Los resultados publicados esta semana muestran una brecha considerable entre Chile y el promedio de la OCDE.
En Matemáticas, Chile obtuvo 403 puntos, frente a los 463 puntos promedio de la OCDE. En Lectura, alcanzó 436 puntos contra 461, mientras que en Ciencias obtuvo 442 frente a 482. En las tres áreas, por tanto, Chile se encuentra por debajo del promedio de los países miembros de la organización.
Matemáticas concentra el resultado más preocupante. El país registra su peor desempeño histórico en esta prueba, superando negativamente el anterior mínimo de 411 puntos obtenido en 2006.
Solo el 41% de los estudiantes chilenos alcanza el nivel básico de competencia matemática, mientras en la OCDE lo consigue el 65%. En Ciencias, la diferencia también es significativa: 63% en Chile frente a 74% en la OCDE. En Lectura, 62% de los estudiantes chilenos alcanza el nivel básico, frente al 69% del promedio OCDE.
La distancia aparece también en el extremo superior de la distribución. Apenas el 2,6% de los estudiantes chilenos alcanza niveles de desempeño 5 o 6 en al menos una de las tres materias, mientras el promedio de la OCDE llega al 11,9%.
No se trata solamente de que Chile tenga un grupo importante de estudiantes con dificultades. El sistema también está produciendo una proporción considerablemente menor de alumnos con desempeños avanzados.
Una década de reformas y una promesa pendiente
Los resultados deben analizarse en el contexto de las reformas implementadas durante la última década.
La transformación comenzó con un cambio profundo en la relación entre el Estado, las familias y los establecimientos educacionales. La Ley de Inclusión Escolar modificó el régimen de los colegios particulares subvencionados, eliminó progresivamente el financiamiento compartido, estableció nuevas reglas de admisión y restringió mecanismos de selección.
El objetivo declarado era reducir la segregación y avanzar hacia un sistema con mayor igualdad de acceso.
Posteriormente, la Ley 21.040 inició la desmunicipalización de la educación pública y creó los Servicios Locales de Educación Pública. El Estado asumió directamente la administración de establecimientos que antes dependían de los municipios.
El conjunto de estas reformas aumentó la regulación estatal sobre la educación financiada con recursos públicos y redujo los espacios de decisión de sostenedores y familias.
El argumento que acompañó el proceso fue que un mayor rol del Estado permitiría garantizar mejores condiciones y avanzar hacia una educación pública gratuita y de calidad.
Los resultados de PISA 2025 no permiten dar por cumplida esa segunda parte de la promesa.
Chile también retrocede
La comparación internacional no es el único problema.
Respecto de 2022, Chile perdió nueve puntos en Matemáticas y doce en Lectura. En Ciencias la caída fue de un punto.
Es cierto que el retroceso no es exclusivamente chileno. La OCDE también registró una caída entre 2022 y 2025: nueve puntos en Matemáticas, catorce en Lectura y tres en Ciencias. Chile, de hecho, cayó menos que el promedio de la organización en Matemáticas y Lectura.
Ese contexto no elimina la diferencia de desempeño. Los promedios finales siguen siendo 403 frente a 463 en Matemáticas, 436 frente a 461 en Lectura y 442 frente a 482 en Ciencias.
La comparación permite ubicar el problema: Chile no está únicamente enfrentando una dificultad coyuntural posterior a la pandemia. El sistema mantiene una distancia significativa respecto del desempeño promedio de los países de la OCDE.
En Lectura, además, existe una tendencia de largo plazo. Chile pasó de 459 puntos en 2015 a 436 en 2025.
El costo de ampliar el Estado
La discusión no se limita a los resultados académicos.
Las reformas aumentaron el número de instituciones y procedimientos que intervienen en la administración del sistema. La desmunicipalización creó una estructura de 70 Servicios Locales de Educación Pública, con equipos administrativos y directivos propios, encargados de asumir progresivamente establecimientos que antes estaban bajo administración municipal.
