El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto para reducir las atribuciones judiciales y modificar la estructura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, su propuesta de Presupuestos 2027 contempla $16.971.837.000 para el organismo, con un aumento real de 0,7%. La decisión de mantenerlo tiene diferencias con las exigencias de cierre formuladas desde el PNL, sectores de la UDI y Republicanos, además de organizaciones ciudadanas.
El proyecto presentado el 19 de octubre propone eliminar la facultad de interponer nuevas querellas criminales y reemplazarla por una atribución de denuncia ante las autoridades competentes. El INDH conservaría los recursos de amparo y protección y continuaría interviniendo en las querellas presentadas antes de la publicación de la eventual ley. Su consejo pasaría de once a cinco integrantes y se crearía un director ejecutivo seleccionado mediante concurso público. Los cambios todavía requieren aprobación legislativa.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la iniciativa cuestionando la actuación del Instituto durante el estallido de 2019. Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, afirmó que presentó 3.263 querellas, de las cuales solamente 68 habrían tenido “algún destino”, y acusó un abuso de esa atribución. La expresión utilizada por el ministro no especifica cuántas causas terminaron en condenas.
Johannes Kaiser ha sido explícito en rechazar la alternativa de reformar el organismo. En un punto de prensa del PNL sostuvo que la protección de los derechos humanos requiere una Fiscalía políticamente autónoma y un Poder Judicial sin corrupción. También acusó al INDH de funcionar como una especie de “estacionamiento para exmiembros de grupos terroristas” e ironizó con dejar únicamente a quien apague la luz y cierre la puerta.
Entre las trayectorias políticas documentadas dentro del Instituto está la del consejero Osvaldo Torres, quien reconoce haber ingresado al MIR en 1969 en un testimonio publicado por el Archivo Nacional. También tuvo militancia en esa organización Jorge Ortiz, exjefe de Administración y Finanzas del INDH, desvinculado en 2020. Son casos identificados de antigua militancia mirista; no se corroboró en las fuentes revisadas una nómina equivalente de exfrentistas con cargos actuales.
La posición del PNL también se ha traducido en exigencias presupuestarias. La subjefa de bancada, Paulina Muñoz, pidió desfinanciar completamente el Instituto y cuestionó sus querellas contra uniformados. Gloria Naveillán solicitó eliminar o reducir significativamente sus recursos. El secretario general, Juan Antonio Urzúa, llevó esas objeciones a la reunión con Kast en Cerro Castillo, donde además reclamó financiamiento suficiente para la identificación de restos en el Servicio Médico Legal.
La exigencia de cierre supera al partido de Kaiser. El 29 de septiembre, los diputados de la bancada UDI Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao anunciaron una indicación para dejar en apenas $1.000 el presupuesto del INDH durante 2027. Su objetivo declarado era forzar el cese de su funcionamiento mientras no avanzara una modificación de su gobernanza. Se trata de una propuesta anunciada, no de una rebaja aprobada.
La bancada republicana también planteó el cierre definitivo, aunque en una declaración condicionada a la actuación del Instituto. El 13 de agosto, durante la Operación Cancerbero, advirtió que insistiría en solicitarlo si el INDH destinaba recursos públicos a defender a los internos trasladados. El pronunciamiento fue difundido por el diputado Benjamín Moreno.
Fuera del Congreso, la agrupación Fuerza del Sur, presidida por Francy Antiñirre, impulsó una campaña para reunir 20.000 firmas por la eliminación del organismo. Su plataforma, Fin del INDH, solicita promover un proyecto que derogue la normativa que lo creó. En una entrevista publicada en agosto, Antiñirre descartó una simple reestructuración y defendió su cierre total.
El propio Kast había respaldado esa alternativa durante la campaña presidencial. Según recogió BioBio Chile, acusó al Instituto de perseguir y hostigar a Carabineros y sostuvo que debía cerrarse. Ya en el Gobierno, el camino escogido ha sido presentar una reforma que mantiene su existencia.
El proyecto presupuestario confirma esa continuidad. Dipres compara la propuesta de casi $17 mil millones con una base de 2026 equivalente a $16.855 millones expresados en pesos de 2027: un incremento de $116,8 millones reales. Por separado, el informe financiero de la reforma estima un ahorro cercano a $3.721 millones anuales una vez implementada; ese monto no equivale a un recorte ya incorporado en la asignación propuesta para el próximo año.
El Congreso tendrá así dos discusiones relacionadas: qué atribuciones conservaría el INDH y cuánto dinero recibiría en 2027. Hasta ahora, las propuestas del Ejecutivo mantienen tanto la institución como su financiamiento.
