Foto: Fuerza Aérea de Chile.
Mientras continúan las labores de emergencia y rehabilitación en distintos puntos del país, comienza a abrirse una segunda discusión: cuánto costará reparar la infraestructura dañada, recuperar las actividades productivas interrumpidas y apoyar a las familias y empresas afectadas por el sistema frontal.
La cifra definitiva todavía no existe. Los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Minería y Energía permanecen levantando información sectorial, por lo que cualquier monto disponible debe entenderse como una estimación preliminar y no como un balance oficial del Ejecutivo.
El economista Patricio Rojas proyectó que las pérdidas probablemente superarán los US$759 millones que el Ministerio de Hacienda calculó después de las inundaciones de junio de 2023. Su estimación considera que el actual evento se extendió desde Atacama hasta Los Ríos y afectó simultáneamente viviendas, infraestructura pública, electricidad, agua potable, transporte y distintas actividades productivas, según consignó Ex-Ante.
El precedente de 2023 permite dimensionar la magnitud potencial del daño. En aquella oportunidad, el Ministerio de Hacienda calculó pérdidas por US$759 millones entre Valparaíso y Biobío. De ese total, US$628 millones correspondieron a viviendas e infraestructura pública, mientras otros US$131 millones estuvieron asociados a la actividad e infraestructura agropecuaria.
Solo las afectaciones en rutas y caminos alcanzaron entonces los US$280 millones. Los daños en viviendas sumaron US$222 millones, mientras las defensas fluviales y encauzamientos representaron US$63 millones y los puentes otros US$57 millones. Esas cifras corresponden al daño económico total y no deben confundirse con el gasto fiscal que finalmente realiza el Estado para entregar ayudas y financiar la reconstrucción.
El actual temporal ya provocó daños en una superficie territorial mayor. El balance difundido por Senapred contabilizaba 1.652 personas damnificadas, 16.607 aisladas y más de 14 mil viviendas con distintos niveles de daño o todavía en evaluación. Además, 33.669 clientes permanecían afectados por problemas en el abastecimiento de agua potable en Coquimbo.
La gravedad de la situación llevó al Gobierno a declarar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para toda la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco. La decisión fue adoptada debido a los cortes de servicios básicos, desplazamientos de tierra, interrupciones de caminos y aumento de caudales registrados durante las últimas jornadas.
Comercio, minería y agricultura comienzan a calcular sus pérdidas
Uno de los primeros sectores en entregar una estimación fue el comercio. La Cámara Nacional de Comercio calculó que las ventas minoristas de las 31 comunas más afectadas acumulan pérdidas superiores a US$14,3 millones, cifra que podría acercarse a los US$19 millones si las condiciones empeoran. El cálculo considera un universo de más de 30.500 empresas.
Coquimbo concentraría la mayor afectación comercial, con pérdidas estimadas entre US$9,9 millones y US$12,1 millones. Sin embargo, estas cifras no constituyen todavía un catastro definitivo de locales dañados, inventarios perdidos o equipamiento inutilizado, sino una proyección sectorial elaborada mientras la emergencia continúa en desarrollo.
En minería, la principal preocupación está concentrada en los productores de menor tamaño. La Sociedad Nacional de Minería solicitó la implementación de un plan extraordinario para los pequeños mineros de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, donde se han registrado daños en caminos, accesos a faenas, conectividad e infraestructura crítica.
Las tres regiones reúnen a más de 26 asociaciones gremiales que representan a alrededor de 600 pequeños productores. El gremio advirtió que la paralización de las faenas no solo afecta directamente a los mineros, sino también al empleo, los proveedores y la actividad económica de comunas que dependen de esa cadena productiva.
En el sector agrícola, el primer balance oficial fue más acotado. El Ministerio de Agricultura informó inicialmente daños por viento en invernaderos y techumbres, además de inundaciones en praderas. La cartera señaló que algunos productores podrían requerir apoyo con forraje durante las próximas semanas, aunque el levantamiento definitivo todavía estaba pendiente.
La emergencia también podría reflejarse en la actividad económica de julio. La economista senior de BCI Francisca Pérez anticipó que la proyección preliminar del Imacec, situada alrededor de 1,9%, probablemente deberá revisarse a la baja por las interrupciones sufridas por la minería y la agricultura.
Una parte de esa caída podría compensarse en los meses siguientes mediante la normalización de las operaciones, los trabajos de reparación y reconstrucción y una mayor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. Sin embargo, esa recuperación posterior no elimina las pérdidas experimentadas durante los días de paralización.
Ayuda humanitaria y una cuenta que todavía permanece abierta
Mientras se dimensionan los daños, el Gobierno comenzó a reforzar la asistencia hacia las zonas más afectadas. Durante este lunes se despachó un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea hacia La Serena con seis toneladas de ayuda humanitaria, informó La Tercera.
La carga incluía 14 pallets con kits de alimentación, higiene personal, artículos para niños y lactantes e implementos de aseo domiciliario. También se trasladaron más de 14 mil sacos de arena y tres funcionarios de Senapred para reforzar los equipos desplegados en la región. El Ejecutivo señaló que este sería el primero de varios vuelos destinados a apoyar a las comunidades afectadas.
El envío permite dimensionar la fase de asistencia inmediata, pero no entrega todavía antecedentes suficientes para calcular el costo fiscal total. La cuenta final deberá considerar la ayuda entregada a las familias, la reparación de viviendas, caminos, puentes, hospitales y sistemas de agua potable, además de las pérdidas productivas y los recursos que requerirán las pequeñas empresas, agricultores y mineros para retomar sus actividades.
Por ahora, los US$750 millones no representan un daño comprobado, sino un umbral que el actual temporal podría superar según una estimación económica preliminar. Confirmar si efectivamente se convirtió en la emergencia climática más costosa de la década dependerá de los catastros que todavía elaboran los ministerios, gobiernos regionales, municipios y gremios productivos.
