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La Operación Tokio ya no solo es una investigación sobre crimen organizado.
También es una pregunta abierta sobre plata, bancos, alertas financieras y controles que, al menos con los antecedentes disponibles, no parecen haber llegado a tiempo donde tenían que llegar.
La causa, encabezada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, apunta a una red vinculada al Tren de Aragua que habría lavado más de $75 mil millones en Chile, utilizando empresas, cuentas bancarias, plataformas de criptomonedas y personas que prestaban sus datos o recibían fondos para mover dinero de origen ilícito.
El caso terminó con 17 imputados formalizados, de los cuales 14 quedaron en prisión preventiva, mientras otros tres recibieron medidas de arresto, según informó Radio Universidad de Chile. El tribunal fijó además un plazo de 150 días para la investigación.
Pero en los últimos días aparecieron dos nuevos antecedentes que vuelven el caso más complejo.
El primero fue revelado por CIPER: la Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió al fiscal nacional Ángel Valencia al menos cuatro documentos, entre abril de 2024 y mayo de 2026, con reportes de operaciones sospechosas emitidos por bancos. Esos reportes alertaban sobre movimientos asociados a personas y sociedades que luego aparecerían vinculadas a la red financiera del Tren de Aragua.
El dato más sensible es la fecha. Según CIPER, el primer documento fue enviado en abril de 2024, cerca de dos meses antes del quíntuple homicidio de Lampa que terminó abriendo la hebra investigativa del caso.
El segundo antecedente fue publicado por Ex-Ante y muestra el lado más violento de la red. Según el expediente citado por ese medio, un productor del concierto del salsero dominicano Michel El Buenón, realizado en agosto de 2024 en el Teatro Caupolicán, denunció haber sido amenazado por personas vinculadas al Tren de Aragua. La exigencia era pagar US$16 mil mediante Binance USDT. La amenaza, según su declaración, incluía lanzar una granada al recinto si no recibían el dinero.
Las alertas financieras que abren preguntas
CIPER informó que los documentos enviados por la UAF contenían Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por bancos sobre movimientos vinculados a la red investigada. Entre los antecedentes aparecen sociedades como BexDigital Service y BexGroup, además de información sobre el ejecutivo del Banco Santander José Carlos Pérez Asencio, imputado en la causa.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, dijo en Radio Duna que esos reportes los recibió “hace poco” y porque él mismo los solicitó. También afirmó que los bancos sí habían emitido alertas sobre operaciones sospechosas relacionadas con el ejecutivo del Santander y las empresas involucradas, pero que esos antecedentes no llegaron oportunamente a la fiscalía regional que llevaba la investigación.
Con lo que se conoce hasta ahora, no corresponde afirmar que alguien ocultó información. Pero sí queda instalada una pregunta institucional evidente: si los bancos reportaron, la UAF procesó y la Fiscalía Nacional recibió antecedentes, ¿por qué esa información no llegó antes a la Fiscalía Regional Sur?
La Fiscalía Nacional respondió a CIPER que los reportes de la UAF son recibidos y analizados por unidades especializadas, para luego ser derivados a las fiscalías regionales cuando corresponde.
Empresas, bancos y criptomonedas
Según CIPER, la organización habría utilizado “abonantes” y “presta-cuentas” para recibir y mover fondos. También aparecen sociedades que habrían servido para canalizar dinero, entre ellas BexDigital, vinculada a Óscar Delgado Guerrero, imputado por su presunta participación en el lavado de miles de millones para la red.
El caso también golpeó al sistema bancario. José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, fue detenido e imputado por su presunta participación en la apertura o facilitación de cuentas usadas por la organización. Además, El País informó que entre los 17 imputados figura una segunda ejecutiva bancaria, Rossana Blanco Blanco, quien trabajaba para BancoEstado a través de un proveedor externo.
Para que el lavado de activos funcione necesita cuentas, sociedades, transferencias, documentos, intermediarios y, muchas veces, puntos débiles dentro del sistema formal.
La investigación deberá determinar responsabilidades penales. Pero el golpe institucional ya está instalado: una red vinculada al Tren de Aragua habría logrado usar herramientas del sistema financiero chileno para mover dinero proveniente de delitos como extorsión, narcotráfico, trata de personas, secuestros y contrabando, según antecedentes citados por distintos medios.
La amenaza en el Teatro Caupolicán
Según un reportaje de Ex Ante, el expediente de la Operación Tokio recoge la denuncia de un productor que organizaba un concierto salsero en el Teatro Caupolicán. En esa declaración aparece una amenaza atribuida a “Yefri”, identificado como Jefrey Jesús Miranda Pinto.
El productor afirmó que “Yefri” le exigía el pago de US$16 mil mediante Binance USDT y que, si no recibía el dinero, terminaría lanzando una granada al recinto.
El caso permite entender cómo la organización habría buscado controlar eventos, cobrar cuotas y condicionar actividades masivas mediante miedo.
Una investigación que todavía puede crecer
La causa sigue abierta y sus alcances aún están por determinarse.
Por ahora, hay 17 imputados, 14 personas en prisión preventiva y una investigación que apunta a lavado de activos, redes financieras, extorsión, uso de criptomonedas y eventuales facilitadores dentro del sistema bancario.
