza a inversiones de gran escala, pero también implica compromisos fiscales hacia el futuro. En un escenario de mayor deuda proyectada, el Ejecutivo reconoce que algunas medidas deberán revisarse para evitar un mayor deterioro de las cuentas públicas.
El ministro Segpres también fijó julio como un plazo razonable para sacar adelante la iniciativa, lo que muestra que La Moneda busca mantener el ritmo legislativo pese a las críticas y al nuevo escenario fiscal.
El informe que abrió el debate
El ajuste ocurre después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara inconsistencias en las proyecciones fiscales heredadas del gobierno de Gabriel Boric. Según Quiroz, el último Informe de Finanzas Públicas elaborado por la administración anterior habría subestimado la deuda pública proyectada para el período 2026-2030 en cerca de US$10.500 millones, equivalentes a unos tres puntos del PIB.
El nuevo cálculo de Hacienda proyecta que la deuda pública superaría el umbral prudencial de 45% del PIB en 2028 y alcanzaría 46,5% del PIB en 2030. Quiroz también anunció una investigación administrativa interna para esclarecer las causas y eventuales responsabilidades detrás de las diferencias detectadas.
La denuncia del actual Gobierno abrió una fuerte disputa política y técnica. El exministro Nicolás Grau rechazó la acusación y sostuvo que la proyección de deuda “no tiene errores de cálculo”, argumentando que las estimaciones dependen de variables como tipo de cambio, inflación, PIB nominal y otros movimientos financieros.
Una reforma bajo presión fiscal
La megarreforma ya venía enfrentando cuestionamientos antes del nuevo informe de Hacienda. El Consejo Fiscal Autónomo había advertido riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente por medidas como la rebaja del impuesto corporativo y otros incentivos que podrían reducir la recaudación.
Con el nuevo escenario, el Gobierno queda bajo doble presión: por un lado, busca defender su agenda de crecimiento e inversión; por otro, debe evitar que el proyecto aumente el déficit o profundice la trayectoria de deuda.
En términos políticos, el reconocimiento de García Ruminot marca un giro relevante. La Moneda intenta sostener su relato de responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo admite que su principal reforma económica tendrá que ser modificada para adaptarse a las cifras presentadas por Hacienda.
El desafío legislativo
El proyecto ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados y ahora enfrenta una etapa clave de negociación. El Gobierno necesitará ordenar sus apoyos y buscar acuerdos en el Congreso para evitar que los ajustes debiliten el corazón de la reforma.
La discusión también podría tensar el debate con la oposición, que ha cuestionado tanto el diagnóstico fiscal del Ejecutivo como el costo de la megarreforma. Desde la vereda del gobierno anterior, exautoridades han insistido en que la denuncia de Quiroz se apresura y que no existe evidencia suficiente para hablar de un error de cálculo.
Por ahora, el Ejecutivo busca transformar el informe fiscal en argumento para rediseñar parte de su proyecto. La pregunta será si esos cambios bastarán para convencer al Congreso, al Consejo Fiscal Autónomo y a los sectores que advierten que la reforma puede tensionar aún más las cuentas públicas.
