Un informe de la Contraloría General de la República detectó una serie de falencias en el control de la calidad del agua potable que debe realizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), incluyendo observaciones vinculadas a empresas sanitarias con operación en distintas regiones del país.
Se trata del Informe Final N°51 de 2026, que revisó la labor fiscalizadora de la SISS entre enero de 2024 y julio de 2025 respecto de tres empresas: Aguas San Isidro, Nueva Atacama S.A. y Agua Potable Melipilla Norte S.A.
Según la información publicada por La Tercera, la Contraloría constató que la SISS no efectuó inspecciones en terreno a las instalaciones de agua potable de esas tres empresas, pese a la existencia de condiciones que eventualmente podrían afectar la calidad y continuidad del suministro.
La auditoría también advirtió que la superintendencia no cuenta con criterios formales de priorización para orientar su labor fiscalizadora. Esto, según el informe, podría incidir en la selección de los servicios sanitarios que son sometidos a evaluación.
Otro de los puntos observados fue la falta de derivación de antecedentes sobre eventuales incumplimientos a organismos competentes, como las respectivas seremis de Salud o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, Contraloría detectó que la SISS no dispone de procedimientos internos que regulen dichas derivaciones.
El informe también dio cuenta de desfases en la evaluación semestral del sistema de autocontrol, lo que podría afectar la oportunidad para adoptar medidas correctivas o iniciar eventuales procedimientos sancionatorios. A ello se suman retrasos en la atención de algunos reclamos de usuarios, con respuestas emitidas fuera de los plazos establecidos.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la SISS a adoptar medidas correctivas para fortalecer sus procesos de fiscalización, regularizar los mecanismos de derivación a otras instituciones, mejorar la oportunidad de evaluaciones y sanciones, y asegurar el cumplimiento de los plazos de atención ciudadana. La entidad deberá informar el estado de avance en un plazo de 60 días hábiles.
La SISS, por su parte, señaló que las observaciones representan una oportunidad para mejorar sus procesos y anunció medidas como reforzar las inspecciones en terreno, especialmente en prestadores medianos y pequeños, además de modernizar los criterios de priorización mediante nuevas matrices de riesgo.
Pese a las observaciones, la superintendencia aseguró que la calidad del agua potable entregada a la población cumple con la normativa vigente y que los sistemas de monitoreo permanente indican que el suministro es apto para consumo humano.
Por ello, el punto central de la auditoría no es afirmar que el agua se encuentre contaminada, sino advertir deficiencias en los mecanismos de fiscalización, seguimiento y coordinación institucional que deben garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria.
En el caso de Melipilla Norte, la mención de la empresa en el informe vuelve relevante el seguimiento de las medidas que deberá informar la SISS.
