FOTO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
A más de dos años del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, la investigación sumará un nuevo capítulo con la llegada a Chile de dos imputados que permanecían detenidos en el extranjero.
Se trata de Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko” y también identificado como Adrián Rafael Gámez Finol, y Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “El Gocho”. Ambos serán trasladados al país luego de completarse sus respectivos procesos de extradición desde Estados Unidos y Colombia.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, se espera que los dos lleguen este viernes. Posteriormente deberán ser entregados a las autoridades y puestos a disposición de la justicia para enfrentar las imputaciones formuladas en su contra.
El traslado de “El Turko” se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad. Funcionarios de la Policía de Investigaciones viajaron a Estados Unidos a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile para concretar su entrega y retorno al país.
La extradición de “El Gocho”, por su parte, fue concedida por la justicia colombiana luego de que Chile solicitara su entrega por los delitos de secuestro con homicidio y asociación ilícita. El imputado había sido detenido en el departamento de Boyacá, a partir de una notificación roja de Interpol.
El abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, calificó la llegada de ambos como un avance relevante para la investigación y destacó la cooperación internacional desarrollada para llevarlos ante los tribunales chilenos.
Los roles atribuidos por la Fiscalía
La investigación del Ministerio Público sitúa a “El Turko” como un presunto líder de Los Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua que operaba en Chile.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Rafael Enrique Gámez Salas también utilizaba la identidad de Adrián Rafael Gámez Finol. Según los antecedentes entregados por Chile durante el procedimiento de extradición, habría supervisado actividades de la organización y participado en la planificación del secuestro y asesinato de Ojeda.
Chile lo requiere por cargos relacionados con asociación criminal, extorsión, disparos injustificados, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio. Estas acusaciones corresponden a diferentes hechos investigados y no exclusivamente al crimen del exmilitar venezolano.
En el caso de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, la solicitud chilena sostiene que habría participado en la etapa destinada a ocultar el cuerpo de Ojeda. El fallo de extradición de la Corte Suprema de Justicia de Colombia recoge la imputación que lo sitúa entre las personas que habrían excavado el lugar donde fue enterrada la víctima, en la toma Santa Marta de Maipú.
Todas estas atribuciones forman parte de la tesis del Ministerio Público y deberán ser discutidas y acreditadas ante los tribunales. Ninguno de los dos imputados ha sido condenado en Chile por estos hechos.
Un caso que cruzó las fronteras
Ronald Ojeda fue secuestrado durante la madrugada del 21 de febrero de 2024 desde su departamento en Independencia. Los responsables ingresaron al inmueble simulando ser funcionarios de la PDI y lo sacaron esposado del edificio.
Su cuerpo fue encontrado el 1 de marzo del mismo año, enterrado bajo una estructura de cemento en la toma Santa Marta, en Maipú. Desde entonces, la investigación ha avanzado con detenciones en Chile y la ubicación de distintos imputados en otros países.
En febrero de 2025, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió la solicitud de extradición presentada contra cuatro personas vinculadas por la Fiscalía con Los Piratas de Aragua. Además de “El Turko” y “El Gocho”, en la lista figuraban Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Bobby”, y Dayonis Junior Orozco Castillo.
Orozco ya fue extraditado desde Colombia y formalizado en Chile. En tanto, los procedimientos contra otros investigados continúan en distintas etapas.
Con la llegada de Gámez y Carrillo, ambos podrán comparecer personalmente ante la justicia chilena. Los tribunales deberán revisar sus detenciones, comunicarles formalmente los hechos atribuidos y resolver las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
Las extradiciones no cierran la investigación ni determinan la responsabilidad de los acusados, pero permiten avanzar en una causa que ha requerido la colaboración de autoridades de varios países y que todavía mantiene diligencias abiertas para ubicar a otros presuntos involucrados.
