Tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile fueron detenidos este lunes por su presunta participación en la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ocurrida el 8 de abril durante una actividad académica en Valdivia. Según informó Emol, los imputados son María Madariaga Rojas, Joaquín Monje Sazo y Pablo Vásquez Burgos, quienes fueron puestos a disposición de la justicia por los hechos ocurridos en el campus.
De acuerdo con Emol, a cada uno se le atribuye una participación específica en el episodio: Madariaga habría lanzado un líquido contra la ministra, Monje es sindicado como quien agredió a un funcionario de la Armada y Vásquez como quien actuó de manera violenta y atacó el auto en el que se refugió Lincolao. El medio agrega que las órdenes de detención fueron otorgadas por el Juzgado de Garantía de Valdivia a solicitud de la Fiscalía de Los Ríos.
La detención de los tres estudiantes también fue confirmada por BioBioChile, que recordó que la agresión ocurrió durante la visita de la ministra al inicio del año académico de la UACh y que los aprehendidos son alumnos de la casa de estudios.
El caso avanzó luego a audiencia de formalización. Según La Tercera, los tres imputados fueron formalizados por atentado contra la autoridad, y el tribunal decretó como medidas cautelares arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima, descartando por ahora medidas más gravosas. El plazo de investigación quedó fijado en 120 días.
El episodio ha tenido además una fuerte repercusión política. El País recordó que, tras la agresión del 8 de abril, el gobierno anunció una querella criminal por atentado contra la autoridad, mientras distintos sectores condenaron lo ocurrido en la universidad. Ese mismo medio reportó que durante la protesta la ministra fue insultada, le arrojaron agua y debió salir resguardada tras permanecer retenida durante horas en un aula.
Con la detención y formalización de los tres estudiantes, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial. Más allá de la dimensión penal, el episodio sigue tensionando la discusión sobre los límites de la protesta estudiantil y el resguardo de autoridades públicas en actividades universitarias.
