El caso de María del Carmen Abascal, Maricarmen, comenzó como un conflicto particular en torno al alquiler de la vivienda en la que llevaba décadas viviendo y la han convertido en el principal símbolo de la crisis habitacional española. Tras su desalojo, organizaciones de inquilinos instalaron una acampada en la Puerta del Sol, que este miércoles cumple su cuarta noche y continúa creciendo. El Sindicato de Inquilinas, que organiza la protesta, grupo cercano a los movimientos sociales del 15M que dieron origen al Podemos de Pablo Iglesias, y posteriormente a SUMAR, hoy parte del Gobierno de Pedro Sánchez, exige nuevas restricciones al mercado del alquiler, mayor protección frente a los desalojos de viviendas y contratos de mayor duración.
La respuesta política llegó rápidamente. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó esta semana dos reales decretos-ley de vivienda y el propio Ejecutivo ha vinculado públicamente las medidas con el caso Maricarmen. El primer decreto extiende hasta 2030 determinadas protecciones frente a los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, regula los alquileres de temporada y por habitaciones, establece prórrogas extraordinarias de contratos y limita durante dos años determinadas adquisiciones de viviendas por parte de fondos de inversión. El segundo incorpora contratos indefinidos y mecanismos de renovación automática de contratos, imposibilitando a los propietarios de recuperar sus inmuebles una vez arrendados.
La dimensión política de esta respuesta adquiere mayor relevancia al observar el balance de los años anteriores. Desde la llegada de Sánchez al Gobierno se han producido 272.417 desalojos judiciales, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial utilizadas en los cálculos publicados esta semana. El número incluye procedimientos por distintas causas y no equivale a 272.000 personas vulnerables desalojadas, pero sí constituye un antecedente difícil de separar del discurso con el que el Ejecutivo presenta ahora el caso Maricarmen como expresión de una emergencia habitacional.
La nueva regulación vuelve a colocar el costo de esa emergencia sobre quienes ya tienen una vivienda disponible. El propietario que arrienda queda sujeto a mayores restricciones sobre la duración del contrato, las condiciones para recuperar el inmueble y, en determinados casos, la posibilidad de vender o adquirir determinadas propiedades a través de sociedades de inversión. Las operaciones de los denominados “fondos buitre” son uno de los objetivos explícitos del decreto, pese a que las restricciones alcanzan a un universo de operaciones inmobiliarias definido legalmente y no exclusivamente a fondos considerados especulativos. Llaman “Fondo Buitre” y criminalizan a cualquier inversionista que haga negocio con las viviendas, sea un pequeño o mediano propietario, o cualquiera
El efecto sobre la oferta constituye el punto central de las críticas de especialistas inmobiliarios. España necesita aumentar el número de viviendas disponibles, pero al mismo tiempo el Gobierno introduce nuevas obligaciones sobre las viviendas que ya están en el mercado. Si el propietario enfrenta más restricciones para fijar condiciones, recuperar su inmueble o poner término a un contrato, aumenta el riesgo asociado al alquiler. Si se limita el precio del alquiler, disminuye la rentabilidad, lo que hace que las inversiones se vayan a otros mercados menos regulados y más rentables. Parte de los propietarios puede responder retirando viviendas del mercado, vendiéndolas o destinándolas a otros usos. Esa reacción disminuye la oferta y profundiza la presión sobre los precios. El periódico digital The Objetive titula el día de hoy que pequeños propietarios, cansados de la estigmatización y de los decretos que los ahogan, venderían los inmuebles con los que complementan su rentas ordinarias o jubilaciones “”Nos están asfixiando y estigmatizando». María considera que las reglas han cambiado «a mitad de partido» y critica la sucesión de medidas aprobadas en los últimos años. «Decretazos uno tras otro que nos impiden seguir», lamenta. «O vendemos o dejamos los pisos cerrados»”.
El problema no se resuelve rápidamente mediante nueva legislación porque la construcción de vivienda requiere suelo, planificación urbanística, permisos, financiación e infraestructura. Los procesos administrativos y urbanísticos en España son altamente lentos y burocráticos y pueden prolongarse durante años o hasta más de una década antes de que un proyecto se transforme en viviendas disponibles. Mientras tanto, la demanda continúa creciendo. El Banco de España ha señalado que el crecimiento demográfico y el aumento de la población extranjera se encuentran entre los factores que han elevado la presión sobre el mercado del alquiler, especialmente en las zonas urbanas donde la oferta tiene menor capacidad de respuesta.
