La soberanía de un país no consiste únicamente en defender sus fronteras. También significa que sus ciudadanos, a través de sus instituciones democráticas, conserven la capacidad de decidir sus propias reglas y determinar el rumbo de su nación.
Entre esas decisiones existe una que resulta particularmente sensible: quién fija los impuestos, cuánto se recauda, a quiénes se grava y qué política económica quiere desarrollar un país.
Por eso resulta preocupante el alcance que está adquiriendo la Comisión para el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación. Lo que podría presentarse como un acuerdo destinado simplemente a mejorar la cooperación contra la evasión y el fraude tributario contiene elementos bastante más profundos: el borrador incorpora la relación entre política tributaria y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, contempla mecanismos de supervisión sobre las medidas adoptadas por los Estados y establece la obligación de avanzar en la armonización de acuerdos tributarios existentes. Además, el borrador prohíbe formular reservas al futuro instrumento.
Cuando los impuestos dejan de ser una decisión nacional
Aquí aparece el aspecto más delicado —y menos discutido— de esta negociación.
Vincular el sistema tributario con los derechos humanos puede parecer, a primera vista, una declaración políticamente difícil de cuestionar. ¿Quién podría estar en contra de financiar salud, educación o protección social?
El problema está en la consecuencia institucional de esa lógica.
Si los impuestos pasan a ser considerados un instrumento necesario para garantizar derechos humanos y las políticas fiscales quedan vinculadas a obligaciones internacionales en esa materia, una decisión tributaria deja de ser exclusivamente una decisión económica, política y democrática del país que la adopta.
Una rebaja de impuestos podría dejar de ser simplemente una opción legítima de política económica —destinada, por ejemplo, a estimular la inversión, aumentar el empleo o mejorar la competitividad— para comenzar a ser cuestionada como un eventual “retroceso” en materia de derechos.
Eso no es una discusión académica. Especialistas consultados sobre el proceso ya han advertido precisamente ese riesgo: que futuras rebajas tributarias puedan ser cuestionadas bajo la lógica de los derechos humanos o que determinadas decisiones fiscales sean consideradas competencia tributaria perjudicial por otros Estados.
Y ahí aparece una pregunta que Chile debería hacerse antes de seguir avanzando: ¿queremos que la estructura tributaria del país sea determinada por el debate político de los chilenos o que quede progresivamente condicionada por estándares internacionales definidos en una instancia multilateral?
La sofisticada vía hacia una gobernanza tributaria internacional
El problema no está en la cooperación internacional. Los países pueden y deben coordinarse para perseguir la evasión, combatir el fraude y evitar que las fronteras sean utilizadas para ocultar recursos.
El problema comienza cuando la cooperación se transforma en gobernanza.
La diferencia no es menor.
Cooperar significa que los Estados soberanos acuerdan mecanismos para enfrentar problemas comunes, conservando la capacidad de decidir sus propias políticas. Gobernar, en cambio, supone establecer estándares, mecanismos de supervisión y compromisos que terminan condicionando las decisiones internas.
Y eso es precisamente lo que hace especialmente delicado el borrador actualmente en negociación.
El propio texto reconoce el derecho soberano de los Estados a decidir sus políticas y prácticas tributarias. Pero, simultáneamente, establece obligaciones comunes, mecanismos de supervisión y revisión, compromisos de armonización de acuerdos tributarios y una prohibición de formular reservas. El propio oficio presentado por la bancada del PNL identifica esta contradicción y advierte que el reconocimiento formal de la soberanía tributaria podría quedar debilitado por las obligaciones sustantivas que acompañan al instrumento.
Es difícil no preguntarse entonces si estamos frente a una verdadera protección de la soberanía o frente a una fórmula jurídica que la reconoce en el papel mientras la limita en la práctica.
El costo puede ser económico
Las consecuencias para Chile no serían solamente institucionales.
Chile, un país lejano de los centros económicos mundiales y con una población más bien pequeña, compite con otros países para atraer inversión, generar empleo y desarrollar nuevas industrias. Una de las herramientas que tiene cualquier Estado para hacerlo es precisamente su política tributaria.
Un país puede decidir reducir impuestos para atraer capital, estimular determinadas inversiones, favorecer a las pequeñas empresas o mejorar las condiciones para competir internacionalmente.
Pero si esas decisiones comienzan a quedar sujetas a estándares internacionales sobre lo que constituye una tributación “adecuada”, una práctica “nociva” o incluso un supuesto retroceso en derechos humanos, el margen de maniobra de los gobiernos futuros se reduce.
