Pantallazo.
La escena se repite cada septiembre en Santiago. Bajo la denominación de “romería”, sectores vinculados al Partido Comunista, Frente Amplio y organizaciones de izquierda recorren las calles capitalinas hasta el Cementerio General, en una convocatoria que año tras año termina acompañada de barricadas, encapuchados, ataques a Carabineros, daños a la propiedad privada y alteraciones del funcionamiento de la ciudad.
La movilización comenzó en las inmediaciones de Metro Los Héroes y avanzó por el centro de Santiago hasta el Cementerio General. En distintos puntos del recorrido, grupos de encapuchados protagonizaron enfrentamientos con Carabineros y atacaron a funcionarios policiales con piedras, pirotecnia y bombas molotov.
El balance preliminar llegó a 29 detenidos, mientras Carabineros debió desplegar cerca de 1.500 funcionarios para enfrentar los incidentes asociados a la jornada.
Cinco décadas después del pronunciamiento militar de 1973, la escena vuelve a ser la misma: una convocatoria política que termina convertida en un problema de seguridad pública.
Barricadas, molotov y ataques a Carabineros
Uno de los principales focos de violencia se concentró en las inmediaciones del Cementerio General y avenida Recoleta.
Alrededor de 50 encapuchados levantaron barricadas y lanzaron piedras, fuegos artificiales y bombas molotov contra funcionarios policiales, tanto desde avenida Recoleta como desde sectores interiores del cementerio.
La situación obligó a Carabineros a utilizar carros lanza aguas y lanza gases para dispersar a los grupos violentos.
El despliegue de 1.500 funcionarios policiales da cuenta de la magnitud del operativo necesario para enfrentar una jornada que, lejos de limitarse a una actividad política, terminó generando graves alteraciones en distintos sectores de Santiago.
Los enfrentamientos también alcanzaron el sector de Recoleta con Cerro Blanco.
Y no es la primera vez. La violencia se ha convertido en una característica recurrente de estas convocatorias de septiembre, al punto de que cada año la atención termina concentrándose en los incidentes y no en las actividades que supuestamente justifican la movilización.
El comercio y la propiedad privada nuevamente en la mira
La violencia también tuvo como objetivo a quienes nada tienen que ver con la disputa política.
En calle San Antonio, encapuchados portando palos y fierros intentaron atacar los frontis de distintos establecimientos comerciales, provocando daños durante el recorrido.
El ataque contra el comercio no es un elemento secundario.
La destrucción de locales, infraestructura y bienes privados fue también una de las imágenes más características de la violencia que acompañó al 18 de octubre de 2019. Entonces, como ahora, comerciantes y trabajadores terminaron pagando las consecuencias de acciones protagonizadas por grupos que utilizan las movilizaciones políticas como escenario para destruir propiedad ajena.
El patrón resulta difícil de ignorar: la propiedad privada vuelve a convertirse en blanco de la violencia política callejera.
Los costos recaen finalmente sobre quienes trabajan y emprenden. El comerciante que debe reparar su local, el trabajador que no puede desplazarse, el empresario que pierde una jornada y los vecinos que ven interrumpida su vida cotidiana no forman parte de ninguna disputa histórica. Chile simplemente paga la cuenta en un momento en en que miles de familias sufren los efectos de la crisis económica.
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29 detenidos
El balance más reciente elevó a 29 las personas detenidas durante los incidentes asociados a la jornada.
Una parte de los aprehendidos mantenía requerimientos judiciales pendientes, mientras otros fueron detenidos por delitos flagrantes cometidos durante los disturbios.
El antecedente vuelve a mostrar que estas jornadas no sólo generan violencia callejera, sino que también concentran a personas que mantienen cuentas pendientes con la justicia.
Santiago nuevamente paga la cuenta
La violencia también afectó directamente el funcionamiento de la capital.
Las estaciones de Metro La Moneda, Patronato, Cerro Blanco y Cementerios debieron permanecer cerradas durante distintos momentos de la jornada debido a los incidentes registrados en sus alrededores.
