La exministra y exvocera de Gobierno Camila Vallejo quedó en el centro de una nueva controversia luego de que se conocieran antecedentes sobre una sociedad médica vinculada a su familia política y sus contratos con el Estado.
El caso fue revelado inicialmente por El Líbero, que informó que la sociedad Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada, integrada por la suegra y cuñados de Vallejo, facturó $1.209 millones al Hospital Herminda Martín de Chillán durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Según los antecedentes citados por ese medio y luego recogidos por Emol, la empresa presta servicios oftalmológicos al sistema público de salud.
De acuerdo con Ex-Ante, la sociedad médica fue creada en 2003 y actualmente está integrada por Andrea Colomba San Martín Palma, suegra de la exministra; sus hijos Claudio Zicavo San Martín y Valeria Zicavo San Martín; y Osvaldo Aguiló Melo. Hasta 2018, también participó en la empresa Abel Zicavo San Martín, actual esposo de Camila Vallejo.
El mismo reporte de Ex-Ante señala que, considerando los últimos 15 años, la empresa registra contratos con el Hospital Herminda Martín de Chillán por más de $2.156 millones, de los cuales $1.209 millones corresponden al período del gobierno de Boric.
El flanco patrimonial
Uno de los puntos más sensibles del caso apunta a las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de Vallejo. Según los reportes publicados, la exsecretaria de Estado no habría individualizado en sus declaraciones a su suegra ni a la totalidad de sus cuñados.
La Ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, regula este tipo de declaraciones. Material de la Contraloría sobre la DIP explica que las autoridades obligadas deben informar parientes por consanguinidad en línea recta y, además, parientes por consanguinidad colateral y afinidad hasta segundo grado, categoría que incluye a suegros y cuñados.
En esa línea, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, afirmó a El Mercurio, según recogió Emol, que Vallejo “incumplió el deber que le impone la ley” al no individualizar a las personas con las cuales mantiene parentesco por afinidad.
La defensa de Vallejo
Vallejo respondió públicamente a los cuestionamientos y sostuvo que la sociedad médica lleva más de 17 años participando en licitaciones públicas, incluso durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
La exministra afirmó que todas las licitaciones fueron adjudicadas mediante “mecanismos reglados y transparentes” y que esos contratos financian el trabajo de profesionales y paramédicos en programas oftalmológicos, patologías GES y urgencias oftalmológicas. También planteó que la Ley 20.880 exige declarar nombre y RUT de parientes, no sus actividades comerciales.
Hospital descarta irregularidades
El Hospital Herminda Martín de Chillán también salió al paso de los cuestionamientos. A través de declaraciones recogidas por La Discusión, la directora subrogante del recinto, Ximena Espinoza, descartó que las contrataciones respondan a decisiones arbitrarias o fuera de norma.
Desde el hospital señalaron que las compras se realizan conforme a la Ley de Compras Públicas, a través de Mercado Público, y que responden a necesidades concretas de atención de pacientes, especialmente en prestaciones oftalmológicas de alta demanda y complejidad.
La autoridad del recinto agregó que la normativa contempla reglas, límites y controles para evitar decisiones arbitrarias, y que las contrataciones cuentan con fundamentos administrativos, técnicos y jurídicos. También sostuvo que la legislación permite, de forma excepcional y fundada, contratar a funcionarios del organismo o familiares cuando existan antecedentes que lo justifiquen.
