Imagen generada con Inteligencia Artificial. El Carrerino 2026.
La Operación Imperio Ámsterdam comenzó poniendo el foco sobre los cultivos, la distribución de cannabis y el movimiento de dinero de una organización que, según la Fiscalía Regional de Aysén, habría utilizado una estructura vinculada al uso medicinal de marihuana como fachada para cometer delitos de tráfico y lavado de activos. Dos semanas después del operativo, la investigación comenzó a abrir otra discusión: qué ocurría antes de que los pacientes llegaran a los dispensarios y cómo obtenían las recetas que respaldaban el supuesto tratamiento terapéutico.
El Carrerino informó inicialmente sobre los allanamientos realizados en nueve regiones y posteriormente sobre nuevos audios, movimientos de dinero y menciones a parlamentarios que aparecieron en conversaciones de terceros. Ahora, antecedentes del expediente conocidos por La Tercera muestran que recetas emitidas por al menos 15 médicos también forman parte de la carpeta investigativa.
Recetas que entraron al expediente
Según el reportaje publicado este domingo, agentes encubiertos del OS-7 de Carabineros se hicieron pasar por pacientes para conocer cómo operaba el sistema. En uno de los casos, un funcionario llegó hasta una sucursal del Dispensario Nacional sin contar previamente con una receta médica y fue derivado hacia uno de los centros enlazados desde la página de la propia organización.
Tras una gestión realizada por un administrador del dispensario, consiguió una atención médica cerca de diez minutos después y pagó $30 mil. En otra diligencia, un agente relató dolores de espalda y un consumo previo de cannabis antes de recibir una prescripción luego de una conversación por WhatsApp que se extendió por aproximadamente 13 minutos.
La tesis que aparece en el expediente sostiene que algunas de esas atenciones habrían sido demasiado breves y con controles insuficientes para determinar una necesidad médica real. Entre los diagnósticos consignados figuran estrés, lumbago crónico y trastornos del sueño.
Pero la existencia de esas recetas no significa que los médicos que las emitieron formen parte de la organización que investiga la Fiscalía. De acuerdo con La Tercera, los 15 profesionales mencionados se encuentran habilitados para ejercer y hasta ahora no existen médicos ni representantes de esos centros formalizados o imputados en esta arista. El Ministerio Público tampoco ha descartado que posteriormente puedan adoptarse decisiones respecto de otras personas.
La diferencia resulta relevante: una receta considerada cuestionable por los investigadores no permite, por sí sola, establecer que el profesional haya participado en los delitos atribuidos a los miembros del Dispensario Nacional.
Qué exige realmente la ley
La discusión también expone una particularidad del modelo de cannabis medicinal chileno.
La Ley 20.000 permite justificar el cultivo de cannabis destinado a un tratamiento médico mediante una receta extendida por el médico tratante. Ese documento debe indicar el diagnóstico, tratamiento, duración y forma de administración, que no puede realizarse mediante combustión. La misma legislación sanciona al profesional que prescriba sustancias controladas sin una necesidad médica o terapéutica.
La atención a distancia tampoco constituye una irregularidad por sí misma. La legislación chilena reconoce expresamente la telemedicina y las prestaciones de salud digital, pero exige que se registren en términos equivalentes a una atención presencial y que se utilicen medios adecuados para resguardar la calidad y seguridad de la prestación.
Por eso, la discusión que abre el caso no depende simplemente de si una receta fue entregada mediante una videollamada o una conversación digital. La pregunta que deberá determinar la investigación es si existió una evaluación médica suficiente para justificar el tratamiento prescrito.
Desde Clínica FC,antes FarmaCannabis, su representante Bonie Amaro defendió ante La Tercera el funcionamiento del centro y aseguró que cuentan con formularios, protocolos y mecanismos para derivar a videollamada los casos en que la información proporcionada mediante mensajería resulta insuficiente. También negó cualquier coordinación comercial con el Dispensario Nacional.
La Fundación Daya, otra de las organizaciones cuyo sitio aparece enlazado desde la página del Dispensario, también negó una vinculación directa. Su director, Nicolás Dormal, cuestionó, sin embargo, las evaluaciones médicas excesivamente breves y sostuvo que una atención especializada debe revisar con mayor profundidad la situación del paciente antes de indicar un tratamiento.
Una discusión que supera la causa judicial
El caso también está poniendo bajo observación un modelo que se extendió durante los últimos años sin que exista en la legislación chilena una figura jurídica específica denominada “dispensario de cannabis”.
Un levantamiento de Colliers publicado por Ex-Ante identificó 56 establecimientos de este tipo en el país, 30 de ellos ubicados en la Región Metropolitana. Se trata de una estimación privada y no de un catastro oficial del Estado.
Muchos funcionan mediante asociaciones o corporaciones de pacientes que utilizan las normas que permiten el cultivo destinado a tratamientos médicos. El problema que ahora busca delimitar la investigación es dónde termina ese modelo comunitario y cuándo una estructura de gran escala puede comenzar a operar, eventualmente, como una forma de comercialización fuera de los márgenes permitidos.
El Dispensario Nacional llegó a reunir cerca de 16 mil socios con recetas asociadas, según los antecedentes contenidos en la investigación. Su defensa ha cuestionado que se responsabilice a la organización por determinar la validez clínica de documentos emitidos por médicos y ha advertido sobre los pacientes que quedaron sin acceso al cannabis que utilizaban luego del cierre de los establecimientos investigados.
La discusión se produce además en medio de posiciones enfrentadas respecto del cannabis medicinal. El exministro de Salud Jaime Mañalich sostuvo esta semana, en entrevista con Ex-Ante, una postura crítica sobre su expansión y cuestionó buena parte de los beneficios terapéuticos que se le atribuyen.
Por ahora, la Operación Imperio Ámsterdam mantiene su foco penal sobre quienes han sido imputados por la Fiscalía y sobre la estructura que, según el organismo persecutor, habría sido utilizada para traficar cannabis bajo una apariencia medicinal. La nueva arista médica incorpora antecedentes sobre las recetas, pero no permite atribuir responsabilidad penal a los profesionales que aparecen en ellas.
Será la investigación la que deberá establecer si algunas prescripciones fueron emitidas sin una necesidad terapéutica suficiente y, en ese caso, si esas prácticas tuvieron alguna relación con los delitos que la Fiscalía intenta acreditar. Hasta entonces, aparecer como emisor de una receta en la carpeta investigativa no convierte a un médico en integrante de la organización ni demuestra la comisión de un delito.
