Internacional

Presidente Nawrocki denuncia una ruptura constitucional en Polonia: soberanía y contrapesos democráticos en juego

El presidente Nawrocki y el eurodiputado Dominik Tarczyński acusan una toma del Tribunal Constitucional para favorecer al Gobierno de Donald Tusk. El primer ministro sostiene que busca restablecer el Estado de derecho. La confrontación tiene relación con una mayor apertura a la Unión Europea, el uso del euro y la autonomía en la política migratoria.

Monserrat Pacull
Monserrat Pacull El Carrerino · Ayer · 5 min de lectura · 9 visitas
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Presidente Nawrocki denuncia una ruptura constitucional en Polonia: soberanía y contrapesos democráticos en juego

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El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, denunció una vulneración del orden constitucional tras la intervención del Tribunal Constitucional el viernes 30 de octubre por fuerzas policiales dirigidas por el primer ministro Tusk. La suspensión de sus máximas autoridades, el despliegue policial y la disputa por el nombramiento de jueces del Constitucional llevaron al presidente Nawrocki a interrumpir un viaje a Senegal y regresar al país. Para el campo conservador, lo ocurrido compromete un contrapeso decisivo frente al Gobierno de Donald Tusk.

Polonia es una república parlamentaria en la que el presidente ejerce como jefe de Estado, mientras el primer ministro dirige el Gobierno y necesita el respaldo del Parlamento. El presidente, elegido por votación popular, tiene atribuciones propias, como vetar leyes y participar en nombramientos institucionales. Esta distribución del poder explica la confrontación entre Nawrocki y Tusk: representan sectores políticos adversarios y deben compartir decisiones en materias clave.

«Anoche se vulneró el orden constitucional de la República de Polonia», afirmó el presidente Nawrocki en el comunicado de Presidencia publicado el sábado 31 de octubre. El presidente denunció la toma por la fuerza de un órgano constitucional, exigió retirar las fuerzas enviadas por el Gobierno y convocó consultas urgentes con los grupos parlamentarios. Reconoció, además, a Bartłomiej Sochański como vicepresidente legítimo del tribunal. Su declaración situó el conflicto en la defensa de la continuidad institucional y de los límites al poder del Ejecutivo.

El detonante fue la decisión de la jueza de un Tribunal Regional y cercana Tusk, Anna Korwin-Piotrowska, de suspender durante un mes al presidente del Constitucional, Bogdan Święczkowski, y a Sochański, acúsandolos de haber detenido el funcionamiento del Tribunal Constitucional y asumir ella la presidencia del alto Tribunal. La legalidad de ese procedimiento y su autoridad de mando están cuestionadas. El magistrado Jakub Stelina explicó al periódico Business Insider Polska que la sustitución de una autoridad impedida de actuar presupone una situación previa que habilite el reemplazo; en este caso, objetó, esa imposibilidad habría sido creada por la propia suspensión dispuesta por quien pasó a dirigir el tribunal.

El eurodiputado conservador Dominik Tarczyński atribuye a la operación un alcance mayor. En declaraciones difundidas por RRSS después de los acontecimientos, sostiene que el Gobierno pretende controlar al Constitucional para remover obstáculos a su proyecto político y proteger sus decisiones frente a una eventual derrota electoral en 2027. Vincula ese propósito con la sustitución del złoty por el euro, el traslado de reservas de oro al Banco Central Europeo y la imposición de la Unión Europea de la política migratoria, obligando a la recepción de migrantes árabes, subsaharianos o del Magreb procedentes de Alemania, a lo que Polonia lleva años negándose de manera categórica.

Además, califica los hechos como un intento de golpe y como parte de la confrontación internacional entre conservadores y fuerzas globalistas que han ido amputando la soberanía a los países de la Eurozona y sostiene que un Gobierno que controla al órgano encargado de revisar sus leyes, reduce la capacidad efectiva de fiscalización sobre sus propias decisiones.

Por ahora, la autonomía monetaria tiene protección constitucional en Polonia. El artículo 227 reserva al Banco Nacional de Polonia la emisión de moneda y la formulación de la política monetaria. El informe europeo de convergencia de 2026 identifica disposiciones nacionales que deben adaptarse para la incorporación al Eurosistema. Adoptar el euro supondría, por tanto, compartir competencias que hoy se ejercen nacional y soberanamente. Pero controlar el Constitucional no sustituye por sí solo el procedimiento de reforma, necesita de dos tercios de los votos en la Cámara Baja polaca (Sejm) y mayoría absoluta en el Senado, además de la aprobación del Tribunal Constitucional.

Ingresar al euro, sin embargo, contempla aportaciones de activos de reserva al Banco Central Europeo, aunque no implica transferir automáticamente todo el oro nacional. Bulgaria explicó que su aportación combinaba divisas y oro y se registraba como un activo frente al banco europeo.

La desconfianza hacia la UE y Alemania de los soberanistas tiene antecedentes políticos e históricos. Nawrocki rechaza mecanismos que considera capaces de aumentar la dependencia financiera y estratégica polaca, recordando además el pacto Ribbentrop-Molotov de 1939 entre Alemania y la URSS, que preveía secretamente el reparto de Polonia.

Su enfrentamiento con Tusk por los 43.700 millones de euros en préstamos europeos para defensa fue cuestionado por el presidente debido al endeudamiento y la dependencia respecto de Alemania; mientras que el Gobierno defendió los recursos para fortalecer las capacidades militares.

Tusk ofrece una explicación opuesta. En su discurso del sábado sostuvo que Święczkowski bloqueaba el trabajo de jueces elegidos legítimamente por el Parlamento y que Nawrocki se negaba a recibir sus juramentos. Afirmó que la policía protegía a esos magistrados frente a agresores y acusó al PiS y a los presidentes Duda y Nawrocki de erosionar el Estado de derecho. También prometió que el Constitucional actuaría independientemente de él. Su argumento es que la intervención permite recuperar una institución cuya composición y funcionamiento quedaron cuestionados durante los gobiernos conservadores, aunque los cuestionamientos a la gestión anterior tampoco conceden al Ejecutivo una autorización ilimitada para reorganizar los contrapesos que deben controlarlo, sino que debilita aún más el estado de derecho.

Para Chile, el interés está en una Europa institucionalmente estable, capaz de sostener relaciones comerciales previsibles y compromisos internacionales. Una confrontación prolongada en Polonia podría dificultar la coordinación europea en seguridad y política exterior, al mismo tiempo que el avance de movimientos globalistas y antisoberanistas en el mundo, hacen a nuestro país más débil relativamente ante cualquier negociación.

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