La Municipalidad de El Monte vuelve a estar bajo cuestionamiento luego de que publicaciones locales advirtieran que la alcaldesa Zandra Maulén podría arriesgar sanciones si el municipio no cumple con instrucciones de la Contraloría General de la República relacionadas con el nombramiento de un funcionario en un cargo de jefatura.
El caso apunta a Cristián Andrés Díaz Aguilar, quien fue designado primero como suplente y luego como titular en un cargo de jefatura grado 9 de la planta municipal. Según antecedentes contenidos en oficios de fiscalización de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Contraloría concluyó que el funcionario no cumplía con los títulos profesionales exigidos para desempeñar esa plaza.
De acuerdo con el oficio de fiscalización presentado por el diputado Juan Irarrázaval, el dictamen N° E542414/2024, de fecha 23 de septiembre de 2024, estableció que la Municipalidad de El Monte no debió designar a Díaz Aguilar en el cargo, ya que el requisito específico para la planta de jefaturas grado 9 contemplaba títulos como contador auditor, contador público y auditor, ingeniero comercial, administrador público o ingeniero en administración de empresas. El documento indica que el funcionario figuraba con el título de ingeniero en finanzas, lo que, según Contraloría, no satisfacía las exigencias fijadas para el cargo.
La instrucción de Contraloría
El pronunciamiento del órgano contralor no solo cuestionó la designación. También estableció que la irregularidad viciaba los actos de nombramiento y que la municipalidad tenía la obligación de declarar la nulidad de los decretos alcaldicios correspondientes.
El oficio parlamentario cita que Contraloría ordenó declarar la nulidad de los decretos alcaldicios N° 59 de 2023 y N° 583 de 2024, que designaban al funcionario en calidad de suplente y titular, respectivamente. Además, indicó que el municipio debía adoptar medidas para obtener la restitución de las remuneraciones percibidas por esos desempeños irregulares.
Según el mismo antecedente, Contraloría sostuvo que el funcionario conocía la inhabilidad que lo afectaba para ejercer el cargo, por no contar con el título profesional requerido, razón por la cual debía restituir las remuneraciones recibidas, sin perjuicio de su derecho a solicitar condonación o facilidades de pago conforme a la Ley N° 10.336.
Municipio recurrió, pero Contraloría rechazó la revisión
La Municipalidad de El Monte intentó revertir el criterio de Contraloría mediante un recurso extraordinario de revisión presentado en diciembre de 2024. Sin embargo, el oficio N° E49669, de 28 de marzo de 2025, rechazó ese recurso.
Según el documento de fiscalización de la Cámara, Contraloría estimó que no concurrían las causales invocadas por el municipio y que la solicitud se fundaba en no compartir una interpretación jurídica que correspondía al propio órgano de control. Con ello, la instrucción quedó firme: declarar la nulidad de los nombramientos y adoptar medidas para la restitución de remuneraciones.
Posteriormente, el diputado Irarrázaval solicitó a la alcaldesa Zandra Maulén que informara qué documentación había enviado el municipio a Contraloría para acreditar el cumplimiento de lo ordenado, además de precisar la situación jurídico-laboral del funcionario y desde cuándo cesaría en la planta de jefatura grado 9.
¿Puede haber sanciones?
Publicaciones locales han señalado que la alcaldesa Maulén podría arriesgar suspensión o multas si el municipio no cumple con lo ordenado por Contraloría. Esa afirmación debe tratarse con cuidado: lo verificable en los documentos revisados es que Contraloría ordenó medidas concretas y que desde la Cámara se pidió información sobre su cumplimiento.
En términos generales, la legislación municipal contempla responsabilidades administrativas para autoridades que incumplen instrucciones de órganos fiscalizadores o vulneran normas de probidad y juridicidad. Sin embargo, una eventual sanción específica requiere un procedimiento formal y no puede darse por aplicada antes de que exista una resolución competente.
Por eso, el foco responsable es que el municipio debe acreditar el cumplimiento de las instrucciones de Contraloría y que el caso podría escalar si no se adoptan las medidas exigidas.
Un caso sensible para la gestión municipal
El caso abre un nuevo flanco para la administración municipal de El Monte porque involucra tres elementos sensibles: la legalidad de un nombramiento, el eventual pago de remuneraciones en un cargo que Contraloría consideró mal provisto y la obligación de restituir recursos públicos.
Además, la discusión ocurre en un contexto donde los municipios enfrentan creciente presión por transparencia, probidad y control del gasto público. Para una comuna como El Monte, el cumplimiento de las instrucciones de Contraloría no solo tiene efectos administrativos, sino también políticos, porque impacta directamente en la confianza ciudadana hacia la gestión local.
Hasta ahora, el punto central es determinar si la Municipalidad de El Monte cumplió plenamente con declarar la nulidad de los nombramientos cuestionados, si inició las gestiones para recuperar las remuneraciones observadas y cuál es la situación actual del funcionario involucrado.
