La Municipalidad de Las Condes conocía desde junio el riesgo de aluviones en San Carlos de Apoquindo, según un documento interno al que accedió Reportajes Teletrece. El informe, presentado el 24 de junio ante el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), advertía que los incendios forestales ocurridos a comienzos de 2026 habían reducido la cobertura vegetal de la precordillera y aumentado la exposición de las zonas habitadas a flujos de barro, rocas y sedimentos.
La presentación advertía que la recuperación de los terrenos sería lenta y estimaba un período crítico de entre uno y tres años. La pérdida de vegetación disminuye la capacidad del suelo para absorber el agua, mientras las pendientes facilitan el desplazamiento de material hacia las quebradas cuando se registran precipitaciones intensas.
“Después de un incendio el principal riesgo no es el fuego, es el agua”, señalaba el documento municipal. La advertencia apuntaba a una amenaza conocida que requería medidas de mitigación antes de que se produjeran nuevas lluvias.
El incendio había afectado 1.012 hectáreas en el sector cordillerano de San Carlos de Apoquindo. Pese a los antecedentes técnicos, las obras destinadas a contener los flujos no estaban operativas cuando ocurrió el aluvión del 8 de octubre.
Barreras por $754 millones aún sin instalar
El plan de mitigación contemplaba la instalación de cinco mallas dinámicas en las subcuencas más críticas, mediante un proyecto de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en coordinación con el municipio. La inversión prevista alcanzaba los $754 millones, financiados por el ministerio.
Las barreras están diseñadas para retener progresivamente rocas, barro y escombros, permitiendo el paso del agua y reduciendo la energía del flujo antes de que llegue a sectores urbanos. El proyecto también contemplaba la limpieza permanente de las quebradas Honda y Apoquindo.
El 7 de agosto, la alcaldesa Catalina San Martín firmó un convenio con el Club Deportivo Universidad Católica para avanzar en la instalación de las estructuras en terrenos del club. En esa oportunidad, la edil sostuvo que no se podía esperar ante las precipitaciones previstas.
Sin embargo, después del aluvión, San Martín informó que las mallas estaban confeccionadas y habían llegado a Chile, pero que las lluvias habían debilitado el terreno e impedido el ingreso de la maquinaria necesaria para instalarlas.
Consultado por la fecha de ejecución, el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, reconoció que las barreras debieron instalarse antes, aunque señaló que estos fenómenos son difíciles de anticipar con precisión. La declaración vuelve a poner el foco en los plazos de ejecución de las obras frente a un riesgo que había sido identificado meses antes.
Dos licitaciones para limpiar las quebradas
Los antecedentes revisados por Reportajes Teletrece también muestran demoras en los procedimientos municipales destinados a retirar sedimentos, residuos y vegetación acumulada en cauces del sector.
En diciembre de 2025, el municipio inició una licitación para intervenir las quebradas San Francisco de Asís y Honda, además del cauce Francisco Bulnes Correa. El 3 de febrero de 2026, el proceso fue revocado para ajustar y complementar los requerimientos técnicos.
Cinco meses después se abrió una nueva licitación, esta vez por $500 millones. El procedimiento recibió diez ofertas y cerró el 24 de agosto, pero la adjudicación quedó programada para el 23 de octubre, dos semanas después del aluvión.
Por lo tanto, cuando se produjo la emergencia, el contrato para ejecutar esas labores todavía no había sido adjudicado. La secuencia administrativa deberá ser examinada para establecer qué trabajos preventivos se realizaron, cuáles seguían pendientes y si existían alternativas para acelerar las intervenciones.
La alcaldesa sostuvo, además, que las quebradas y la precordillera no son de propiedad municipal, apuntando a la participación de otros organismos, entre ellos el MOP y la Gobernación Metropolitana. La distribución de competencias entre las instituciones será un antecedente relevante para determinar quién debía ejecutar, financiar y supervisar cada medida.
Fiscalía investigará eventuales responsabilidades
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrió una investigación para esclarecer el origen del aluvión y determinar si existen responsabilidades penales. Las diligencias quedaron a cargo de equipos especializados del OS9 y Labocar de Carabineros, bajo la dirección del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará.
A los antecedentes municipales se suman observaciones de Sernageomin, que en febrero había identificado flujos de detritos en distintas quebradas del sector, entre ellas La Honda, Grande, Los Almendros y Apoquindo.
La investigación deberá establecer las causas precisas del desastre, las medidas que correspondía adoptar a cada organismo y la eventual incidencia de las obras pendientes en los daños registrados. La existencia de advertencias previas no demuestra por sí sola una responsabilidad penal, pero obliga a esclarecer qué decisiones se tomaron después de que el riesgo fue identificado.
Los informes técnicos, las licitaciones y el estado de ejecución de las barreras permitirán reconstruir la respuesta institucional frente a una amenaza que, según los propios antecedentes municipales, podía prolongarse durante varios años.
