Imagen referencial del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb. Junaeb / Gobierno de Chile
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abrió un nuevo flanco contra la administración anterior luego de presentar una denuncia ante Fiscalía por presuntas irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según informó La Tercera, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, aseguró que el organismo encontró antecedentes que apuntarían a posibles fraudes, pagos por servicios no realizados, sobreprecios e irregularidades en licitaciones asociadas al programa. La situación se vincula con hechos ocurridos durante la administración del expresidente Gabriel Boric y con observaciones que ya habían sido revisadas por Contraloría.
En entrevista con el mismo medio, Peña fue más allá y sostuvo que, a su juicio, a la Contraloría “se le ocultó información”. “Tengo pruebas”, afirmó el director de Junaeb, al abordar la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
La denuncia de Junaeb
De acuerdo con BioBioChile, la denuncia del Gobierno apunta a irregularidades que alcanzarían cerca de $14 mil millones por raciones de alimentos y onces que no habrían sido entregadas a estudiantes, situación que se habría concentrado en tres unidades territoriales de la Región de O’Higgins.
El mismo medio señala que la auditoría interna de la actual administración calificó las anomalías como “gravísimas” y que uno de los focos corresponde al presunto pago de servicios no prestados dentro del Programa de Alimentación Escolar.
El caso convierte a Junaeb en la primera institución que el gobierno de José Antonio Kast lleva a Fiscalía tras la auditoría ordenada a la administración anterior. CNN Chile también consignó que la actual dirección de Junaeb acusa que se habrían ocultado antecedentes a Contraloría y que Peña afirma tener pruebas de esa situación.
El antecedente de Contraloría
El conflicto no aparece desde cero. En 2025 ya se había conocido un caso en que Contraloría constató pagos millonarios por raciones de comida que no fueron entregadas en la Región de O’Higgins. En esa oportunidad, se informó que Junaeb pagó $3.554 millones a la empresa Soser S.A. por 284 raciones, pese a que debieron haberse entregado 796 mil raciones, según reportó BioBioChile.
La Tercera agregó que Contraloría emitió recientemente un informe de seguimiento en el que dio por subsanadas algunas de sus observaciones, punto que ahora queda bajo cuestionamiento por la nueva denuncia presentada por Junaeb.
La acusación de Peña apunta precisamente a ese punto: según la actual dirección del organismo, la información entregada a Contraloría durante la revisión habría sido incompleta o insuficiente.
La defensa de la administración anterior
Desde la gestión anterior de Junaeb han rechazado la lectura del actual Gobierno. La exdirectora del organismo, Camila Rubio, sostuvo en entrevista con ADN Radio que las observaciones del período de Boric fueron subsanadas ante Contraloría y acusó que la denuncia busca construir un relato político para justificar eventuales recortes o cambios en beneficios sociales.
Rubio también planteó que la controversia debe ser analizada con cuidado, ya que el Programa de Alimentación Escolar es una política pública clave para millones de estudiantes y no debería ser usado como herramienta de disputa política.
Un programa sensible
El caso golpea a uno de los programas sociales más sensibles del Estado. El Programa de Alimentación Escolar entrega alimentación diaria a más de dos millones de estudiantes en el país y ha estado en el centro del debate público desde abril, cuando se conoció un oficio de Hacienda que sugería revisar o descontinuar distintos programas, incluyendo iniciativas vinculadas a alimentación escolar.
Tras esa polémica, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que no existía una decisión de recortar la alimentación escolar y sostuvo que el oficio formaba parte de un proceso técnico de revisión presupuestaria.
En ese contexto, la denuncia de Junaeb vuelve a poner el foco sobre la gestión del PAE, pero ahora desde otro ángulo: no por eventuales recortes, sino por presuntas irregularidades administrativas, pagos cuestionados y antecedentes que deberán ser revisados por Fiscalía.
Qué viene ahora
Con la denuncia presentada, será el Ministerio Público el encargado de investigar si existieron delitos, responsabilidades administrativas o eventuales fraudes en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
Por ahora, el punto central está en determinar si los pagos cuestionados correspondieron efectivamente a servicios no prestados, si hubo sobreprecios o licitaciones irregulares, y si la información entregada a Contraloría durante la administración anterior fue completa.
La acusación abre un nuevo capítulo en la disputa entre el actual Gobierno y la administración de Gabriel Boric por el estado en que quedaron distintos organismos públicos. Pero, tratándose de alimentación escolar, el impacto político y social es mayor: el programa beneficia directamente a estudiantes que dependen de esa comida para su jornada diaria.
