Bolivia atraviesa una nueva semana de alta tensión política y social. Las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz han escalado en La Paz y El Alto, donde manifestantes bloquearon caminos, se enfrentaron con la policía y presionaron al Ejecutivo con demandas económicas, laborales y sectoriales.
El conflicto se ha ido acumulando durante los últimos días. Lo que comenzó como una serie de reclamos de distintos sectores sociales terminó convertido en una presión directa contra el gobierno boliviano, en medio de una compleja crisis económica y de combustible.
En La Paz, grupos de mineros protagonizaron una de las jornadas más violentas de la semana. De acuerdo con Reuters, manifestantes intentaron avanzar hacia Plaza Murillo, el centro político del país, y se registraron explosiones durante la marcha. La agencia informó que los mineros, junto a campesinos y organizaciones sindicales, reclamaban por acceso a combustible, cambios laborales, nuevas normas mineras y medidas frente al deterioro económico.
La tensión también fue reportada por Associated Press, que describió enfrentamientos entre mineros y fuerzas policiales, con uso de dinamita por parte de manifestantes y respuesta con gases lacrimógenos. Según AP, las movilizaciones ya completaban cerca de dos semanas y comenzaron a ampliarse con bloqueos, protestas de maestros rurales y demandas de renuncia al presidente Paz.
La situación ha golpeado especialmente a La Paz, donde los bloqueos han afectado el abastecimiento de mercados, la circulación de vehículos y servicios sensibles. AP informó que el gobierno atribuyó al menos tres muertes a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los cortes de rutas.
El malestar tiene varias capas. Una de ellas fue la controversia por una reforma agraria que provocó rechazo de sectores campesinos e indígenas. El País informó que la Asamblea boliviana anuló esa polémica reforma en un intento por descomprimir la crisis, luego de una marcha de más de 1.000 kilómetros y bloqueos que incluyeron llamados a la renuncia del mandatario.
A ese escenario se suman reclamos por inflación, falta de combustible, salarios y condiciones laborales. En los últimos días, las protestas dejaron de ser solo sectoriales y pasaron a adquirir un tono político más duro, con grupos que exigen la salida del presidente.
El nombre de Evo Morales volvió a aparecer en medio de la crisis. Autoridades del gobierno boliviano han responsabilizado a sectores opositores y al entorno del expresidente de alentar las movilizaciones. Morales, en tanto, ha expresado apoyo a las protestas y ha advertido que el conflicto continuará si no se atienden demandas como combustible, alimentos e inflación, según reportó Reuters.
En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que hablan de un supuesto “golpe de Estado en marcha” en Bolivia. Algunas de esas versiones mencionan la irrupción de una supuesta “Guardia Pretoriana Indígena” de Evo Morales en El Alto y aseguran que grupos armados estarían avanzando hacia La Paz.
Sin embargo, hasta ahora esa versión no aparece confirmada por agencias internacionales, comunicados oficiales verificables ni medios confiables. Lo que sí está documentado es una escalada de protestas, bloqueos, enfrentamientos y presión política contra el gobierno de Rodrigo Paz.
Lo que sí existe es una acusación política de desestabilización. Ya algunos gobiernos de la región suscribieron una declaración de rechazo a “acciones desestabilizadoras” en Bolivia y llamaron al diálogo. Esa formulación apunta a la gravedad del escenario, pero tampoco confirma por sí sola un golpe de Estado consumado.
Para el gobierno de Rodrigo Paz, el desafío es doble. Por un lado, debe responder a demandas concretas de sectores movilizados en un contexto económico difícil. Por otro, necesita evitar que la presión callejera derive en una crisis mayor de gobernabilidad.
