La suspensión de los siete recorridos de buses eléctricos gratuitos de la comuna de El Monte continúa generando reacciones y abriendo un debate sobre el alcance del fallo de la Corte Suprema, la responsabilidad de las autoridades municipales y las alternativas de conectividad para los vecinos.
En ese contexto, El Carrerino conversó en exclusiva con el consejero regional (CORE) por la provincia, Jaime González, abogado de profesión, quien manifestó su preocupación por la decisión de la administración municipal de suspender completamente el servicio y sostuvo que, desde su interpretación jurídica, la resolución judicial establece la necesidad de adecuar los recorridos, no necesariamente eliminar toda prestación de transporte municipal.
“Estoy preocupado por cómo las autoridades montinas han entendido el fallo de la Corte Suprema. Lo que hace el fallo es señalar que hay que ajustar, no hay que suspender el servicio de buses eléctricos”, afirmó González durante la entrevista.
El consejero explicó que, a su juicio, los ajustes deben considerar la no superposición de recorridos con las líneas de taxis colectivos y una focalización de los beneficiarios, de acuerdo con las condiciones establecidas por el tribunal.
La controversia adquiere especial relevancia para los habitantes de sectores rurales como Chiñihue, quienes utilizaban estos servicios para trasladarse hacia el centro de El Monte y otros destinos.
González apunta a una decisión de la administración municipal
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el consejero regional apunta a que la suspensión total de los recorridos habría sido una determinación adoptada por la alcaldesa y su administración, y no una instrucción expresa de paralizar todos los servicios contenida en el fallo.
En ese sentido, González sostuvo que la Municipalidad tendría que haber evaluado las alternativas para adecuar el funcionamiento de los buses a las exigencias establecidas por la Corte Suprema.
“Estos dos días y los que vengan donde no haya transporte público municipal es una decisión de la alcaldía, no es una decisión que emane del fallo de la Corte”, señaló.
El CORE agregó que, desde su perspectiva, existían alternativas para mantener prestaciones de transporte bajo condiciones ajustadas a la resolución judicial, mediante una reorganización de los recorridos y una definición más precisa de sus beneficiarios.
El alcance del fallo y el recurso de aclaración
Durante la conversación, Jaime González también se refirió al estado procesal de la resolución judicial y al recurso de aclaración que, según informó públicamente la alcaldesa Zandra Maulén, habría presentado el municipio.
El consejero sostuvo que, mientras existan actuaciones pendientes, deben analizarse cuidadosamente los efectos jurídicos de la sentencia y las condiciones para su cumplimiento.
Al respecto, señaló que la alcaldesa había informado sobre la presentación de un recurso de aclaración y planteó que, desde su interpretación, la sentencia todavía no se encontraría firme y ejecutoriada.
Lo que sí establece el fallo de la Corte Suprema, según los antecedentes publicados por La Tercera, es que el municipio debe adoptar medidas para ajustar el servicio de transporte al traslado de estudiantes y organizaciones comunitarias de El Monte.
La resolución también señala que los municipios pueden proporcionar transporte privado gratuito a grupos determinados de vecinos, pero no ofrecer un servicio abierto al público general en las condiciones cuestionadas en esta causa.
Por lo tanto, la discusión no se limita a mantener o eliminar los buses, sino a determinar cómo debe reorganizarse el servicio para cumplir con lo resuelto por el tribunal.
Duras críticas a la gestión jurídica municipal
Otro de los aspectos más relevantes de la entrevista fue la crítica que González realizó al trabajo jurídico y administrativo de la Municipalidad de El Monte durante la tramitación de la controversia.
El consejero afirmó que, según los antecedentes que conoce, la representación municipal no habría comparecido a los alegatos tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema.
“Yo ya había mencionado que, y es público también porque todos lo pueden verificar, que el equipo jurídico no se presentó a alegar ni en la Corte de Apelaciones ni en la Corte Suprema”, manifestó.
Asimismo, cuestionó que los informes municipales habrían llegado después de que la Corte de Apelaciones solicitara reiteradamente su presentación.
Para González, estos antecedentes reflejarían deficiencias en la defensa jurídica de una iniciativa financiada con recursos públicos y que tenía como objetivo mejorar la conectividad de los habitantes de la comuna.