Y la soberanía tributaria pierde sentido si un gobierno puede ser elegido con un programa de reducción de impuestos, pero después encuentra que las decisiones necesarias para cumplir ese mandato están condicionadas por compromisos asumidos previamente en organismos internacionales.
Eso afecta directamente la competencia entre países.
En un mundo donde las naciones compiten por inversiones, empresas, talento y capital, renunciar anticipadamente a la posibilidad de modificar la carga tributaria puede significar entregar una herramienta fundamental para mejorar la posición económica de Chile.
Kast tiene que responder
Aquí aparece la responsabilidad política del Gobierno de José Antonio Kast.
El 17 de agosto, cuando la discusión todavía estaba abierta, trascendió que La Moneda evaluaba retirar a Chile de las negociaciones debido a las dudas existentes sobre el alcance del borrador y sus posibles efectos sobre la soberanía tributaria. Desde Cancillería se reconoció entonces que el texto presentaba “incertidumbres considerables” que podían limitar la soberanía fiscal y que debían ser compatibles con el marco constitucional y la política fiscal chilena.
Sin embargo, el 28 de agosto pasó el plazo para formular observaciones y Chile no formalizó su retiro del proceso.
Eso resulta difícil de conciliar con un Gobierno que llegó a La Moneda reivindicando la soberanía nacional, la libertad económica y el derecho de los chilenos a decidir su propio futuro.
Por eso la bancada del Partido Nacional Libertario decidió llevar la discusión al Congreso.
El 3 de septiembre, los diputados Pier Karlezi Hazleby, Hans Marowski Cuevas, Erich Grohs Marín, Cristóbal Urruticoechea Ríos, Paulina Muñoz Minte y Gloria Naveillan Arriagada oficiaron al canciller Francisco Pérez Mackenna para conocer el estado de las negociaciones y solicitar información sobre la participación de Chile. Pero fueron más allá: pidieron expresamente evaluar el término inmediato de la participación de Chile en el proceso negociador.
El oficio también solicita conocer las instrucciones entregadas a la delegación chilena, la posición que ha sostenido el país y si el Ejecutivo ha decidido continuar participando en las negociaciones.
Una reforma antiliberal
Lo que está en discusión, entonces, no es simplemente un nuevo convenio tributario.
Es una determinada concepción sobre quién debe tener la última palabra respecto del futuro económico de una nación.
Desde una perspectiva liberal, el principio debiera ser evidente: las personas eligen a sus gobernantes y esos gobernantes reciben un mandato para administrar el país conforme a las reglas aprobadas por sus instituciones democráticas. Si esas reglas deben cambiar, corresponde que sean los ciudadanos, el Congreso y los gobiernos elegidos quienes conduzcan ese debate.
No funcionarios internacionales.
No organismos supranacionales.
No burocracias alejadas del electorado chileno.
La idea de transformar los impuestos en una cuestión vinculada a obligaciones internacionales de derechos humanos puede terminar convirtiendo una herramienta propia de la política económica nacional en un ámbito progresivamente sometido a escrutinio y condicionamiento externo.
Y eso representa, en esencia, una reforma profundamente antiliberal.
Porque limita la competencia entre modelos económicos. Reduce el margen de decisión de los gobiernos. Condiciona a las administraciones futuras. Y, sobre todo, desplaza el centro de la decisión desde el ciudadano hacia estructuras internacionales que no reciben su mandato directamente de los chilenos.
Chile tiene derecho a cooperar con el mundo.
Chile tiene derecho a combatir la evasión.
Chile tiene derecho a participar en acuerdos internacionales.
Pero también tiene un derecho mucho más fundamental: decidir por sí mismo qué sistema tributario quiere, qué modelo económico quiere promover y qué futuro quiere construir.
La soberanía no consiste en encerrarse en las fronteras. Consiste en conservar la capacidad de decidir.
Y si el Gobierno de José Antonio Kast realmente cree en la libertad, en la soberanía y en el derecho de los chilenos a determinar su propio destino, deberá explicar por qué Chile continúa sentado en una mesa donde precisamente esas facultades podrían quedar progresivamente condicionadas.
El mundo puede cooperar.
Los Estados pueden coordinarse.
Pero el futuro de Chile no puede quedar delegado en manos de quienes no fueron elegidos por los chilenos.
