Imagen generada con Inteligencia Artificial. El Carrerino 2026.
La cifra fue excepcional incluso para un fenómeno criminal que durante los últimos años comenzó a adquirir características desconocidas en Chile: $500 millones en efectivo a cambio de liberar a dos personas secuestradas.
El caso se conoció públicamente en abril de 2025, después de que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) ejecutaran una veintena de allanamientos en distintas comunas de la Región Metropolitana.
La investigación permitió detener a 11 personas y vincular a la organización con al menos dos secuestros extorsivos. El más grave había ocurrido el 7 de enero de ese año, cuando fueron privadas de libertad la pareja y la hija de un hombre que se encontraba cumpliendo condena. Para conseguir su liberación, desde su entorno debieron reunir aproximadamente $500 millones.
Un año y medio después, el caso adquiere otra dimensión. El último reporte de la Fiscalía Nacional muestra que, aunque el número general de secuestros comenzó a retroceder respecto de sus máximos recientes, la extorsión se mantiene como una de las principales motivaciones detrás de este delito y las cifras continúan considerablemente por encima de los niveles que Chile registraba antes de 2021.
Un rescate que llegó a los $500 millones
El operativo de abril de 2025 se desplegó en comunas como Quilicura, La Pintana y Puente Alto.
Según los antecedentes entregados entonces por Fiscalía, la banda era investigada por dos secuestros. Uno había ocurrido durante 2024 en La Pintana y otro correspondía al rapto de las dos mujeres en Quilicura durante enero de 2025. En los procedimientos se incautaron armas, municiones, drogas y vehículos.
El fiscal coordinador de ECOH, Héctor Barros, describió a la agrupación como parte de una sucesión de estructuras criminales históricamente vinculadas al narcotráfico y a la violencia en la zona sur de Santiago.
La Fiscalía relacionó a sus integrantes con la organización que había encabezado Vladimir Soto, conocido como “Cogote de Toro”. Tras su muerte, otros miembros habrían continuado operando y ampliando sus actividades hacia delitos como el secuestro extorsivo.
Uno de los principales imputados identificados públicamente fue Juan Pablo Díaz Arce, alias “El Aguja”, a quien los investigadores situaron como dirigente de la estructura. T13 informó posteriormente que la banda habría solicitado inicialmente hasta $1.000 millones por las dos víctimas antes de concretarse el pago de $500 millones.
El monto no solo revelaba la capacidad económica de las víctimas seleccionadas. También mostraba cómo el secuestro podía incorporarse como una fuente extraordinariamente rentable dentro de organizaciones que anteriormente concentraban sus actividades en otros mercados ilícitos.
El propio Ministerio Público describe actualmente este fenómeno como parte de las denominadas economías criminales “predatorias”: actividades donde el beneficio no surge de un intercambio de bienes ilegales, sino directamente de la coerción, amenaza o explotación de una víctima.
Una trama que continuó en 2026
La investigación tampoco terminó con las detenciones de abril.
En marzo de este año, Joan Acevedo Cárcamo, hijo de Carlos Acevedo Ramírez —conocido como “Guatón Mutema”—, fue extraditado desde Argentina hacia Chile a solicitud de la justicia nacional.
Fiscalía le atribuye participación en el secuestro de enero de 2025 que terminó con el pago cercano a los $500 millones y solicitó su prisión preventiva durante la formalización. También fue imputado por sustracción de una persona menor de edad debido a que una de las víctimas era adolescente.
Su padre había sido asesinado a balazos en Quilicura pocos días después del operativo de abril de 2025. En ese momento, los investigadores manejaban como una de sus hipótesis que el crimen correspondiera a un ajuste de cuentas entre estructuras rivales, aunque esa vinculación debía todavía ser acreditada dentro de las respectivas investigaciones.
El caso terminó exponiendo un escenario donde narcotráfico, secuestro, extorsión y violencia entre grupos criminales pueden coexistir dentro de una misma trama.
Y los datos más recientes de Fiscalía sugieren que esa combinación no corresponde únicamente a un episodio aislado.
Los secuestros bajan, pero siguen por encima de los niveles previos a 2021
El Reporte N°6 de Fenómenos Criminales: Secuestros, publicado por la Fiscalía Nacional el pasado 4 de septiembre, permite dimensionar cómo evolucionó este delito.
Durante 2025 ingresaron al Ministerio Público 849 denuncias por secuestro, una disminución de 2,2% frente al máximo de 868 alcanzado en 2024.
La baja se hizo más pronunciada durante este año. Entre enero y junio de 2026 ingresaron 394 casos, frente a 478 registrados en igual período de 2025: una disminución de 17,6%.
Sin embargo, Fiscalía advierte que no puede leerse esa caída como un retorno a la situación que existía hace algunos años.
Entre 2014 y 2021, los ingresos anuales fluctuaron entre aproximadamente 360 y 564. El quiebre se produjo entre 2021 y 2022, cuando aumentaron desde 492 hasta 826 casos. Desde entonces, el país ha permanecido sistemáticamente por sobre los 800 ingresos anuales, con excepción del actual 2026, del que todavía solo existen datos del primer semestre.
