El Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. Los antecedentes publicados por Interferencia corresponden a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación. Las reducciones fueron autorizadas mediante decretos administrativos y han provocado cuestionamientos sobre su fundamento y la protección de las víctimas.
En los últimos cinco años se concedieron 332 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores. De ellas, 276 se otorgaron durante los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric y 56 entre marzo y septiembre de la actual administración.
Durante los últimos meses el gobierno de José Antonio Kast se ha negado a revisar los indultos a carabineros condenados por hechos ocurridos durante la insurrección del 18-O o los indultos humanitarios solicitados por los militares condenados por su participación en hechos ocurridos entre 1973-1990 que hoy cumplen condena con edades que superan los 90 años, enfermos, seniles y en condiciones deplorables.
El ministro Fernando Rabat confirmó los beneficios y sostuvo que la cartera aplicó criterios establecidos previamente por la Corte Suprema. Según la explicación entregada por Justicia, la exclusión introducida en febrero de 2022 para determinados delitos sexuales contra menores no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigencia. El ministerio aseguró que los casos aprobados cumplen los requisitos y corresponden a delitos cometidos antes de esa fecha.
Las reducciones se enmarcan en la Ley 19.856, que contempla beneficios asociados a la evaluación del comportamiento de los condenados. La Ley 21.421, publicada el 9 de febrero de 2022, modificó ese régimen para excluir determinados delitos sexuales contra menores e incorporó una disposición transitoria sobre evaluaciones anteriores a su publicación. La controversia actual se concentra en la aplicación temporal de esas restricciones.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Gobierno concedió las rebajas sin exigir que cada beneficiario obtuviera previamente una sentencia favorable. Rabat explicó que el ministerio recogió la doctrina de fallos anteriores. El exministro Jaime Gajardo sostuvo que durante su gestión se rechazaban estas solicitudes y se cumplían las resoluciones judiciales cuando los condenados recurrían y obtenían un resultado favorable.
La decisión administrativa exige explicar cómo se verificaron las condiciones de cada beneficio y qué antecedentes respaldaron su concesión. Invocar jurisprudencia no reemplaza la revisión individual de los expedientes ni permite dar por acreditadas las exigencias aplicables a todos los solicitantes.
La Defensoría de la Niñez manifestó su rechazo y anunció que pedirá los antecedentes considerados para modificar el criterio de la cartera. El organismo reclamó atención a los derechos de las víctimas y recordó que la legislación ha avanzado en restringir beneficios para responsables de violencia sexual contra menores.
Los antecedentes conocidos este jueves también ampliaron el período bajo revisión. Según cifras publicadas por Emol, durante los últimos cinco años se concedieron 332 rebajas de condena de este tipo, 276 de ellas durante la administración de Gabriel Boric y 56 bajo el actual Gobierno. Esos totales no establecen por sí solos que los procedimientos utilizados fueran idénticos. El PC anunció que solicitará una sesión especial, después de haber planteado inicialmente una eventual interpelación a Rabat.
Por su parte, Renovación Nacional presentó una reforma constitucional impulsada por Ximena Ossandón. La propuesta busca que estos beneficios se resuelvan conforme a la legislación vigente al momento de otorgarlos e incluye una disposición para dejar sin efecto determinadas rebajas administrativas recientes. Se trata de una iniciativa en tramitación, cuyo alcance deberá discutirse en el Congreso. Mientras, Johannes Kaiser sostuvo que corresponde cumplir la ley vigente, aunque favorezca a condenados por delitos graves. Defendió endurecer la legislación y planteó discutir la pena de muerte para determinados delitos y calificó de “inconstitucional” la propuesta de RN para impedir las rebajas, argumentando que vulneraría la irretroactividad penal.
La fiscalización debe abarcar las decisiones de ambas administraciones y precisar sus diferencias. Corresponde conocer cuánto se redujo cada condena, qué evaluaciones sustentaron el beneficio y qué medidas de protección se consideraron para las víctimas, resguardando su identidad. La gravedad de estos delitos exige una explicación documentada del ministerio y un examen riguroso del cumplimiento efectivo de las penas.
