La Cámara Alta dio luz verde a los principales ejes del proyecto impulsado por el Ejecutivo, incluyendo la rebaja gradual del impuesto corporativo al 23% y la reintegración del sistema tributario. La iniciativa avanzará ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.
La aprobación representa uno de los mayores triunfos legislativos del Ejecutivo desde el inicio de su mandato, aunque también abrió un nuevo frente político. Parlamentarios de oposición cuestionaron el contenido de la iniciativa y anticiparon acciones ante el Tribunal Constitucional, mientras diversos economistas mantienen un intenso debate sobre sus efectos fiscales y su capacidad para impulsar el crecimiento económico.
Rebaja del impuesto corporativo y reintegración marcan la reforma
Uno de los principales cambios aprobados por el Senado fue la reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta el 23%, junto con el restablecimiento de la reintegración tributaria, una de las promesas de campaña del presidente Kast. Desde el Gobierno sostienen que ambas medidas buscan mejorar la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y favorecer la creación de empleo.
La iniciativa también incorpora mecanismos de estabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión y otras medidas orientadas a acelerar el desarrollo económico. Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo es entregar mayor certeza jurídica a quienes inviertan en Chile y estimular el crecimiento en un contexto de desaceleración económica y aumento del desempleo.
El proyecto logró avanzar gracias al respaldo de la totalidad del oficialismo y apoyos puntuales que permitieron alcanzar la mayoría necesaria en las votaciones más relevantes. Sin embargo, varios artículos fueron aprobados por márgenes estrechos, reflejando la alta polarización política que ha acompañado la tramitación de la reforma desde su ingreso al Congreso.
Críticas por el impacto fiscal y optimismo en los mercados
La aprobación de la megarreforma generó reacciones divididas. Desde la oposición, distintos parlamentarios calificaron la iniciativa como regresiva y cuestionaron su sostenibilidad fiscal, señalando que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar algunos de sus contenidos. También criticaron que una reforma tributaria de esta magnitud haya avanzado sin un amplio consenso político y técnico.
En contraste, desde el mundo financiero comenzaron a surgir evaluaciones favorables. Analistas de J.P. Morgan destacaron que el avance legislativo reduce la incertidumbre política y podría fortalecer las perspectivas económicas del país, aunque advirtieron que el impacto definitivo dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso y de la implementación de las medidas.
Con la aprobación del Senado, el proyecto ingresará nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar su tramitación. Allí deberá resolverse si las modificaciones introducidas por la Cámara Alta son ratificadas o si corresponde iniciar una nueva etapa de discusión legislativa antes de que la iniciativa pueda convertirse en ley.
