Imagen generada con IA
En El Monte, salir temprano no garantiza llegar a tiempo. Hay trabajadores que parten tres horas antes y llegan tarde igual. Estudiantes que viajan a Santiago todos los días en condiciones que nadie elegiría si tuviera otra opción. Un sistema de transporte que no responde a la realidad de la comuna lleva años siendo una deuda pendiente, visible y concreta.
Esa necesidad real explica por qué cualquier promesa de solución gratuita genera aplausos
inmediatos. Y también explica por qué es tan difícil hacer la pregunta que corresponde antes de
aplaudir: ¿está bien diseñada? ¿Es sostenible? ¿Resuelve el problema o crea uno nuevo?
La Corte Suprema cuestionó el servicio de buses eléctricos municipales porque excedió su finalidad original, se superpuso con el transporte regulado y afectó la libertad económica de quienes ya operaban en esas rutas. La sentencia no niega el problema de fondo. Lo que señala es que una solución mal diseñada no deja de ser un problema, aunque venga envuelta en buenas intenciones.
Nada es gratis
Que usted no lo pague de su bolsillo no significa que no tenga costo. Lo paga el contribuyente, con
recursos que pertenecen a todos y que deben distribuirse entre múltiples necesidades. Comprar buses es apenas el comienzo: después hay que financiar conductores, energía, seguros, mantención,
administración y futuras reposiciones.
Por eso, antes de implementar un servicio municipal de estas características, correspondía preguntarse si era mejor operar buses propios o coordinarse con los transportistas existentes para mejorar frecuencias, cobertura, puntualidad e información. Si había personas sin alternativas adecuadas, también era posible estudiar soluciones complementarias y focalizadas.
Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿qué ocurre cuando el Estado, en vez de garantizar
que los servicios funcionen, comienza a sustituir progresivamente a quienes pueden prestarlos?
El precio de la dependencia
Un beneficio gratuito puede resolver una necesidad concreta. El problema aparece cuando convertimos esa solución en la respuesta habitual para cada dificultad de la sociedad.
El Estado no crea recursos por el solo hecho de distribuirlos. Los obtiene de los contribuyentes y de la actividad económica que genera la riqueza del país. Cuanto más amplía sus funciones, más recursos necesita y mayor es el riesgo de que crezcan las estructuras administrativas que deben sostenerlas.
Pero el costo no es solamente económico. También puede ser una pérdida gradual de libertad.
Una sociedad en la que las personas dependen cada vez más del Estado para satisfacer sus
necesidades corre el riesgo de debilitar su autonomía, su capacidad de iniciativa y su disposición a
buscar soluciones propias. El ciudadano puede dejar de verse como protagonista de su futuro y
comenzar a relacionarse con el poder público principalmente como receptor de beneficios.
La dependencia no aparece de un día para otro. Se construye cuando olvidamos que los recursos son limitados, que las prestaciones tienen un costo y que ninguna autoridad puede sustituir indefinidamente la capacidad de las personas, las familias, las comunidades y los emprendedores para organizarse y generar valor.
Esto no significa abandonar a quienes necesitan ayuda. Al contrario: un Estado responsable debe
proteger a los más vulnerables y asegurar que nadie quede excluido de servicios esenciales. Pero para hacerlo bien debe priorizar, focalizar y evaluar. Si pretende resolverlo todo, corre el riesgo de terminar haciendo menos por quienes más lo necesitan.
Las personas detrás de las decisiones
Esta discusión tiene dos caras humanas, y ambas merecen respeto. Por un lado, los trabajadores y
estudiantes montinos que llevan años enfrentando un sistema de transporte deficiente: esperas largas, frecuencias escasas, viajes a Santiago caros y mal atendidos. Su necesidad es real y lleva demasiado tiempo sin respuesta adecuada.
Por otro lado, detrás de los operadores de transporte privado también hay familias que invirtieron,
asumieron riesgos, generaron empleo y construyeron su sustento bajo determinadas reglas. Reconocer ese esfuerzo no significa justificar deficiencias del servicio. Si faltan frecuencias, cobertura o calidad, corresponde exigir mejoras y fiscalizar. Pero una cosa es corregir un servicio deficiente y otra es desplazarlo sin haberlo intentado primero.
La pregunta que la municipalidad debió responder antes de comprar buses no era «¿cómo ofrecemos transporte gratuito?» sino «¿cómo mejoramos el transporte que necesita esta comunidad?». Son preguntas distintas, y llevan a soluciones distintas. La primera construye dependencia. La segunda construye sistema.
La responsabilidad de la autoridad no se mide únicamente por sus intenciones, sino también por las
consecuencias de sus decisiones. Y una medida no se vuelve acertada por ser popular, ni sostenible
porque sus usuarios no paguen directamente por ella.
La lección que debemos aprender
Antes de aplaudir una propuesta porque promete algo gratuito, debemos leerla bien y preguntarnos qué hay detrás. ¿Quién paga? ¿Qué otras necesidades podrían quedar postergadas? ¿Qué capacidades de la sociedad pueden debilitarse? ¿Estamos resolviendo un problema o creando una dependencia que mañana exigirá nuevos recursos?
La libertad no consiste solamente en que nadie nos prohíba actuar. También requiere que las personas conserven la capacidad de emprender, elegir, organizarse y construir su propio futuro. Para ello necesitamos un Estado que cumpla sus funciones, garantice reglas justas y ayude a quienes más lo necesitan, pero que no pretenda ocupar todos los espacios de la sociedad.
Gobernar no es ofrecerlo todo. Es crear las condiciones para que las personas puedan salir
adelante, sin convertirlas en dependientes permanentes del poder público.
Porque cuando el Estado promete resolverlo todo, la factura no se paga únicamente con dinero.
También puede pagarse con menos iniciativa, menos autonomía y menos libertad.
