Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa – Gobierno de España
La investigación judicial por la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a fines de julio abrió un nuevo capítulo en España, luego de que la Audiencia Nacional citara a declarar como testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
La jueza María Tardón fijó la comparecencia de Vivas para el próximo 30 de septiembre y la de Sanz para el 1 de octubre, jornada en la que también deberá declarar el jefe de la Policía Local de Ceuta, según informó Europa Press. La magistrada busca reconstruir qué información manejaron las autoridades antes de la crisis y cómo circularon las alertas entre organismos policiales, militares y administrativos.
Como parte de las diligencias, Tardón solicitó a distintos organismos que remitan las alertas y análisis de riesgo emitidos antes de los hechos, incluyendo quiénes fueron sus destinatarios, mediante qué canales se enviaron y en qué fecha y horario fueron comunicados.
La investigación adquirió especial relevancia después de que el Gobierno español hiciera públicos el pasado 9 de septiembre 40 informes, alertas y comunicaciones oficiales generados durante julio. El repositorio de La Moncloa incluye documentos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas Armadas.
Entre esas comunicaciones figura un intercambio de WhatsApp del 29 de julio entre un agente del CNI y el gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta. A las 13:52 de ese día, Inteligencia informó sobre convocatorias en redes sociales para intentar ingresar al territorio español por la valla y por mar al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. También indicó que dos grupos vinculados a las convocatorias acumulaban alrededor de 180.000 seguidores. Horas más tarde quedó registrada una llamada de 11 minutos entre ambas partes.
El mismo día, el CNI trasladó una advertencia semejante a una unidad de la Guardia Civil y posteriormente mantuvo una llamada de más de siete minutos con uno de sus integrantes, de acuerdo con los documentos publicados por el Ejecutivo español.
La contradicción dentro de la Delegación del Gobierno
El punto central que ahora deberá esclarecer la investigación es qué ocurrió con esa información una vez recibida por la Delegación.
Gonzalo Sanz, quien entonces ejercía como jefe de gabinete, presentó su dimisión el 11 de septiembre asegurando que sí trasladó al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, las advertencias recibidas del CNI el propio 29 de julio.
La versión contradice lo sostenido públicamente por Pérez Triano. La Delegación del Gobierno afirmó que el delegado no había tenido conocimiento antes del 30 de julio ni del mensaje de WhatsApp ni de la llamada mantenida por su jefe de gabinete, según consignó RTVE.
Sanz justificó su salida precisamente por la incompatibilidad entre ambas versiones. Pese a ello, señaló que su decisión no respondía a una disputa personal con Pérez Triano y destacó el trabajo realizado desde la Delegación durante la emergencia.
La citación judicial permitirá ahora que el exjefe de gabinete entregue su versión directamente ante la Audiencia Nacional.
Fiscalía respalda investigar eventuales omisiones
A este escenario se sumó la posición de la Fiscalía de Ceuta, que considera que la Audiencia Nacional debe investigar la eventual responsabilidad del delegado del Gobierno.
En un escrito conocido esta semana, la Fiscalía sostuvo que corresponde determinar si decisiones u omisiones de Pérez Triano pudieron tener incidencia en el desarrollo de los acontecimientos, incluyendo posibles omisiones relevantes en materias de prevención, protección o auxilio, según informó RTVE.
La posición del Ministerio Público no supone que se haya establecido responsabilidad alguna del delegado. Se trata de una solicitud para que su actuación sea incorporada a la investigación y se determine judicialmente qué información recibió y qué decisiones adoptó ante ella.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló este miércoles que el Ejecutivo es partidario de que se investiguen todos los antecedentes necesarios tras conocerse las nuevas citaciones.
En paralelo, The Objective afirmó este jueves, basándose en dirigentes socialistas cuya identidad no revela, que existe inquietud dentro de sectores del PSOE por las consecuencias que pueda tener la declaración de Sanz. La afirmación corresponde a fuentes anónimas citadas por ese medio y no ha sido confirmada públicamente por la dirección socialista.
Las comparecencias previstas para finales de septiembre y comienzos de octubre serán, por tanto, relevantes para establecer cómo circularon las alertas previas a la crisis de Ceuta y si la información disponible llegó oportunamente a quienes tenían responsabilidades de decisión.