Los SLEP no explican la caída de PISA. El problema de los SLEP es otro: el costo de una estructura estatal que no demuestra resultados educativos equivalentes a la magnitud de la transformación administrativa que significó su creación.
El Estado asumió nuevas funciones, creó nuevas estructuras y concentró mayores atribuciones. La evidencia disponible no muestra, hasta ahora, una mejora de los aprendizajes que permita vincular esa expansión institucional con un mejor desempeño educativo.
El particular subvencionado quedó con menos espacio
La otra dimensión de la reforma fue la reducción del margen de acción de los colegios particulares subvencionados.
Estos establecimientos reciben financiamiento estatal y forman una parte relevante de la oferta educacional chilena. La reforma modificó sus fuentes de financiamiento, sus mecanismos de admisión y las posibilidades de selección de estudiantes.
La eliminación del financiamiento compartido redujo la capacidad de los establecimientos para complementar la subvención estatal mediante aportes de las familias. Las nuevas reglas de admisión trasladaron decisiones que antes correspondían a los establecimientos hacia un sistema centralizado.
El resultado fue un sistema con menos autonomía para los colegios particulares subvencionados y mayor regulación estatal.
La discusión sobre si esas medidas redujeron o aumentaron la segregación requiere indicadores específicos y no puede resolverse únicamente a partir de PISA. Pero existe un dato que sí puede ser evaluado directamente: la ampliación de la intervención estatal no ha producido los niveles de aprendizaje que se utilizaron para justificar la transformación del sistema.
Los SLEP y el giro incompleto del Gobierno
En este escenario, el Gobierno de José Antonio Kast intentó modificar el calendario de implementación de los SLEP y propuso extender hasta 2040 el plazo máximo para completar el proceso.
La propuesta encontró resistencia en el Senado. El Ejecutivo finalmente presentó una indicación para mantener el plazo original de 2030, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación.
El Gobierno llegó al poder con la promesa de introducir cambios respecto de parte de la arquitectura heredada. En educación, incluso una modificación relativamente limitada como retrasar el calendario de una reforma en ejecución terminó siendo descartada.
El resultado es que una estructura creada por una reforma anterior seguirá avanzando hacia su implementación completa, mientras los resultados educativos vuelven a mostrar una distancia considerable respecto de los países de referencia.
Reformar después de los resultados
PISA 2025 deja varios datos que deberían pesar en la discusión sobre la política educacional chilena.
59% de los estudiantes no alcanza el nivel básico en Matemáticas.
Chile obtiene 403 puntos, frente a 463 de la OCDE.
En Lectura, la brecha es de 25 puntos.
En Ciencias, de 40 puntos.
Solo 2,6% alcanza niveles sobresalientes en al menos una de las tres áreas, frente al 11,9% de la OCDE.
Estos resultados no pueden atribuirse a los SLEP ni a una sola ley. Son el resultado acumulado de múltiples factores: condiciones socioeconómicas, calidad docente, gestión escolar, asistencia, convivencia, currículum, formación de profesores y políticas implementadas durante años.
Precisamente por eso, la respuesta no puede reducirse a mantener o acelerar una reforma administrativa.
La discusión pendiente es más amplia: qué parte de las reformas implementadas durante la última década debe mantenerse, cuál debe modificarse y qué espacio debe recuperar la autonomía de los establecimientos y de las familias.
La experiencia reciente entrega además un dato político: el Gobierno que pretendía introducir cambios en la estructura heredada no consiguió siquiera modificar el calendario de los SLEP. Mientras tanto, los resultados de aprendizaje permanecen lejos de los niveles de la OCDE.
La promesa de una educación gratuita puede medirse principalmente por su cobertura y financiamiento. La promesa de una educación de calidad se enfrenta a otro tipo de evidencia.
En PISA 2025, esa evidencia sigue siendo desfavorable para Chile.
