Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales españolas al 29 de noviembre, poniendo fin a una legislatura que debía extenderse hasta 2027. La decisión se produjo inmediatamente después de que el Congreso rechazara dos decretos de vivienda impulsados por su Gobierno y en un momento en que el Ejecutivo ya no dispone de una mayoría parlamentaria estable.
El movimiento de Sánchez deja ver un cálculo político que es su único salvavidas para seguir en la Moncloa. Adelantar las elecciones mientras la discusión por la crisis de Ceuta, la inmigración y las fronteras, ha sido desplazada por el tema de la vivienda, aprovechando la ola de indignación en las calles provocada a partir de las protestas organizadas por el Sindicato de Inquilinas.
De esta manera se muestra frente al electorado con la intención de solucionar la crisis de vivienda con los dos decretos aprobados por el Comité de Ministros, los que fueron derogados por el Congreso de los Diputados este pasado viernes con votos de algunos de sus socios de investidura, dejando expuesta la fragilidad de la actual fórmula de gobierno. Junts, el partido independentista catalán que fue decisivo para la investidura de Sánchez en 2023, terminó votando junto al PP y Vox contra los decretos de vivienda.
Sánchez no ocultó el encuadre que pretende darle a la elección. En su declaración desde La Moncloa sostuvo que los españoles deberán decidir qué futuro quieren para el país y pidió una mayoría parlamentaria “mucho más amplia” para continuar su proyecto. También contrapuso su continuidad con la denominada “ola ultraderechista”.
La decisión de Sánchez evitará prolongar una legislatura en la que cada votación se ha convertido en una negociación con partidos cuyos intereses son difíciles de compatibilizar con los del PSOE y que le impiden gobernar con el programa que quisiera imponer el Gobierno.
La derrota de los decretos de vivienda demostró que el programa político de Pedro Sánchez es diametralmente dispar al de sus socios, con prioridades contrapuestas y soluciones que profundizan aún más la crisis de vivienda, pero para sus seguidores, aparecen como soluciones mágicas al problema de los altos precios, derivados de la contracción de la oferta de inmuebles.
La disolución de las Cortes y el llamado a elecciones generales “coincide” con la fuerte presencia que ha adquirido la vivienda en la agenda pública después de las movilizaciones provocadas por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y cuando hoy mismo, después del anuncio de adelanto de elecciones generales para el 29 de Noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una huelga General por la vivienda en un momento en el que la izquierda busca movilizar a sus votantes y dejar fuera del primer plano los temas más incómodo para La Moncloa como la invasión a Ceuta.
Junto con ello, la disolución del Congreso deja en funcionamiento una institución transitoria, un órgano reducido que vela por sus poderes en el tiempo en que éstas estén disueltas, las Cortes Permanentes. El Gobierno podría aprobar nuevamente los mismos decretos de vivienda derogados por el Congreso de los Diputados el viernes y en lugar de enviarlos al pleno de la Cámara de Diputados, los envía a la Diputación Permanente, el que se compone de sólo 69 diputados y en el que Junts deja de ser decisivo en la votación.
Otro cálculo que ha hecho Pedro Sánchez es respecto a las medidas cautelares del Tribunal Supremo del 9 de septiembre respecto de la suspensión del derecho a voto de los recién nacionalizados por la “Ley de Nietos” o “Ley de Memoria Democrática” que entregaba la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. En el proceso se observaron indicios de diversas irregularidades, incluso de que se estaban nacionalizando personas fallecidas. Al 1 de agosto, ya se habían nacionalizado 370.000 personas y estaban pendientes de inscripción en el registro civil 230.000 más. Otras 640 mil solicitudes estaban pendientes de resolución.
La ley electoral española indica que “Para cada elección el Censo Electoral vigente será cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria” y por lo tanto en las próximas elecciones generales del 29-N se votaría con el censo electoral de 1 de Agosto, en el que aún la cautelar del Alto Tribunal no existía. Los partidos de derecha, Vox y Iustitia Europa han solicitado a TS que determine de manera inmediata a quienes afecta la medida cautelar y que se declare que la suspensión del derecho a voto de los recién nacionalizados es aplicable a las elecciones del 29 de noviembre
Después de la invasión a Ceuta el 30 y 31 de julio recién pasado, el 3 de septiembre, ante el Congreso, el presidente reconoció que la respuesta de las administraciones públicas a la crisis no ha sido suficiente, descolgándose de la responsabilidad que le cabe, mientras sigue tratando el problema como crisis migratoria y se niega a tratar la entrada de más de 80.000 marroquíes como una invasión y elemento de guerra híbrida, a pesar e las reivindicaciones que altos personeros del gobierno marroquí han declarado respecto a Ceuta y Melilla.
Ya desplazada la crisis fronteriza del lugar central que ha tenido durante estos últimos 2 meses, el tema de la vivienda es un asunto en el que el Gobierno considera que tiene mayor control y capacidad para movilizar a su electorado.
La propia prensa internacional ha descrito el adelanto como una apuesta de Sánchez por aprovechar el impulso generado por las protestas por la vivienda y desplazar el debate desde otros asuntos que han debilitado al Ejecutivo.
Así, Pedro Sánchez lleva la discusión directamente a las urnas antes de que la pérdida de apoyos parlamentarios se traduzca en nuevas derrotas legislativasy antes de perder aún más apoyo popular por los innumerables escándalos de corrupción, el pusilánime manejo de la invasión a Ceuta y la crisis económica y de inflación, la que a Octubre de 2026 es una de las más altas de toda la UE.
La campaña oficial comenzará el 13 de noviembre y los españoles acudirán a las urnas el 29 de noviembre.
