El Partido Nacional Libertario valoró la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar a Chile de las negociaciones de la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional impulsada por Naciones Unidas.
La determinación del Ejecutivo responde, según informó Cancillería, a las “incertidumbres considerables” que presenta el actual texto del acuerdo respecto de su alcance y funcionamiento, y que podrían limitar la soberanía de Chile en materia tributaria.
La decisión fue especialmente destacada por los libertarios. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, advirtió sobre los riesgos de vincular la política tributaria con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“Vincular la política tributaria con obligaciones internacionales de DD.HH. abre la puerta a que mañana una rebaja de impuestos pueda ser cuestionada no como una decisión económica, sino como un supuesto incumplimiento internacional”.
Kaiser fue enfático en defender la autonomía del país en esta materia: “Las decisiones tributarias de Chile deben tomarse en Chile”.
En tanto, el secretario general de los libertarios, Juan Antonio Urzúa, calificó la determinación como una señal positiva, aunque planteó que espera que esta postura se mantenga como una regla en la política exterior del país.
“Esta es una buena señal, pero esperamos que no sea una excepción”.
Urzúa agregó que “Chile puede cooperar con el mundo sin tercerizar decisiones que corresponden a sus propias instituciones”, y sostuvo que “defender el interés nacional debe volver a ser la regla de nuestra política exterior”.
La Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional de Naciones Unidas comenzó su proceso de elaboración en 2025 y contempla finalizar sus negociaciones en 2027. Entre sus objetivos está desarrollar mecanismos de colaboración tributaria entre los Estados miembros.
Sin embargo, el Gobierno optó por retirar a Chile del proceso, argumentando que cualquier compromiso internacional en esta materia debe ser compatible con el marco constitucional, la política fiscal y los acuerdos vigentes del país.
La decisión fue recibida positivamente por el Partido Nacional Libertario, que destacó la determinación del Ejecutivo como una señal de defensa de la soberanía nacional y de la autonomía de Chile para tomar sus propias decisiones tributarias.
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