Imagen referencial de un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) en Rengo. Foto: Benjaminpvera / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
La muerte de 16 personas en el incendio que destruyó el hogar El Edén, en Pitrufquén, abrió una discusión que va mucho más allá de lo ocurrido en esa residencia de La Araucanía.
El Ministerio de Salud tiene identificados cerca de 500 establecimientos para personas mayores que funcionan sin autorización sanitaria, mientras el Gobierno reconoce que podrían existir otros recintos que todavía no han sido detectados por las autoridades.
La cifra fue dada a conocer por la ministra de Salud, May Chomali, durante la presentación de un nuevo plan elaborado junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia después de la tragedia. Según consignó La Tercera, el catastro se ha construido principalmente a partir de información obtenida por centros de atención primaria que concurren a estos lugares para vacunar a sus residentes.
El Gobierno anunció ahora que hará pública la información sobre los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que sí cuentan con resolución sanitaria, con el objetivo de que las familias puedan verificar si una residencia cumple con las exigencias legales antes de confiarle el cuidado de una persona mayor.
La medida responde a una de las principales interrogantes que dejó el caso de Pitrufquén: cómo puede una familia saber si el establecimiento al que entrega el cuidado de un padre, una madre o un abuelo está efectivamente autorizado para funcionar.
Un hogar sin autorización y con denuncias previas
El incendio comenzó durante la noche del viernes 11 de septiembre en el hogar El Edén, ubicado en el sector rural de Comuy, en Pitrufquén.
En el establecimiento se encontraban 26 residentes. Diez consiguieron ser evacuados, mientras 16 personas murieron producto de la emergencia. Las causas del incendio y las eventuales responsabilidades continúan siendo investigadas.
El recinto no contaba con autorización sanitaria para funcionar y existían antecedentes previos de fiscalizaciones y denuncias por irregularidades.
De acuerdo con BioBioChile, el municipio de Pitrufquén y funcionarios del sistema de salud local habían realizado advertencias sobre el funcionamiento del establecimiento. Además, durante la noche de la tragedia había una sola cuidadora para los 26 residentes, quien posteriormente se confirmó que no contaba con formación sanitaria certificada.
Estos antecedentes forman parte de la investigación, pero no permiten establecer por sí solos que hayan causado las muertes. La Fiscalía deberá determinar el origen del incendio y las responsabilidades que eventualmente correspondan.
Los diez sobrevivientes fueron posteriormente trasladados con familiares, a otras residencias o a centros asistenciales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que coordinó su reubicación junto al municipio, SENAMA y servicios de salud de La Araucanía.
Cerca de 500 recintos sin permiso y un sistema que deberá ampliar sus cupos
Tras la tragedia, el Gobierno anunció que las nuevas fiscalizaciones no se concentrarán únicamente en los establecimientos autorizados.
Salud revisará también residencias que actualmente funcionan sin resolución sanitaria, poniendo especial atención en sus condiciones para enfrentar incendios y otras emergencias. Paralelamente, se analizarán mecanismos de acompañamiento que permitan a algunos de estos recintos avanzar hacia su formalización.
La estrategia incluirá además la búsqueda de alternativas diferenciadas según el grado de dependencia de las personas mayores. El Ejecutivo pretende avanzar en modelos menos restrictivos para personas autovalentes, reforzar los cuidados domiciliarios y aumentar la disponibilidad de residencias para quienes presentan dependencia moderada o severa.
Otra de las opciones planteadas es identificar infraestructura pública actualmente en desuso que pueda ser entregada a fundaciones para habilitar nuevos espacios de cuidado.
El problema que enfrenta el Estado no consiste solamente en fiscalizar o cerrar establecimientos irregulares: también debe existir una alternativa donde trasladar a quienes actualmente viven en ellos.
En Chile residen más de 3,6 millones de personas mayores de 60 años, y cerca de 800 mil presentan algún grado de dependencia funcional, según cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Socil y Familia.
La responsabilidad de autorizar y fiscalizar los ELEAM corresponde a las respectivas Seremis de Salud, no a SENAMA. El propio Servicio Nacional del Adulto Mayor explica que los establecimientos de larga estadía requieren autorización sanitaria para funcionar y que son las autoridades sanitarias regionales las encargadas de supervisarlos.
El incendio de Pitrufquén dejó así una pregunta que ahora alcanza dimensión nacional.
Más allá de determinar qué ocurrió en El Edén, el catastro de cerca de 500 establecimientos sin autorización muestra que el desafío será identificar dónde están funcionando estos hogares, comprobar en qué condiciones viven sus residentes y, al mismo tiempo, construir suficientes alternativas formales de cuidado para una población chilena que envejece cada vez más.