El Ministerio Público concluye por ello que, pese al descenso reciente, el secuestro continúa representando un problema criminológico de alta relevancia y sus niveles permanecen por encima de los observados antes de 2021.
Más de uno de cada cinco tiene fines extorsivos
La evolución no depende solamente de cuántos secuestros ocurren, sino también de por qué se cometen.
Después de revisar las carpetas investigativas, excluir duplicidades y separar hechos que no correspondían efectivamente a este delito, Fiscalía validó 607 causas para 2025 y 258 para el primer semestre de 2026 para su análisis por tipologías. Posteriormente, al retirar simulaciones, fraudes y autosecuestros para otros apartados del estudio, el universo quedó en 570 secuestros efectivos en 2025 y 244 durante los primeros seis meses de este año.
Dentro de la clasificación por motivaciones, 113 casos de 2025 estuvieron asociados a fines extorsivos, equivalentes a aproximadamente 18,6% del total analizado.
Durante el primer semestre de 2026, esa proporción subió hasta 22,5%.
Es decir, en la clasificación utilizada por el Ministerio Público, más de uno de cada cinco casos tiene actualmente como objetivo exigir dinero u obtener otra ventaja patrimonial a cambio de la víctima.
El secuestro de Quilicura, donde se entregaron $500 millones, constituye una versión extrema de esa lógica.
Pero Fiscalía advierte también otra transformación: los secuestros cometidos entre grupos delictivos o al interior de ellos pasaron de representar 1,1% en 2022 a 4,6% en 2025. El organismo vincula este incremento con rivalidades entre bandas que pueden utilizar la privación de libertad como mecanismo de control económico, territorial, represalia o cobro de deudas.
Crimen organizado y actividad delictiva grupal
El nuevo informe introdujo además una metodología más estricta para determinar cuándo un secuestro puede atribuirse directamente al crimen organizado.
Para ello analiza factores como la participación de múltiples imputados, uso de armas de fuego, utilización de vehículos, agresiones graves contra las víctimas y antecedentes que permitan establecer la pertenencia de los autores a una organización criminal.
Aplicando esos criterios, Fiscalía estima que 19% de los secuestros de 2025 estuvieron directamente vinculados al crimen organizado, mientras otro 21% se produjo en contextos de actividad delictiva grupal o con fines económicos.
Durante el primer semestre de 2026, las proporciones aumentan a 20% y 23%, respectivamente.
La diferencia metodológica es relevante: no significa que todos esos casos correspondan a grandes organizaciones transnacionales. Pero sí muestra que una proporción significativa de los secuestros ocurre actualmente dentro de entornos criminales más complejos que la acción individual de un delincuente.
La propia Fiscalía señala que estas modalidades pueden exigir planificación, varios participantes, vehículos, lugares para mantener ocultas a las víctimas, vigilancia y capacidad para sostener negociaciones durante horas o días.
Santiago continúa concentrando los casos
La Región Metropolitana sigue siendo el principal foco territorial.
Durante 2025 concentró 37,8% de los secuestros validados del país, proporción que aumentó hasta 39,5% durante el primer semestre de 2026. En números absolutos, hubo 230 casos durante 2025 y otros 102 en los primeros seis meses de este año.
Al georreferenciar específicamente los secuestros relacionados con crimen organizado, el Ministerio Público encontró concentraciones en la zona central de Santiago, sectores cercanos al barrio Franklin y algunos puntos del poniente.
También aparecen áreas de la zona norte de la capital, particularmente en Independencia, Recoleta y Huechuraba.
Se trata de un mapa coherente con la creciente especialización que ha llevado a Fiscalía a convertir los secuestros en uno de los delitos prioritarios de los equipos ECOH.
Un delito que cambió de escala
Los datos recientes entregan dos señales que deben observarse al mismo tiempo.
La primera es positiva: las denuncias por secuestro están descendiendo después de alcanzar su máximo en 2024, y durante el primer semestre de este año la reducción fue significativa.
La segunda muestra por qué el fenómeno continúa siendo prioritario para las instituciones encargadas de la seguridad: Chile todavía registra niveles considerablemente mayores que antes de 2021 y determinadas modalidades asociadas a la extorsión, disputas criminales y organizaciones delictivas han adquirido una presencia que históricamente era menos habitual.
El secuestro de la pareja y la hija de un hombre encarcelado por el que llegaron a entregarse $500 millones permite observar ese cambio en su expresión más extrema.
No se trataba solamente de retener a dos víctimas. Según los antecedentes de Fiscalía, detrás existía una estructura con integrantes vinculados a históricas organizaciones narcotraficantes, capacidad para mantener personas cautivas, negociar un rescate de cientos de millones de pesos y operar posteriormente esos recursos dentro de una economía criminal más amplia.
Hoy los secuestros comienzan a retroceder en cantidad. El desafío para el Estado será determinar si esa caída consigue consolidarse y, sobre todo, impedir que la extorsión y la privación de libertad terminen instalándose como herramientas permanentes de financiamiento, coerción y disputa dentro del crimen organizado chileno.