El tránsito también fue interrumpido en sectores de avenida Recoleta.
Miles de personas que transitaban por Santiago debieron nuevamente enfrentar cortes, desvíos y dificultades para desplazarse por la ciudad.
Mientras tanto, se debió desplegar un contingente de 1.500 carabineros que fueron destinados a controlar una jornada que volvió a terminar en violencia, con un costo que no es solamente policial. También es económico y social.
Lo pagan los trabajadores que llegan tarde a sus empleos, los comerciantes que deben cerrar sus locales, los emprendedores que pierden ventas y los usuarios del transporte público que simplemente intentan llegar a sus destinos.
Una vez más, Santiago y sus habitantes pagan la cuenta del uso político del gobierno de Pinochet
La memoria selectiva de la izquierda
La izquierda ha convertido la memoria, la verdad y la justicia en uno de sus principales ejes políticos. Cada septiembre, el discurso vuelve a poner en el centro a los detenidos desaparecidos y la necesidad de esclarecer su destino.
Sin embargo, cuando se presenta una iniciativa concreta para avanzar precisamente en esa tarea, el respaldo deja de ser transversal.
El exdiputado Johannes Kaiser presentó en septiembre de 2024 el proyecto de ley boletín 17.095-17, destinado a modificar la Ley 20.065 para encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa avanzó en la Cámara de Diputados. Y el 4 de marzo de 2026, el artículo único del proyecto fue aprobado por 58 votos contra 40 y dos abstenciones.
Entre quienes votaron en contra aparecen parlamentarios de la izquierda que participan activamente del discurso y de las actividades de memoria asociadas a estas fechas, entre ellos Karol Cariola, Daniel Manouchehri, Claudia Mix, Camila Musante, Luis Cuello, Gonzalo Winter, Gael Yeomans, Emilia Nuyado y Hernán Palma.
Mientras en septiembre se levantan consignas de memoria y verdad, en marzo representantes del mismo sector político rechazaron el proyecto que busca avanzar en la identificación de restos humanos bajo custodia del Estado.
Porque si el objetivo es realmente conocer el destino de los detenidos desaparecidos, resulta difícil justificar que una iniciativa orientada a utilizar las herramientas del Estado y la ciencia forense para identificar restos humanos encuentre resistencia precisamente entre quienes han hecho de esta causa una de sus principales banderas políticas.
Verdad, ciencia y resultados
Las familias de los detenidos desaparecidos necesitan respuestas concretas, más que romerías y violencia injustificada. Para poder poner fin al duelo de quienes tuvieron alguna pérdida durante el gobierno militar se necesita saber qué ocurrió con sus familiares, dónde están sus restos y cuál fue su destino.
La identificación genética y las pericias del Servicio Médico Legal constituyen herramientas fundamentales para avanzar en esa tarea.
Por eso, el debate no debería estar condicionado por quién presenta una iniciativa ni por la posición política de sus autores.
Si existen restos humanos bajo custodia del Estado susceptibles de ser identificados, deben ser periciados. Si existen técnicas científicas capaces de entregar respuestas, deben utilizarse. Y si existen familias que llevan décadas esperando saber qué ocurrió con sus seres queridos, el Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para entregarles una respuesta.
La izquierda reduce a una foto anual el dolor de la pérdida de sus familiares, mientras no permite el avance en la identificación de los restos óseos, entre los cuales se podría encontrar a algún familiar dado por desaparecido. La memoria no puede quedar reducida a una escenografía anual.
Y mientras las calles vuelven a llenarse de violencia encapuchados, barricadas, bombas molotov, ataques a Carabineros, daños a locales comerciales y una ciudad obligada a alterar su funcionamiento. todo vestido de consignas sobre memoria, permanece pendiente una tarea bastante más concreta: identificar los restos humanos que todavía esperan una respuesta científica del Estado.
Porque la verdadera memoria no se mide por la cantidad de pancartas que se levantan cada septiembre, sino por la voluntad efectiva de encontrar a quienes todavía faltan.