El consejero también planteó que habría existido una falta de coordinación previa con los representantes del transporte colectivo, señalando que una mesa de trabajo podría haber permitido identificar eventuales superposiciones de recorridos y buscar acuerdos antes de que el conflicto llegara a su actual escenario judicial.
El problema del transporte no se limita a los buses eléctricos
Durante la entrevista, González amplió la discusión hacia una problemática que afecta no solamente a El Monte, sino también a otras comunas rurales de la provincia de Talagante y sus alrededores.
El consejero señaló que existen dificultades relacionadas con la frecuencia de los servicios, la cobertura territorial y los costos que deben asumir los usuarios para trasladarse diariamente.
A su juicio, los recursos públicos destinados a mejorar la conectividad deben utilizarse de manera focalizada y conforme a las atribuciones de cada organismo.
Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de los buses eléctricos en Talagante, donde existen servicios destinados a estudiantes y recorridos que permiten cubrir sectores u horarios en los que no hay suficiente oferta de transporte colectivo.
“Los buses eléctricos tienen que utilizarse como corresponde. Y al utilizarlos como corresponde es que se focalice a quienes debe beneficiar”, explicó.
González defendió la participación del Estado cuando los servicios privados no logran responder adecuadamente a las necesidades de la población, especialmente en territorios rurales donde la conectividad representa una dificultad permanente.
En ese contexto, manifestó que sería positivo que El Monte pudiera contar incluso con más buses eléctricos, siempre que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales y a las necesidades de los grupos beneficiarios.
Llamado a una mesa de trabajo con colectiveros y juntas de vecinos
Consultado sobre las posibles soluciones para enfrentar la suspensión, el consejero regional hizo un llamado directo a la alcaldesa Zandra Maulén para que convoque a una instancia de diálogo con todos los sectores involucrados.
González sostuvo que una eventual solución no puede construirse únicamente considerando la posición del municipio o de los operadores de transporte, sino que también debe incorporar a las comunidades que dependen de estos servicios.
“Mi invitación es a sentarse a conversar con todos, sin ningún tipo de exclusión y tener un debate con altura de mira”, expresó.
En esa línea, planteó la necesidad de convocar a representantes de las líneas de taxis colectivos, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, con el propósito de revisar los recorridos, identificar las necesidades de transporte y encontrar alternativas que permitan cumplir con la resolución judicial.
El CORE manifestó además su disposición a contribuir desde su cargo, señalando que su principal llamado es que la autoridad municipal actúe conforme a la normativa y busque soluciones que consideren a todos los habitantes de la comuna.
Críticas a la intervención política en el conflicto
Durante la conversación, el consejero también fue consultado por el anuncio del diputado Ignacio Achurra de llevar el tema a la Comisión de Transportes.
González calificó esa iniciativa como “un acto absolutamente inconducente” y sostuvo que, a su juicio, la discusión debe concentrarse en cómo la Municipalidad puede implementar correctamente la resolución judicial.
El consejero planteó reparos a que parlamentarios se involucren en una controversia que se encuentra en conocimiento de los tribunales, invocando las limitaciones constitucionales que rigen el ejercicio de sus funciones.
En su opinión, las autoridades deberían evitar controversias políticas que no contribuyan a resolver el problema concreto de conectividad que enfrentan los vecinos de El Monte.
Su postura es que el municipio debe concentrar sus esfuerzos en reorganizar el servicio, cumplir las disposiciones judiciales y establecer mecanismos de coordinación con los distintos actores del transporte comunal.
Los vecinos, nuevamente en el centro de la controversia
A pesar de las diferencias jurídicas y políticas, el impacto de la suspensión se refleja directamente en la vida cotidiana de los habitantes de El Monte.
Durante la entrevista, se planteó la situación de vecinos de Chiñihue que, tras la paralización de los recorridos, debieron esperar en los paraderos sin contar con la alternativa municipal que utilizaban para llegar a sus trabajos y establecimientos educacionales.
González manifestó que son precisamente los habitantes de la comuna quienes terminan enfrentando las consecuencias de las decisiones administrativas y de las dificultades de gestión.
“Los alcaldes pasan, los problemas quedan y los vecinos siguen padeciendo los mismos problemas de siempre”, expresó.
El Carrerino seguirá atento a la evolución de este caso, las explicaciones que entregue la Municipalidad de El Monte y las eventuales gestiones que permitan encontrar una solución. El transporte es una necesidad cotidiana de los montinos y su conectividad no puede quedar en el plano de las diferencias políticas