La política de vivienda del Gobierno se desarrolla así, sobre un mercado en el que faltan viviendas, mientras se incrementan las obligaciones para quienes las poseen. A ello se suma el tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad y de la ocupación ilegal, que durante años han generado una fuerte controversia entre propietarios y administraciones. En caso de ocupación, el propietario debe continuar pagando hipoteca, gastos comunes y por regla general, incluso las cuentas de servicios básicos de los usurpadores, aunque, en determinados casos de ocupación sin título, el Tribunal Supremo ha reconocido que el propietario puede cortar los suministros sin que ello constituya delito de coacciones. La regla general sigue siendo que los conflictos relacionados con la recuperación de una vivienda deben resolverse dentro de los procedimientos jurídicos correspondientes en que el usurpador, considerado vulnerable, es protegido constitucionalmente por el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución española de 1978, por consiguiente, con cargo al propietario de la vivienda ocupada.
El resultado es una progresiva ampliación de las obligaciones que recaen sobre el propietario privado mientras la oferta de vivienda continúa siendo insuficiente. La Administración puede suspender un desalojo, imponer condiciones a determinados contratos o restringir determinadas operaciones inmobiliarias, pero ninguna de esas medidas agrega por sí misma una vivienda al mercado. La construcción requiere inversión y seguridad jurídica, dos variables especialmente sensibles cuando el Estado modifica reiteradamente las condiciones bajo las cuales se puede arrendar o disponer de una propiedad y con cada modificación, debilita aún más el derecho de propiedad.
En este contexto se produjo la movilización de Sol. El caso Maricarmen concentró la atención de los medios, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, cuyos personeros son cercanos a los movimientos sociales del 15-M, convirtió la protesta en una movilización nacional y el Gobierno aprobó rápidamente las medidas que los manifestantes reclamaban. La acampada, lejos de desaparecer después de la aprobación de los decretos, continúa en la Puerta del Sol por cuarto día consecutivo y sus organizadores han anunciado nuevas movilizaciones.
La secuencia coincide con un desplazamiento significativo de la agenda española. Durante buena parte de agosto y septiembre, la atención política estuvo marcada por la crisis provocada por la invasión a Ceuta por más de 80.000 marroquíes durante los días 30 y 31 de julio en una ciudad de 83.000 habitantes.
Dos meses después, las consecuencias de aquella entrada continúan. Más de 10.000 personas permanecían en Ceuta al cierre de septiembre, los delitos han aumentado un 60% en sólo 60 días, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en tratar a la invasión como una crisis migratoria y no como un acto de guerra híbrida y estudia procedimientos especiales para acelerar las solicitudes de asilo y de organizar asentamientos en diferentes puntos de Ceuta.
En agosto, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicó los denominados derechos históricos y geográficos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y planteó abordar el futuro de ambos territorios.
La presión marroquí sobre España no se reduce a las reivindicaciones formales sobre Ceuta y Melilla. En Canarias y Andalucía se han producido advertencias políticas y estratégicas sobre una eventual ampliación de esa presión, vinculada tanto a las reclamaciones territoriales como al uso de la presión migratoria.
En esta sucesión de acontecimientos el caso Maricarmen adquirió una dimensión política mayor. Una historia individual pasó a ocupar el centro de la agenda nacional, fue seguida por una movilización juvenil de varios días y terminó vinculada directamente con la aprobación de nuevas restricciones al mercado de la vivienda. Durante el mismo período, la crisis de Ceuta, la permanencia de miles de personas en la ciudad y las nuevas reivindicaciones territoriales marroquíes quedaron desplazadas de las primeras posiciones de la discusión pública.
No es necesario establecer una coordinación entre el Gobierno y los organizadores de la acampada para constatar ese efecto. La vivienda pasó a dominar la agenda y proporcionó al Ejecutivo el escenario político para presentar nuevas medidas regulatorias, y mejorar su popularidad de frente a las elecciones de 2027 entre quienes apoyan este tipo de medidas antimercado. Mientras, una crisis fronteriza y una presión geopolítica de parte de Marruecos, que lejos de resolverse, presiona cada vez más a España, Europa y su integridad territorial fue desplazada de la agenda de forma hábil, hortera y oportunista
La cuestión de fondo deja de ser únicamente qué ocurrió con Maricarmen y pasa a ser qué efectos tendrá la respuesta del Gobierno sobre los millones de propietarios e inquilinos que deberán desenvolverse bajo las nuevas reglas, mientras Ceuta continúa enfrentando las consecuencias de la invasión de julio y Marruecos mantiene abiertas sus reivindicaciones territoriales.
