Foto: Maurice Becker / Wikimedia Commons, bajo licencia CC BY-SA 4.0.
El Servicio Nacional de Migraciones informó que embargó cuentas corrientes de JetSMART debido al no pago de 42 multas por infracciones a la legislación migratoria, cursadas entre 2023 y 2025.
La medida fue ejecutada el miércoles 26 de agosto y comunicada públicamente este viernes. Las sanciones suman $781.422.879, equivalentes a 10.820 Unidades Tributarias Mensuales.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo y publicados por La Tercera, la mayoría de los incumplimientos corresponde al traslado hacia Chile de pasajeros extranjeros que no contaban con la documentación necesaria para ingresar.
En otros casos, la compañía no habría entregado las nóminas de pasajeros exigidas por la autoridad. Las infracciones fueron denunciadas inicialmente por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones.
El embargo transforma una serie de procedimientos administrativos en una medida con consecuencias financieras directas para la compañía. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado cuántas cuentas fueron alcanzadas, qué instituciones bancarias recibieron la orden ni cuánto dinero fue efectivamente retenido.
Tampoco existen antecedentes que indiquen una suspensión de vuelos o alguna alteración en las operaciones de JetSMART.
De las multas al embargo
El Servicio Nacional de Migraciones señaló que cada una de las sanciones fue tramitada mediante el procedimiento correspondiente y que la compañía tuvo la oportunidad de presentar sus descargos.
Según la autoridad, los argumentos entregados por JetSMART no consiguieron desvirtuar los incumplimientos denunciados por la PDI. Las multas posteriormente permanecieron impagas hasta que el organismo consiguió materializar el embargo.
El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que se trata de sanciones que la empresa no pagó “durante largo tiempo” y sostuvo que la justicia respaldó la actuación del Servicio.
No obstante, la información divulgada hasta ahora no identifica el tribunal que intervino, el número de la causa ni las resoluciones judiciales que permitieron ejecutar la medida.
La Ley de Migración y Extranjería prohíbe a las empresas de transporte internacional trasladar hacia Chile a extranjeros que no posean la documentación que los habilite para ingresar.
Su artículo 113 establece multas de entre 10 y 20 UTM por cada pasajero infractor cuando una empresa omite ese control. La compañía puede quedar exenta si demuestra que tomó precauciones adecuadas y que el problema documental escapaba de su ámbito de competencia.
La normativa también obliga a las transportistas a entregar la Información Anticipada de Pasajeros y el Registro de Nombres de Pasajeros, conocidos como API y PNR. No presentar esos antecedentes puede ser sancionado con multas de entre 10 y 50 UTM por cada persona transportada en esas circunstancias.
Por este motivo, no es posible determinar cuántos pasajeros estuvieron involucrados dividiendo las 10.820 UTM entre las 42 multas. La cuantía depende del tipo de infracción, el número de personas comprendidas en cada procedimiento y los criterios utilizados por la autoridad.
El costo económico del control migratorio
Aunque los pasajeros son responsables de informarse y obtener los documentos requeridos para viajar, esa obligación individual no reemplaza el deber legal de las aerolíneas de comprobar que quienes abordan un vuelo con destino a Chile cumplen las condiciones de ingreso.
Migraciones ha reforzado esta exigencia mediante capacitaciones dirigidas a las compañías aéreas. Uno de los asuntos advertidos es que la vigencia del RUN de una persona extranjera no significa necesariamente que su permiso de residencia continúe vigente.
El episodio también expone los costos de cumplimiento que enfrentan las aerolíneas al operar una red internacional. Revisar visas, permisos de residencia y documentos de menores forma parte de los controles previos al embarque, mientras que los errores pueden terminar en multas por cada pasajero y gastos de reconducción.
La medida alcanza además a un actor relevante para la conectividad aérea chilena. La Junta de Aeronáutica Civil observó que, desde comienzos de 2026, JetSMART se posicionó como el segundo operador con mayor participación en los vuelos internacionales del país.
JetSMART no es la única compañía que ha enfrentado sanciones migratorias. Otros operadores, entre ellos Latam, Copa, Aeroregional y American Airlines, también han recibido multas durante los últimos años, según informó 24 Horas.
Hasta el cierre de esta nota no se conocía una declaración pública de JetSMART sobre el embargo, sus efectos financieros o las acciones legales que podría emprender. La ausencia de esa información impide determinar si la compañía pagará la deuda, volverá a impugnar las sanciones o solicitará el levantamiento de la medida.
